La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el foro judicial independiente instan en un comunicado conjunto al Gobierno, a que, como responsable de la política internacional del Estado, despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano para impedir la aprobación del proyecto de resolución, aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa, que viene a reprobar que los políticos sean enjuiciados por manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó en un comunicado el informe del Consejo de Europa en el que se compara la justicia española con la turca y se obvian los principios de legalidad, separación de poderes, independencia judicial e igualdad en la aplicación de la ley, en sus recomendaciones a los jueces españoles para que dejen sin efecto los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes huidos al extranjero, así como que se abandone el resto de los procedimientos penales contra funcionarios de menor rango implicados en el referéndum ilegal del 1-O.
La Comisión Europea vuelve a presionar a España para que despolitice la Justicia. El comisario de Justicia, Didier Reynders pidió al Gobierno y a la oposición que lleguen a un acuerdo para conseguir una reforma del Consejo General del Poder Judicial, para que al menos la mitad de sus 20 vocales sean elegidos por los jueces. De esta manera, nuestro país se adaptará "a los estándares europeos", subrayó el comisario.
La Comisión Europea volvió a pasar revista al Estado de Derecho en los 27 socios de la UE. Hungría y Polonia continúan destacando como los rebeldes, representando un serio desafío para Bruselas y las capitales. Pero España también se volvió a llevar un serio rapapolvo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial en este segundo examen anual que realiza el Ejecutivo comunitario.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el informe al anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia. El CGPJ observa un marcado carácter coyuntural de la norma proyectada, vinculada a la actual situación de crisis sanitaria y a la afectación del sistema de justicia por razón de ella, por lo que cuestiona "la idoneidad de unas medidas de reforma adoptadas a la vista de tal coyuntura y que, no obstante, se articulan con vocación de generalidad y permanencia". Destaca en este sentido el establecimiento de presupuestos o requisitos de procedibilidad que condicionan el ejercicio del derecho a la tutela judicial, como el diseño de un régimen de solución de conflictos previo a la jurisdicción, que queda en un segundo escalón, con el riesgo de ver degradada su función constitucional, cuya relevancia se relativiza. Estas son algunas de las conclusiones que se recogen en el informe aprobado por el Pleno.
Serio, riguroso, didáctico, Enrique López, juez y magistrado ejerce desde el triunfo de mayo de Isabel Díaz Ayuso de consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Desde su despacho frente a la madrileña plaza de Pontejos, López ha conversado con el eE, en una entrevista donde ha ponderado las políticas de la Comunidad de Madrid frente a las de Pedro Sánchez en el Gobierno. Desde aquí, también aventura un cambio de ciclo, y una tecla clave: la política fiscal; la batalla que se va a librar en las próximas elecciones generales.
Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) plantean que es posible reformar de forma rápida la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (de modo que los 12 de origen judicial sean elegidos por los propios jueces) antes de proceder a la renovación pendiente de este órgano.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido la destituciòn del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por negarse a reformar la ley para que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento.
El presidente del PP, Pablo Casado, mostró ayer su disposición a pactar el mismo lunes con el PSOE, con motivo del inicio del curso judicial, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si ese partido cumple con lo que dice la Constitución, con lo que piden los jueces y con lo que exige Europa y, en definitiva, se garantiza la independencia y despolitización de ese órgano.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha calificado de "insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad" la situación provocada por la no renovación del CGPJ.
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, anunció ayer la elaboración de un de Estatuto para la Institución para "dotar a la institución de mayores cotas de autonomía y "definiendo un Ministerio Fiscal fortalecido y adecuadamente dotado para afrontar los retos que la sociedad democrática a la que sirve le demanda".
La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de forzar la dimisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e insistió en culpar sólo al PP de la situación porque "este bloqueo no es anónimo y solo hay un partido que bloquea la negociación".
Cito de memoria, de modo que son todos los que están pero no están todos lo que son. Se dedican o se dedicaron a la política, apareciendo en listas electorales con siglas de partido. Son políticos. Y son: María Teresa Fernández de la Vega (vicepresidenta del Gobierno); Juan Alberto Belloch (ministro de Justicia e Interior y alcalde de Zaragoza); Manuela Carmena (alcaldesa de Madrid); Enrique López (Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid); Margarita Robles (ministra de Defensa); Grande-Marlaska (ministro de Interior); Mariscal de Gante, (ministra de Justicia); Javier Moscoso, (ministro de la Presidencia); Juan Carlos Campo, (ministro de Justicia); Emilio Olabarría, (diputado del PNV); Cristina Alberdi, (ministra de Cultura); López Guerra, (diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y secretario de Estado del Ministerio de Justicia); José Antonio Alonso, (ministro de Interior y ministro de Defensa); Álvaro Cuesta, (diputado del PSOE).
Grietas en el secesionismo tras la frustrada Diada
Las malas perspectivas en cuanto a asistencia que había depositadas en la manifestación del pasado día 11 con motivo de la Diada de Cataluña se confirmaron con claridad. Es más, las 400.000 personas que, según la Asamblea Nacional Catalana (ANC), participaron en las movilizaciones (108.000 para la Guardia Civil) supone la peor cifra de asistencia en una década. Pues bien, los rumores apuntan a que esta decepción está generando importantes grietas entre las asociaciones y los partidos independentistas. Desde la ANC, donde existe un importante enfado por la manifiesta pérdida de poder de convocatoria, se acusa a ERC y Junts del fracaso. Falta un proyecto común que una al independentismo, dicen en la organización presidida por Elisenda Paluzie, donde ya califican de inútil la mesa negociadora entre el Gobierno y la Generalitat. Por su parte, los partidos políticos descargan toda la responsabilidad en la ANC. Cuando acudían millones a las movilizaciones por la Diada, la ANC se ponía todas las medallas. Ahora que las cifras son negativas, echa balones fueran y acusa a los partidos, contestan desde ERC. Las mismas fuentes indican que en estos momentos no existen vías de entendimiento en este conflicto interno que vive el procés tras la Diada.
El Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones en España, al presidente de Colombia, Iván Duque. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, impulsó en el Consejo una propuesta que, aunque salió adelante, obtuvo los votos negativos de todos los ministro de Podemos. Por lo que se rumorea, en este partido están molestos con Albares por la distinción que otorga al jefe del Estado colombiano, ya que lo consideran responsable de las víctimas que hubo durante las protestas que tuvieron lugar hace meses por todo el país. Con todo, en la facción socialista del Gobierno temen que lo que realmente mueve al partido morado es otro motivo. Buscan excusas para abrir otra guerra interna y crear inestabilidad en el seno del Ejecutivo, como hicieron en el pasado con sus ataques sistemáticos al ahora exministro José Luis Ábalos". Es muy posible que quieran otorgar ahora a Albares ese papel y lo usen de blanco para unos conflictos que al electorado podemita siempre le gustan, explican.
Representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y del Foro Judicial Independiente (FJI) se reunieron ayer en Bruselas con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para trasladarle su preocupación por el bloqueo en la elección de los miembros y la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Pleno de Congreso de los Diputados fue escenario este martes del desencuentro entre PP y PSOE sobre la proposición de ley presentada por el Grupo Popular (GP) para que los jueces voten a sus consejeros del Poder Judicial (CGPJ). La votación fue rechazada por 64 votos a 38.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo acordó por unanimidad dirigirse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mostrar su preocupación por las "perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo y que previsiblemente irán acrecentándose, que para el funcionamiento del Tribunal supone la falta de renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial y la imposibilidad de cubrir las vacantes existentes, como las que puedan ir produciéndose en los próximos meses".
En el segundo trimestre de 2021, se ha producido un descenso del 2,9% para los divorcios consensuados; del 10,3% para los no consensuados; del 10,9% para las separaciones consensuadas y del 16,6% para las no consensuadas con respecto al mismo trimestre de 2019. La comparación con los datos del mismo periodo de 2020 rompen la dinámica histórica como consecuencia del parón producido por la pandemia del Covid-19.
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso de cuatro asociaciones de jueces contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó el conflicto colectivo que plantearon contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y 11 comunidades autónomas, al considerar que el CGPJ había incumplido su obligación de regular la carga de trabajo de jueces y juezas a efectos de salud laboral.
El Gobierno y el PP han llegado a un acuerdo que permitirá renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, según han informado ambas partes.
De prolongarse la situación de falta de renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin que se puedan cubrir las vacantes que se van produciendo en las Salas del Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno de este organismo considera que se dictarán en torno a 1.000 sentencias menos al año entre todas las Salas.
El Ministerio de Justicia ultima un procedimiento íntegramente online para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada (SL), que será aplicable tanto al momento de constitución, como a las modificaciones societarias posteriores y al registro de sucursales por parte de solicitantes que sean ciudadanos de la Unión Europea.
Los nombramientos discrecionales pendientes como consecuencia de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la entrada en vigor de la Ley Orgánica que reduce sus competencias cuando está en funciones, son ya 48, de los que 42 están en la jurisdicción ordinaria y 6 a la militar.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó este jueves con 15 votos a favor y cinco en blanco el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que, como novedad más destacada, prevé la implantación de los Tribunales de Instancia en el primer escalón de la organización judicial, un modelo colegiado llamado a sustituir los Juzgados unipersonales.
Aunque el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Jaume Giró, siga haciendo gala de su "negacionismo", la realidad es que el procés ha afectado de forma negativa a Cataluña en muchos aspectos. Uno de ellos es el judicial. Así lo indican la últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial, que desvelan que 186 magistrados han abandonado Cataluña en los últimos cuatro años, frente a los solo 23 jueces que han optado por desplazarse a dicha comunidad autónoma para ejercer su actividad. Se comenta que este "déficit" preocupa y mucho en el organismo presidido por Carlos Lesmes, donde se teme "por la calidad de los servicios judiciales" a los catalanes. En el CGPJ cuentan también que son "los continuos ataques por parte del independentismo a las decisiones judiciales y la campaña de desprestigio a los jueces lo que está provocando el éxodo". Para tratar de detener la sangría de magistrados, el CGPJ ha recurrido a la "vía forzosa" con el fin de cubrir las vacantes actuales en Cataluña, que ascienden a 80, pero reconocen que este método es solo un parche y "no puede frenar por sí mismo el déficit estructural de magistrados en los juzgados catalanes".
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordado a los integrantes de la LXX promoción de la Carrera Judicial, que hoy han recibido sus despachos, que el Estado de Derecho reclamará de ellos una defensa firme de la Constitución y de la ley, proporcionando respuestas adecuadas a los problemas de los ciudadanos y ofreciendo un marco de certeza y seguridad jurídica.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) exige un complemento específico para los jueces en Cataluña. La Comisión Permanente del CGPJ acordó "tomar conocimiento y manifestar su apoyo y total conformidad con el acuerdo aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado 26 de noviembre proponiendo el establecimiento de un complemento de destino específico para los jueces y magistrados titulares con destino en la Comunidad Autónoma".
La polarización izquierda versus derecha que tan buenos rendimientos políticos le ha traído a Pedro Sánchez conduce inexorablemente a la imposibilidad de acuerdos entre la izquierda (que ha sido la inventora de la polarización) y la derecha democrática. Lo cual impide acuerdos tan elementales como la renovación del Consejo General de Poder Judicial.
