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Contraloría denuncia recorte de facultades para lucha anticorrupción

Contraloría denuncia recorte de facultades

La Contraloría General de la República denunció que el Tribunal Constitucional haya recortado sus facultades para sancionar administrativamente a funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción.

El Contralor General, Nelson Shack, afirmó que el fallo del Tribunal Constitucional deja sin marco legal a esta Entidad Fiscalizadora Superior, y estaría librando de responsabilidad a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos, a quienes se determinó responsabilidad administrativa y se encuentran en pleno proceso sancionador.

"La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional modifica el ordenamiento jurídico afectando los esfuerzos desplegados por el Sistema Nacional de Control en la identificación y sanción a los malos funcionarios presuntamente responsables de haber incumplido sus funciones y/o afectado los intereses del Estado, y que han sido comprendidos en los informes de control y sobre quienes se venían determinando responsabilidades administrativas con sanciones de suspensión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Con esta decisión los Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) ya no podrán continuar", explicó Shack.

Según la Contraloría las consecuencias serían que se suspenderán los procedimientos en marcha y desestabilizarán los procedimientos administrativos, lo más serio es que las infracciones por las inconductas funcionales atribuidas a los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los informes de control emitidos y los que estén por emitirse, desaparecen.

En resumen, solo se observarán los hechos irregulares, pero no podrán emitirse sanciones administrativas como las imponía la Contraloría.

"Resulta sorprendente que el Tribunal Constitucional, en su sentencia, reconozca que la Contraloría sí tiene facultad sancionadora, sin embargo, elimina las infracciones que motivan la sanción, impidiendo el ejercicio efectivo de dicha facultad. En pocas palabras nos inspira para ser maratonistas, pero nos cortan las piernas para correr", agregó el Contralor.

Por ende, no dudó en afirmar que "esta sentencia constituye un duro golpe en la lucha efectiva contra la corrupción que supone, en primer orden, apartar de la administración pública a los malos funcionarios, sobre quienes ya no se podrá efectivizar la sanción, dejando únicamente que los procesos penales y civiles se mantengan en la vía judicial", refirió.

De esta manera los casos que quedarían sin sanción serían:

- Etapa pre operativa del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco: Se detectó presunta responsabilidad administrativa PAS en 10 funcionarios (MTC, MEF Y OSITRÁN). Las irregularidades en la suscripción de la Adenda N° 1 podrían ocasionar un perjuicio económico de US$ 40.6 millones.

- Tramo 2 del Metro de Lima:

La auditoría de cumplimiento identificó presunta responsabilidad en 13 ex funcionarios de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) quienes habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$ 20 millones.

- Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. (ESLIMP Callao):

En donde se evidenció pagos de servicios de recolección, transporte y disposición final de desmonte que no se brindaron, así como la aprobación, autorización y tramitación de servicios en forma irregular, ocasionando un perjuicio económico de S/ 60 millones; y donde hubo presunta responsabilidad de 11 funcionarios.

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