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Estado Peruano como empresario perdió unos US$ 7.000 millones

Estado Peruano pugnó por comprar activos de Repsol a través de Petroperú hace unas semanas. Foto: Petroperú

Para el Instituto la Cámara de Comercio de Lima, el Estado Peruano no debe regresar a la gestión empresarial pues ha demostrado a lo largo de la historia que es ineficaz e ineficiente en ese rol.

En las últimas semanas, la intención del Gobierno Peruano por adquirir los activos de la española Repsol en el Perú, que incluían la Refinería de la Pampilla, lo cual le hubiera dado el control de la refinación de combustible en ese país, propició el reclamo y la negativa pública del empresariado peruano, entre ellos la Cámara de Comercio de Lima, ente que precisa que a lo largo de la historia, el Estado Peruano ha demostrado su ineficiencia como empresario.

"Durante las décadas de los 70 y 80 el Perú experimentó una profunda participación del Estado en la actividad empresarial, compitiendo en algunos casos con el sector privado en actividades como la banca, minería, pesca y comercio de alimentos, incluso el Estado era dueño de cines. En el caso más extremo, y con el inicio del Gobierno militar del general Velasco, se poseía el monopolio de las empresas de electricidad, telecomunicaciones e hidrocarburos, este último a través de la expropiación de los activos de la compañía estadounidense International Petroleum Company en 1968, año en el que nace Petroperú", dice el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial del Perú (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima

El ente precisa que a partir de ahí se estableció una agresiva política de subsidios -que implicaba producir bienes con precios subvaluados- y el ensanchamiento de la planilla estatal con fines estrictamente políticos. Tal es el caso del manejo discrecional de los precios de los combustibles por parte de Petroperú que, de acuerdo a un estudio del Banco Central de Reserva (BCR), no solo estaban muy por debajo de los vigentes en el mercado internacional, sino incluso no eran suficientes para cubrir los costos de dicha empresa, acumulando pérdidas que superaron los 1.500 millones de dólares entre 1989 y 1991 (el precio promedio que recibía la empresa entre enero y julio de 1990 era de US$ 0,16 por galón, mientras sus costos superaban US$ 0,60 por galón).

Forado al fisco

El IEDEP de la Cámara de Comercio afirma que como consecuencia de estas políticas y del manejo ineficiente de los recursos públicos, las empresas estatales (en especial las no financieras) generaron un enorme forado al fisco, el que se tradujo en importantes pérdidas acumuladas que bordeaban los 7.000 millones de dólares o su equivalente al 45% del PBI promedio durante la década de los 70 y 80, y que redundaron finalmente en un proceso hiperinflacionario, desabastecimiento, aumento de la pobreza y el surgimiento de la violencia terrorista.

El IEDEP precisa que en el caso de las empresas financieras, el Estado tuvo igualmente una importante participación en el sistema bancario particularmente a través de la Banca de Fomento (Banco Agrario, Industrial, de Vivienda y Minero), los bancos comerciales como el Continental, el Banco Popular y el Banco Internacional del Perú, que hasta antes de 1990 representaron el 55% de los activos bancarios (la banca extranjera solo poseía el 4%), explicado en parte por las colocaciones crediticias en el sector agropecuario con tasas de interés subsidiadas y que significaron un importante costo hundido para la economía peruana durante la década de los 80 que bordeó los 4773 millones de dólares a precios de 1996, de los cuales el 79% fueron desembolsos otorgados en el periodo 1985-90.

Con la desarticulación de la Banca de Fomento, a partir de 1991, esta composición cambio radicalmente. Para el 2002 el 11% de los activos bancarios totales estaba en manos del sector público, mientras que la banca extranjera cobró mayor importancia en el sistema financiero pasando de 4% a 46% de participación. A diferencia de los bancos antes mencionados, el Banco de la Nación cumple la función de agente financiero del Estado, por lo tanto sus operaciones no son estrictamente comerciales.

Nacionalización de empresas

El proceso de nacionalización de empresas llamadas "estratégicas", iniciado en la década de los 70, fue el más profundo, donde el número de empresas estatales aumentaba a un ritmo de 15 empresas por año llegando en 1977 a existir 174 empresas de propiedad pública.

"Durante ese periodo el déficit fiscal alcanzó su pico máximo en 1976 cuando registró una cifra de 10,3% del PBI, nivel similar de aquellos países europeos que actualmente se encuentran en moratoria o con problemas de sostenibilidad fiscal. El número de empresas estatales ascendió a 223 a finales de 1990, las que explicaban el 15% del PBI, el 28% de las exportaciones, el 26% de las importaciones y empleaban directamente a alrededor de 114 000 personas", dice el IEDEP.

A lo largo de todo este periodo de activa presencia del Estado, se ha registrado las menores tasas de crecimiento del PBI. Muestra de ello es que durante la década de los 70 la actividad económica creció a una tasa promedio anual de 3,3%, siendo el tamaño de las empresas públicas no financieras de 18% del PBI; para la década de los 80 esta presencia de las empresas públicas se incrementó a casi 27% del PBI, con un ritmo de crecimiento promedio anual de la economía de 0,3%.

Crece el PBI con la privatización

A raíz del acelerado proceso de privatizaciones durante la década de los 90, se redujo sustancialmente el tamaño de las empresas públicas en la actividad productiva representando menos de la tercera parte del PBI durante el periodo comprendido entre 1990 y el 2012, contribuyendo positivamente a elevar el ritmo de crecimiento de la economía peruana a una tasa promedio anual de casi 5% en ese periodo.

"Justamente, el programa de estabilización y ajuste estructural llevado a cabo a principios de la década de los 90 permitió la transferencia al sector privado de 160 empresas y activos estatales de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos y el sistema financiero, generando ingresos para el Estado de aproximadamente 9.250 millones de dólares y compromisos de inversión por más de 11400 millones de dólares", advierte el IEDEP. De acuerdo a cifras extraídas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más del 61% de las transacciones se realizaron en empresas de servicios públicos ubicadas en los sectores de telecomunicaciones y electricidad, cada una con una participación del 39% y 23%, respectivamente. Las empresas mineras representaron un 13% de las transacciones, mientras que el sector hidrocarburos el 10%. La industria y el sector financiero representaron alrededor del 5%, el sector pesquero y el de transporte entre el 1 y 2%, mientras que las empresas vinculadas al sector turismo y agricultura representaron valores en torno al 0,5% en el total de las transferencias al sector privado.

Actualmente existen 35 empresas públicas que se encuentran operativas y 14 en proceso de liquidación, estando la mayoría de estas empresas concentradas en los sectores de electricidad y servicios (Sedapal, Serpost, Editora Perú, entre otras). El valor del capital de estas empresas al 2011 bordea los 6.500 millones de dólares, monto que podría ser trasladado al sector privado de retomarse el proceso de privatización o concesión de las mismas.

"Estas evidencias justifican la preocupación de la Cámara de Comercio ante cualquier atisbo por expandir o profundizar la actividad empresarial del Estado, pues denotaría haber olvidado la deplorable experiencia vivida por las empresa públicas antes de los años 90", afirma el IEDEP de la Cámara de Comercio.

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