El Gobierno ha trasladado a la Unión Europea que bajará en 2022 la deuda hasta 4,5 puntos, situándola en el 115,1% del PIB desde el 119,5% de este año. El Gobierno sostiene que contendrá así el nivel de duda pese a firmar los Presupuestos más expansivos de la historia. El Plan Presupuestario 2022, enviado el viernes a Bruselas para el visto bueno de la Comisión Europea, recoge que el gasto consolidado del Estado para 2022 serán de 458.970 millones de euros -el mayor gasto de la historia-, de los que 27.633 pertenecerán a los fondos europeos.
La Comisión Europea reabrió el martes el debate sobre la reforma de la gobernanza económica de la Unión Europea, y aunque evita anticiparse al resultado de la consulta con gobiernos, expertos y actores sociales, aspira a encontrar una fórmula que permita una reducción sostenida de la deuda pública, sin frenar la inversión para apoyar la recuperación económica y las transformaciones ecológica y digital.
El pasado jueves 7 de octubre, el Gobierno de España aprobó el proyecto de Presupuestos Generales para 2022. De obtener su aprobación en el Congreso de los Diputados, se convertirán en los segundos presupuestos tanto de la actual coalición de gobierno como del presidente Pedro Sánchez, quien entre 2018 y 2020 debió gobernar con las cuentas heredadas de su antecesor Mariano Rajoy.
Es ya bien conocida la positiva valoración que siempre ha merecido a Bruselas la reforma laboral española aprobada en 2012. Nada ha cambiado hasta ahora en el juicio de la Comisión sobre esa ley y, por ello, a nadie extrañó que el Ejecutivo europeo, desde el primer momento, vinculara el futuro reparto de las ayudas Next Generation al respeto de las líneas fundamentales de esa reforma.
El Ministerio de Hacienda remitió recientemente a Bruselas su proyecto de Presupuestos para 2022. Pero en el documento también se incluye información sobre las últimas medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo. Por ejemplo, en el texto se pone en conocimiento de la UE la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y llama la atención que el departamento liderado por María Jesús Montero venda que dicho incremento ha sido el fruto del acuerdo alcanzando con todos los agentes sociales, cuando la realidad fue muy diferente. De hecho, la CEOE rechazó el pacto para subir el SMI. Es más, como es sabido, el Ministerio de Trabajo dio por bueno el acuerdo sin contar con la firma de la patronal. Como era de esperar, el falso pacto que Hacienda ha enviado a Bruselas ya está siendo comentado entre algunos representantes empresariales, que no han dudado en hacer llegar a Moncloa su malestar por un acuerdo que no ha existido. Pero en esos círculos comentan que la respuesta del Gobierno les ha sorprendido. Echan balones fuera y se limitan a decir que no saben el motivo por el que Hacienda ha dicho a Bruselas que el alza del SMI se acordó con la patronal y los sindicatos, aseguran esas fuentes.
El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha expresado su confianza en que la reforma laboral comprometida por el Gobierno español responda a las preocupaciones de Bruselas por la segmentación del mercado de trabajo y el elevado número de contratos precarios sin debilitar el dinamismo del sistema y las empresas españolas.
Perplejidad y desconcierto. Así definía un dirigente empresarial la sensación que existe en la CEOE y entre el colectivo de empresarios ante la tragicomedia en la que las dos facciones del Gobierno han convertido el enfrentamiento interno sobre el futuro de la reforma laboral. Percepciones similares a las que, quienes tienen acceso a los entresijos de la Comisión Europea, cuentan que aquejan al comisario europeo de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, quien regresó a Bruselas, entre atónito y perplejo, además de con más dudas de las que tenía antes de su encuentro con el presidente Sánchez y la vicepresidenta Calviño para interesarse sobre el cumplimiento de las reformas comprometidas para recibir los fondos europeos de reconstrucción.
El grupo IAG, propietario de Iberia, ha ofrecido a la Comisión Europea concesiones para que esta dé luz verde a la compra de la aerolínea Air Europa, valorada en 500 millones de euros, según muestra el registro del regulador de Competencia y ha confirmado la institución.
El Gobierno da marcha atás de sus princpales reformas. Ocurrió hace unas semanas con la Ley de Vivienda y luego con el decretazo eléctrico y ahora vuelve a pasar con la reforma laboral.Este es un Gobierno en el que Podemos marca la política económica y que sólo acierta cuando rectifica. Lo malo es que el coste para las empresas en términos de desconfianza y seguridad jurídica es muy alto.
"En estos días espero que hagamos la solicitud del primer pago de esos diez mil millones de euros, que esperamos que lleguen antes de finales de año," anunció la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a su llegada el lunes a la reunión del Eurogrupo en Bruselas.
Apenas pasó una semana desde que el Gobierno hizo su propuesta para afrontar el gran reto del sistema de pensiones: las jubilaciones de la generación del baby-boom.
España ha solicitado formalmente a la Comisión Europea el desembolso del primer tramo del fondo de recuperación, que asciende a 10.000 millones de euros, según ha confirmado este viernes en un comunicado la institución comunitaria. En total, el Gobierno pedirá 22.000 millones en cuatro meses.
El mismo gobierno que ha hecho lema y principio de su acción legislativa eso de que no hay que legislar en caliente no ha tardado ni quince días en hacer el nuevo decreto de reforma del impuesto de la plusvalía municipal demostrando, una vez más, que para el sanchismo gobernante y sus aliados lo que no se puede hacer para reformar y reforzar la seguridad, la dignidad, la vida y el derecho a la propiedad de los ciudadanos, cuando se trata de desvalijar el bolsillo de los contribuyentes se legisla no ya en caliente sino hirviendo y escaldando.
Air Europa sigue a la baja. La compañía aérea de la familia Hidalgo no consigue recuperarse de la pandemia y, de acuerdo con los últimos datos de Eurostat, se coloca a la cola de Europa en las cifras de tráfico con respecto a 2019. De acuerdo con los registros de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, la aerolínea estaría volando un 49,2% por debajo de los datos de 2019 pese a que la conectividad con Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica ya se ha reabierto. Todo ello, mientras los trámites de compra de la compañía aérea de los Hidalgo por parte de Iberia siguen en Bruselas y la compradora se muestra cada vez menos optimista.
"Celebro el resultado final de la votación del paquete de la futura Política Agrícola Común con una mayoría abrumadora. Es un buen mensaje importante para todos los agricultores de la UE," aseguró el Comisario de Agricultura Janusz Wojciechowski, tras aprobar el Parlamento Europeo la reforma del sistema de subsidios y apoyo al desarrollo rural de la Unión Europea, por valor de 387.000 millones de euros, que supone un tercio del presupuesto plurianual de la Unión Europea.
La Comisión Europea ha dado el visto bueno al borrador del ejercicio presupuestario que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó el pasado mes de octubre. Según Bruselas, prevé ajustes importantes de reducción del gasto, al tiempo que hace uso de los fondos europeos del plan de recuperación para relanzar la inversión y apoyar la economía.
El pasado 14 de julio, la Comisión Europea presentó el paquete climático Fit for 55, una iniciativa que incluye una serie de propuestas con el fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55% en 2030, y lograr que Europa sea el primer continente climáticamente neutro del mundo en 2050. A mediados de diciembre, la Comisión presentará una segunda batería de medidas dentro de este paquete climático, relacionadas con las emisiones de metano, la eficiencia energética de edificios y el gas descarbonizado.
La Comisión Europea propone una revisión de las normas de financiación de los partidos políticos europeos que exigirá hacer públicas todas las donaciones que excedan los 3.000 euros, además de introducir nuevas normas sobre los anuncios políticos. Bruselas quiere aumentar la transparencia en las donaciones a partidos políticos. Por eso, la reforma de las normas que plantea la Comisión propone obligar a las organizaciones a publicar toda donación superior a 3.000 euros por año y por donante. Esta información deberá ser publicada anualmente, excepto en año electoral o cuando las donaciones sean superiores a 12.000 euros. En estos casos, la información deberá estar disponible inmediatamente.
Apenas han pasado unas semanas desde que el Gobierno presentó su plan para afrontar las jubilaciones de la generación del baby-boom, basado en elevar las cotizaciones sociales un 0,6% a partir de 2023, pero ya son evidentes sus grandes debilidades.
La comida, alcohol o tabaco, la energía, los bienes industriales no energéticos y los servicios. Todos los componentes experimentaron notables aceleraciones hasta alcanzar unos niveles de inflación irreconocibles en la serie: la eurozona tiene una tasa de Índice de precios de consumo (IPC) anual del 4,9% en noviembre. La variación de precios es de ocho décimas frente a la tasa registrada en octubre, lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica, según el avance del dato publicado ayer por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.
La Comisión Europea adoptó varias iniciativas para digitalizar los sistemas judiciales de la UE, "haciéndolos más accesibles y eficaces", según Bruselas. El objetivo general de las medidas es convertir los canales de comunicación digital en el canal por defecto en los asuntos judiciales transfronterizos, llevando así a la práctica una de las prioridades establecidas el año pasado en la Comunicación sobre la digitalización de la justicia.
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por la tributación de los no residentes. Bruselas rechaza la normativa fiscal española, que discrimina a los que residen en el extranjero a la hora de gravar los beneficios de capital por la venta, por ejemplo, de un inmueble o cualquier otro bien en España.
La Comisión Europea quiere reforzar las protección del medioambiente y lo hará por la vía penal, tras proponer el pasado miércoles una nueva directiva, en el marco del Pacto Verde, que aspira a mejorar la efectividad de las investigaciones y reforzar las sanciones contra los crímenes medioambientales, con penas de cárcel, multas o la exclusión del acceso a fondos públicos.
"La recuperación está perdiendo ritmo", la frase pronunciada este jueves por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, confirmó lo que ya todos hemos percibimos a lo largo de los últimos meses. No hay, además, más que echar un vistazo al último PMI compuesto de la eurozona, en mínimos de nueve meses, con economías como la alemana estancadas por primera vez en año y medio.
En la transformación de la economía para alcanzar la neutralidad climática en Europa de aquí a 2050 cada euro cuenta, por eso la Comisión Europea presentó el pasado martes una reforma de las normas de competencia que regulan las ayudas de estado que aspira a impulsar la inversión pública en políticas verdes. "Las normas de competencia no están a la cabeza de la lucha contra el cambio climático, pero hay un amplio consenso en que desempeñan un papel de apoyo muy importante," explicó la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea al cargo de Competencia, Margrethe Vestager, "lo que decidimos financiar con el erario público es realmente importante, para bien o para mal. Las nuevas directrices aprobadas hoy tratan de aumentar lo bueno y limitar lo malo", añadió.
En los días posteriores a cada 22 de diciembre siempre me viene a la mente la misma anécdota. Me la contó un vecino de un pueblo soriano, cercano a otra localidad de esa provincia en la que, no hace tantos años, cayó el Gordo de la Lotería prácticamente íntegro.
Las ayudas de emergencia a las empresas durante la pandemia mantuvieron la economía a flote, preservaron la estabilidad macroeconómica y ayudaron a proteger millones de empleos, pero la Comisión Europea aboga ahora por retirarlas progresivamente aunque pueda suponer una cascada de bancarrotas, y así se lo hizo saber a los ministros de Economía y Finanzas de la UE durante la reunión del Eurogrupo el lunes.
La transposición al derecho europeo del acuerdo global para la introducción de impuesto mínimo global de sociedades de un 15% a las multinacionales, una de las prioridades de la presidencia francesa, se enfrenta a sus primeros obstáculos después de que media docena de países, Suecia, Estonia, Malta, Bulgaria, Polonia y Hungría pusieran en cuestión el calendario durante una reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea.
La Unión Europea quiere resolver la escalada de tensión en la frontera con Ucrania por las buenas, a través del diálogo en los distintos foros internacionales que tratan de mediar en la cuestión, pero si no hay avances, si Rusia sigue amenazando la integridad del país vecino, el bloque está dispuesto a poner en marcha fuertes sanciones contra el Kremlin. Así lo advirtió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso en el marco del Foro Económico Mundial el pasado jueves.
