Las organizaciones empresariales mostraron ayer su rechazo a cualquier nueva carga fiscal, como la que planteó el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, para las rentas altas en Madrid con el objetivo de compensar por el efecto capitalidad al resto de territorios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) precisamente alabó y puso como ejemplo la política fiscal de Madrid para el resto de España.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comunicado a empresas y sindicatos que la negociación para el nuevo Estatuto de los Trabajadores debe estar cerrada en el mes de octubre, según fuentes de los negociadores. De hecho, los dos últimos borradores del Real Decreto-Ley, de modernización de las relaciones laborales (del 14 de julio y del 30 de junio) tiene como fecha el mes de septiembre. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a que esta reforma esté finalizada antes de que acabe el año, lo que implica que debe como mínimo en debate parlamentario.
La entrevista se concierta a modo de balance del primer semestre y tan solo horas antes de que inicie las vacaciones en familia: "Ha sido un año muy duro y es conveniente cargar las pilas y tener un poco de tranquilidad para los importantes retos que tenemos por delante", señala. Antonio Garamendi, la cara y la voz de los empresarios españoles (Getxo, 1958), licenciado en Derecho por Deusto, es un hombre amable y educado, de sonrisa fácil, que ha adoptado una estrategia absolutamente pragmática respecto al Gobierno de coalición.
La vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño aboga ahora por seguir con la senda de aumento del SMI al tiempo que pide unidad a los empresarios. Sus declaraciones adelantan un probable incremento del Salario Mínimo para este mismo año, tal y como defiende la también vicepresidenta Yolanda Díaz.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha reiterado este viernes que no considera que sea momento para subir el salario mínimo interprofesional (SMI), tras ser convocada por el Gobierno, junto a sindicatos y la patronal Cepyme, para abordar este aumento. La Confederación de Antonio Garamendi se apoya en que no es momento de subir el SMI, tal y como recoge Europa Press, amparándose en la necesidad de mantener el empleo y no hacerlo peligrar con un aumento de este mínimo legal.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha abogado por evaluar un cambio legislativo que permita aplicar salarios mínimos interprofesionales (SMI) diferenciados por territorios, para adaptar este indicador a una "España diversa" como ya se hace en la negociación colectiva.En su opinión, la subida del SMI puede suponer una "importante contracción del empleo", por lo que plantea la necesidad de adaptarlo por zonas, dado que el coste de la vida no es el mismo en todas ellas. " El SMI unifica todo. Madrid y Barcelona tienen un coste de la vida que poco tiene que ver con el de otros territorios. Habría que evaluar un SMI que se acoplara a cada territorio", ha dicho.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido este viernes, en referencia a la CEOE, que "quien dice que hoy no toca" subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los trabajadores "más vulnerables" debe explicar a la sociedad "por qué está pactando" mayores incrementos salariales en los trabajadores que ya tienen "mejores condiciones" laborales.
El Ministerio de Trabajo se reunirá este lunes a mediodía con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para tratar de pactar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de este año y la que debería experimentar en 2022 y 2023 para cumplir el compromiso de legislatura de llevarlo al 60% del salario medio, según han informado a Europa Press en fuentes de la negociación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que "la voluntad del Gobierno" es aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de manera "inmediata" para lo que queda de año. Así lo ha indicado durante el acto de apertura del curso político celebrado en la Casa de América, donde ha presentado los planes del Ejecutivo para esta etapa.
El Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme no han logrado llegar este lunes a un acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno aplicará de manera "inmediata", en palabras del presidente Pedro Sánchez, pero seguirán negociando "de manera informal", aunque por el momento no hay nueva fecha para la mesa de negociación. El desencuentro se produce el mismo día en el que la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta Nadia Calviño han vuelto a discrepar en las fechas en las que se hará efectiva la medida.
No hay acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno ha confirmado se va a producir para el último tramo del presente año. La reunión mantenida el lunes por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, con los empresarios y los sindicatos se cerró sin pacto, pero con una confusión respecto a la continuidad del diálogo. Según explicaron los negociadores de CCOO y de UGT -no hubo comentarios ni del Ministerio ni de la patronal CEOE a este respecto- ya no se celebrarán nuevas reuniones, aunque se mantendrán contactos informales para seguir tanteando un acuerdo, algo que no descartaron los sindicatos. Fuentes empresariales consultadas por el elEconomista reconocen que si el Gobierno opta por una subida del SMI para este año se tensarán las relaciones con las patronales, dificultándose así otras negociaciones pendientes, tales como la prórroga de los Ertes, cuya mesa se debe abrir en los próximos días; la reforma laboral, que debería contar con un borrador en octubre; y la segunda fase de la reforma del Sistema para apuntalar la sostenibilidad de las pensiones.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido este martes en su rechazo a subir en estos momentos el salario mínimo inteprofesional (SMI) y ha señalado que ahora es "urgente" convocar la mesa de negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre. Así, el presidente de la patronal ha confirmado este martes que no va a apoyar una subida del SMI en 2021, porque todavía "es un momento delicado".
El diálogo entre Trabajo y los agentes sociales para acordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) está estancado. Aunque el Gobierno puede decidir de manera unilateral las condiciones de la mejora, la estrategia de la vicepresidenta Yolanda Díaz siempre pasa por intentar contar con el apoyo de patronal y sindicatos. En esta ocasión la negociación está obstruida, con los representantes de los empresarios en el 'no' rotundo y los de los trabajadores intentando apurar el hilo de comunicación que el Ministerio ha dejado abierto esta semana confiando en un acuerdo de última hora.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, admitió que una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que lo sitúe en niveles "razonables y sensatos" tendrá un "pequeño y relativamente moderado" impacto sobre la creación de empleo. El día anterior, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, declaró que la teoría que mantiene que la subida del salario mínimo reduce la creación de empleo "no se sostiene", pues según la portavoz del Ejecutivo el SMI ha subido un 30% en los últimos años y, de no haber sido por la crisis que trajo la pandemia, "el empleo no se hubiera visto afectado".
Nadie quiere deshojar el efecto perverso que puede tener la subida del SMI en las trascendentales negociaciones que mantiene el Gobierno con los agentes sociales en materias de calado. En los próximos meses debe decidirse un nuevo marco de las relaciones laborales y la solidez financiera de las cuentas de la Seguridad Social para la próxima década. Incluso asuntos más perentorios, como el futuro de los más de 250.000 personas que actualmente están viviendo de los Ertes que miran, con lógica preocupación, al 30 de septiembre cuando se les acaba la cobertura legal. Su panorama puede ponerse negro si Gobierno, sindicatos y empresarios no encuentran una solución para ellos y sus empresas.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, lo soltó como si de una bomba se tratase: el salario mínimo interprofesional (SMI) debería diferenciarse por territorios, dijo, pues 950 euros no tienen el mismo poder adquisitivo en una comunidad autónoma que en otra, como tampoco lo es el salario medio con el que se debe comparar, según recomienda la Comisión Europea y la OCDE.
Al menos una de cada tres empresas españolas (32%) afirma que la subida del 1,6% del salario mínimo para este año, 15 euros mensuales, desembocará en despidos de parte de la plantilla. Según apunta un sondeo realizado por Infojobs tras conocerse esta medida acordada entre Gobierno y sindicatos, el volumen de compañías que preveía despidos ante un alza de SMI antes del estallido de la pandemia era del 19%, trece puntos menos.
A una semana del acuerdo exclusivo entre el Gobierno y UGT y CCOO, que dio lugar a la subida del salario mínimo interprofesional a 964 euros mensuales -con efecto desde el mes de septiembre-, CEOE se brindó a retomar el diálogo social y volver a las mesas de trabajo para negociar la reforma laboral y las pensiones. Este cambio por parte de la patronal se produce toda vez que se negó al incremento del SMI y dejó el acuerdo en manos del Ejecutivo y los sindicatos.
La reunión celebrada este viernes entre Gobierno y agentes sociales para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) hasta el 31 de enero ha finalizado nuevamente sin acuerdo y con quejas de sindicatos y empresarios por la ausencia, en las dos últimas reuniones, de los negociadores del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En la cita sí se han logrado algunos avances en lo relativo al Ministerio de Trabajo, como ampliar el plazo del "contador a cero" del paro hasta junio de 2022.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tiene claro que si la mesa de diálogo no llega a un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre será porque el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, "no sabe ni cómo hay que hacer lo que él plantea" y deberá ser él quién explique en qué situación quedan empresas y trabajadores.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció en Santander que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) se prolongarán hasta el 31 de enero de 2022 condicionados a formación para empresas de más de 10 trabajadores. Así se pronunció, a preguntas de la prensa, la ministra, que ha asegurado que su departamento está trabajando y sigue dialogando con los agentes sociales para alcanzar ese acuerdo, que desea que mañana pueda ir al Consejo de Ministros. Díaz subrayó la "decisión clara" de prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero. "Por tanto, tranquilidad, en Cantabria también; las empresas y los trabajadores pueden estar tranquilos", enfatizó la ministra tras su reunión con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
La recuperación está siendo más lenta de lo previsto, según señaló el martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pero aún así, confió en que la última prórroga de los Ertes recién aprobada sea la última necesaria. En una conferencia en el Foro Agendas Cruzadas Madrid-Barcelona organizado por el Círculo Ecuestre, celebró que los Ertes "han demostrado ser una herramienta más que eficiente", si bien reprochó al Gobierno la tardanza a la hora de negociar las prórrogas, siempre a contrareloj, y los planteamientos respecto a su nueva vinculación a la formación: "La formación es posiblemente la palanca más importante del cambio en España. Pero no vale solo con la formación del Ministerio de Empleo, porque es una formación fracasada. Las empresas pagamos 1.800 millones de euros al año y todos sabemos que la formación continua es un lío del que las empresas no quieren ni oír hablar. Tienen que valer todas las opciones". Por contra, destacó en positivo la continuidad de las ayudas para los autónomos y el sistema específico aprobado para La Palma y el conjunto de Canarias.
Con nocturnidad y en el último minuto del descuento el Gobierno dio su brazo a torcer y firmaba el acuerdo para la quinta prórroga de los ERTE, cediendo a la mayor parte de las condiciones planteadas por la CEOE. Una prórroga que costará 1.200 millones y que permite garantizar la viabilidad de las empresas, muchas de ellas en riesgo extremo de desaparición y permite la continuidad de miles de puestos de trabajo.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió de que la implantación de este tipo mínimo en Sociedades es "preocupante", porque "castigará" la internacionalización y la innovación, "que son dos de las claves para que este país funcione". No obstante, recordó que las empresas del Ibex 35 están tributando en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo medio entre el 16% y el 18%, por encima del tipo mínimo del 15% que quiere implantar el Gobierno de coalición para que las "grandes multinacionales paguen impuestos".
La patronal catalana Foment del Treball ha pedido al Gobierno, a través de la CEOE, explorar la vacunación obligatoria en los centros de trabajo tras el progresivo "retorno a la presencialidad de los trabajadores en los centros de trabajo y la clara evidencia sobre la seguridad y efectividad de las vacunas", según un comunicado. "Se trata de hacer prevalecer el interés general y la seguridad sanitaria" porque existen suficientes disposiciones legales que podrían fundamentar una decisión por parte del Gobierno, añaden.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha visitado recientemente la Catedral de Jaca y el Monasterio de San Juan de la Peña, acompañado por los presidentes de CEOE Aragón, Ricardo Mur; y CEOS-CEPYME Huesca, José Fernando Luna, en el marco de la iniciativa El Camino de la Empresas 2021, que está desarrollando la confederación empresarial coincidiendo con el Año Xacobeo y que pone el valor la importancia cultural e histórica que tiene el Camino de Santiago y su extraordinario impacto económico, empresarial y social.
Uno de los puntos de la propuesta del Ministerio de Trabajo para modernizar el mercado laboral -actualmente en negociación- que más conflicto genera con la CEOE es el paquete de medidas que busca rebajar los altos niveles de temporalidad que padece España, cercano al 25%, el más alto de la UE. Fuentes del Ministerio señalan a eE que para limar la oposición de la CEOE y Cepyme se introducirá un mecanismo de flexibilidad especialmente pensado para determinados sectores, como agricultura y construcción, que se han opuesto radicalmente a la filosofía mantenida por el Gobierno para reducir los niveles de temporalidad.
La magnitud de lo que está en juego con la reforma laboral hace que los empresarios se muestren actualmente más preocupados por el resultado de la "modernización del mercado laboral" que por el uso que se pueda dar a los fondos Next-Generation de Bruselas, según señalan fuentes de la patronal a eE. Hoy se reúne la mesa de negociación en la primera reunión desde que estallase el conflicto entre el ala socialista y el podemita por el control de las negociaciones con los agentes sociales. Fuentes de los negociadores señalaron ayer que no se han producido cambios entre los negociadores del Gobierno, dirigidos por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.