Politica

Martín Vizcarra y la larga sombra de la corrupción

Nuevos casos contra Martin Vizcarra

El presidente peruano Martín Vizcarra ha visto como la agenda de su gobierno enfocada en la lucha contra el coronavirus se ha alterado con las recientes y graves acusaciones de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Si bien Vizcarra surgió de sorpresa en el escenario político en el 2018 al pasar de vicepresidente a presidente del Perú tras la caída de Pedro Pablo Kuczynski y se ha perfilado como un político hábil que supo encabezar la lucha contra la corrupción, sin embargo, la sospecha de que estuvo involucrado en hechos cuestionables e incluso delictivos cada vez son más reales. A continuación algunos de los casos más sonados del mandatario:

Caso Chinchero

La historia de la construcción del aeropuerto Chinchero del Cusco que vendría a reemplazar al actual se remonta al 2011 cuando se estableció que sería una obra de asociación pública- privada, que vendría a impulsar aún más el turismo en esta región que lugares como Machu Picchu y el Valle Sagrado.

El nuevo aeropuerto permitiría realizar vuelos internacionales directos y se esperaba que al año pudieran llegar 6 millones de turistas, por lo que era una obra de gran importancia para el país.

En el 2014, el gobierno de Ollanta Humala otorgó la concesión para la construcción del aeropuerto al consorcio Kuntur Wasi, tras una oferta de cofinanciamiento de $ 264,7 millones.

Con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el cual Martín Vizcarra fue ministro de Transportes y Comunicaciones se señaló que "era un mal contrato y lesivo para el Estado", por lo que en febrero de 2017 se firmó una adenda en la cual el Estado asumiría directamente el costo de las obras por US$ 265 millones.

El hecho fue sumamente criticado y Vizcarra interpelado por el Congreso, por lo que renunció a ese cargo, asimismo, la firma de la adenda provocó una investigación que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que incluyó a Vizcarra y otros altos funcionarios en este caso.

El caso contra Vizcarra giró en torno a la razón por la cual autorizó a la viceministra de Transportes, Fiorella Molinellia, a firmar la adenda y por el nombramiento de Alfredo Dammert como miembro del grupo de expertos que votó a favor de aprobar la adenda. Los presuntos delitos serían colusión y negociación incompatible en agravio del Estado.

Si bien exfiscal de la Nación Pablo Sanchez archivó la investigación contra Vizcarra, poco antes de asumir como presidente en marzo del 2018, en agosto de 2019 la fiscal Zoila Sueno Chrinos reabrió el caso contra Vizcarra al presuntamente encontrar nuevos elementos que probarían el delito de colusión.

El presidente afirmó desde entonces que se allanaba a las investigaciones. "Si quieren revisar, que [se] revise. No tenemos ningún problema". Desde entonces el proceso de investigación sigue abierto.

Caso Swing

Atrás quedaron los días en que se consideraba que el espectáculo y la política iban por caminos distintos. La mayor muestra es la historia de Richard Cisneros o Richard Swing quien pasó de convertirse en un cantante de poco talento a ser casi el causante de que el presidente perdiera la Presidencia de la República.

Su historia se remonta a cuando un programa de espectáculos denunció que Richard Swing llegó a cobrar S/175 mil 400 ($50 mil) del Ministerio de Cultura desde el 2018 por una serie de charlas motivacionales para el personal de esta institución.

Según las investigaciones, el "Swing"  colaboró animando los distintos mítines de la campaña del entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski y luego cuando Martín Vizcarra llegó a Palacio de Gobierno "recomendó" al cantante para que obtenga un puesto de trabajo en el Ministerio de Cultura.

El escándalo fue de tal magnitud que la fiscalía inició una investigación sobre el caso y llegó directamente hasta las oficinas del despacho presidencial en donde indagó  sobre las reuniones que habrían sostenido "Swing" con el presidente.

Un tema menor y hasta frívolo se convirtió en una de las mayores crisis políticas luego que se filtraron varios audios en donde se escuchó a Vizcarra con su asistente, Karem Roca y  la secretaria de Palacio, Miriam Morales, en lo que parece ser una conversación para ocultar las reuniones que habría sostenido con el cantante.

Las indagaciones fiscales podrían determinar los delitos de colusión o negociación incompatible e involucra a unas diez personas entre funcionarios de Palacio de Gobierno y el Ministerio de Cultura. El caso aún no parece llegar a Vizcarra.

Obrainsa

El caso más contundente y serio contra el presidente fue revelado por el diario El Comercio, que informó la semana pasada que un aspirante a colaborador eficaz reveló al fiscal Germán Juárez que el 2013 la empresa constructora Obrainsa pagó un soborno de 1 millón de soles al entonces gobernador regional de Moquegua para ganar la licitación del proyecto de irrigación Las Lomas.

Vale recordar que Vizcarra gobernó exitosamente esta región del sur del país entre el 2011 - 2014.

Hasta ahora son tres los aspirantes a colaboradores eficaces que han señalado que el exgerente general de Obrainsa, Elard Paul Tejeda, entregó dinero a Vizcarra y que visitó la oficina de la empresa dos veces entre el 2013 y 2015.

Además se han mostrado varios correos electrónicos en los cuales el entonces gobernador regional solicita a la empresa pagar el alquiler de una avioneta para transportar a una delegación boliviana a Ilo en diciembre del 2013.

Las revelaciones han caído como un bomba al gobierno de Vizcarra debido a que los testigos han brindado información documental que corrobora hasta el momento lo que afirmaron así como detalles muy precisos sobre la relación del entonces gobernador regional con Elard Tejeda.

Al desatarse el escándalo el mandatario ha dado varias entrevistas y ha asegurado que sí conoce a la empresa y a Tejeda pero de ninguna manera recibió algún tipo de soborno.

ICCGSA

Sin duda otra denuncia que ensombrece aún más el gobierno de Vizcarra es lo revelado esta semana por el programa Panorama y El Comercio quienes revelaron otro caso similar, esta vez de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) y un sobornó al gobernador Vizcarra para ganar la licitación de la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Según un aspirante a colaborador eficaz, que declaró al fiscal German Juárez Atoche, señaló que el presidente de ICCGSA, Fernando Castilló, pagó 1 300 000 entre 2014 y 2016 a pedido del entonces gobernador regional.

Otro detalle del testimonio es que se entregó un saldo pactado en una reunión coordinada por el entonces ministro de Agricultura, José Hernandez y ahora colaborador eficaz, en agosto del 2016. Según el testimonio,hubo una reunión en casa de Hernandez donde Castillo entregó 200 mil soles a Vizcarra, quien para entonces era ministro de Transportes y Comunicaciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Ante las nuevas revelaciones Vizcarra ha señalado que no está involucrado en ningún caso de corrupción y que más bien es una revancha porque él denunció precisamente el "Club de la Construcción" cuando era ministro.

El denominado Club de la Construcción, es el grupo de empresas que trabajaban con la empresa brasileña Odebrecht y que de acuerdo a la fiscalía formaron un cartel que pagaba sobornos a funcionarios públicos para lograr adjudicarse contratos de obras públicas.

Fiscalía investiga a Vizcarra

Ante los nuevos descubrimientos, el fiscal Germán Juárez abrió una investigación preliminar contra el presidente por los presuntos sobornos de Obrainsa y que serían delitos de cohecho y colusión.

El caso Vizcarra es una complicación también para el Ministerio Público porque recientemente la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos ha ordenado que sea el fiscal Elmer Chirre de la Fiscalía Anticorrupción quien investigue a Vizcarra, lo cual creó un conflicto sobre a quién le corresponde la investigación.

Por otro lado, si bien el equipo de fiscales vienen investigando varios casos de corrupción e incluso a varios miembros de la clase política, hasta el momento no se han iniciado juicios, ni menos sentencias.

Otra vez la vacancia presidencial

Como era de esperarse un problema judicial se terminó convirtiendo en un tema político y un capítulo más en la guerra entre el Gobierno y el Congreso. Sin duda un caso de corrupción tan grave ha sido aprovechado por varios congresistas para pedir nuevamente la vacancia presidencial.

El tema de fondo es que hay una profunda crisis política que se viene arrastrando desde que el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue elegido el 2016.

Como se recuerda el mandatario afrontó dos procesos de vacancia, con el último perdió el poder precisamente por estar siendo investigado por el caso Odebrecht.

Desde entonces, la enemistad entre Ejecutivo y Congreso es abierta y ha sido la causante de la gran inestabilidad política que vive el país.

Así, el Congreso a aprovechado los tantos cuestionamientos contra Vizcarra para llevarlos hasta el final, hace un mes fue "caso Swing", en el cual se inició un proceso de vacancia contra el presidente, en nombre de la lucha contra la corrupción.

Esta semana, nuevamente se presentó una nueva moción de vacancia por parte de la bancada de Unión por el Perú (UPP), alegando igual que las otras tres veces anteriores que había una "incapacidad moral" de parte de Vizcarra para continuar en la Presidencia de la República.

Si bien la Constitución es clara en señalar que el presidente solo puede perder el poder por una "permanente incapacidad moral o física". Sin embargo, el habitual canibalismo político existente en la política peruana ha provocado una interpretación libre de la "incapacidad moral" del presidente el cual es usada como herramienta política.

Aunque las dudas sobre Vizcarra son comprensibles, el ánimo por sacarlo del sillón presidencial no sería por un espíritu anticorrupción real sino porque el presidente del Congreso, Manuel Merino, asuma como nuevo gobernante y postergue las elecciones generales que están programadas para abril.

Tal como lo señaló Vizcarra al defenderse de las acusaciones en su contra afirmó que varios grupos políticos le pidieron explícitamente postergar las elecciones lo que él rechazó y habría un complot que mezcla casos judiciales con intereses políticos.

Como bien recordó el diario El Comercio, el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burgo, opinó el pasado mes de abril que las elecciones deberían postergarse hasta el 2022 debido a la pandemia.

"En algunos casos se está viendo el costo-beneficio. El Congreso pasado aprobó las elecciones primarias por un monto de 750 millones [de soles], luego la [elección] real, serán otros 750 millones [de soles], entonces la cuestión es analizar si dichos montos son necesarios para la salubridad antes que una elección que se puede suspender un año", indicó Burga.

Opinión similar tenía el congresista, Omar Chehade de Alianza Para el Progreso quien también sostuvo el 16 de abril de este año que había que postergar las elecciones debido a la pandemia de covid-19:

"El punto uno en la agenda de la Comisión de Constitución es salvar las elecciones 2021. Si no se puede habría que pensar en una postergación. Y eso no depende del presidente [Vizcarra] ni del Congreso, ni de nadie. Solo depende si salvamos esta guerra sanitaria. (…) Si se posterga [la elección], Vizcarra tiene que quedarse. No le queda otra, tiene que respetar la ley, porque sería a través de una reforma constitucional".

Todavía es muy pronto para saber si la moción de vacancia triunfará en el Congreso, pues si bien, hay un interés de bancadas como UPP de vacar a Vizcarra se necesitarán 87 votos para lograrlo.

Juegan en contra que el Congreso está fragmentado y las propios grupos a su interior tampoco votan unitariamente, como ocurrió con el intento pasado que terminó por fracasar.

Otro tema es que Vizcarra es un presidente popular ante la opinión pública y el Congreso más bien tiene una desaprobación enorme, asi que vacar al presidente es una jugada por lo menos arriesgada donde no habría ganancias políticas.

Como es notorio, a pesar de que el país enfrenta su peor crisis sanitaria, la política sigue su propio rumbo y todo indica que la disputa entre Ejecutivo y Parlamento continuará por varios meses más.

El futuro de Martín Vizcarra

Desde que asumió el poder Vizcarra en marzo del 2018  denunció públicamente la corrupción que reinaba en el país a raíz del caso Odebrecht y esto le garantizó un sólido respaldo popular que ronda el 50%, lo cual es desde entonces su principal fortaleza.

Sin una bancada en el Congreso, ni operadores políticos sólidos, el presidente lo único que lo sostiene es la legitimidad popular.

Sin embargo, el caso Obrainsa e IGGSA son los problemas serios que pueden poner en cuestión su poder en los próximos meses.

Por otro lado, no hay duda que cuando entregue el cargo en julio del 2021 enfrentará varias investigaciones judiciales como los últimos cuatro presidentes que gobernaron el Perú y que terminaron enlodados en casos de corrupción.

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