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Caso Lava Jato: CCL advierte sobre efecto "irreparable a economía"

elEconomista América - 12:47 - 31/01/2018
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    Cámara de Comercio de Lima

    La Cámara de Comercio de Lima advirtió al Ejecutivo sobre el efecto económico irreparable en perdidas de empleo formales y quiebra de empresas, por prohibir las transferencias de las vinculadas al caso Lava Jato.

    Detalló que hasta la fecha a consecuencia de este decreto se han perdido más de 50.000 puestos de trabajo formales, y se han paralizado obras por un monto superior a los S/ 30.000 millones.

    Por esta razón, el presidente de la CCL, Mario Mongilardi Fuchs, instó al Ejecutivo a modificar el Decreto de Urgencia Nº 003 y solicitar un mecanismo de protección financiera para el Estado.

    El decreto en mención vence el 13 de febrero y paraliza las transferencias de empresas vinculadas al caso Lava Jato para garantizar el pago de la reparación civil.

    El empresario precisó que el resultado de la aplicación del DU N° 003, ha generado que las obras estén paralizada y que las empresas involucradas no puedan pagar a sus proveedores.

    "De no haber cambios drásticos en la normatividad, estas empresas van directo a la quiebra, con lo cual las obras quedarán inconclusas, y el Estado no podrá cobrar las penalidades. Con esta situación todos perdemos", acotó.

    La CCL considera necesario establecer un mecanismo financiero para no paralizar las obras en ejecución y proteger la reparación civil para el Estado por los actos de corrupción generados, producto de las licitaciones y la ejecución de obras que llevan a cabo las empresas constructoras y sus consorciadas.

    El empresario remarcó que "esta propuesta se hace con el único objetivo de coadyuvar a la sostenibilidad económica y cautelar los intereses del Estado en el marco de la Constitución y las leyes".

    Actualmente, quienes tienen que aplicar este Decreto de Urgencia no están cumpliendo con lo establecido, en la medida que los proveedores que deben cobrar por los servicios que brindan a las empresas que están involucradas e investigadas en procesos de corrupción, no están cobrando a tiempo por los bienes o servicios contratados.

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