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Conozca los principales cambios de la nueva Ley de Contrataciones del Estado

- 12:43 - 11/01/2017
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    Entre las principales innovaciones, figuran las responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación (artículo 9).

    Tras la promulgación de la nueva Ley de Contrataciones del Estado por el gobierno, en el marco del Decreto Legislativo 1341, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE puso a disposición de la ciudadanía información al respecto.

    Entre las principales innovaciones, figuran las responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación (artículo 9). Para mayor información descargue el siguiente enlace: goo.gl/mVEE4E

    Asimismo, el artículo 11, referido a los impedimentos para contratar con el Estado de las personas naturales y/o jurídicas en el país o en el extranjero, que tengan sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países.

    El impedimento se extiende a las personas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente (inciso m).

    En tanto que el inciso n establece que las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; (iii) directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio.

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