La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de forzar la dimisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e insistió en culpar sólo al PP de la situación porque "este bloqueo no es anónimo y solo hay un partido que bloquea la negociación".
Cito de memoria, de modo que son todos los que están pero no están todos lo que son. Se dedican o se dedicaron a la política, apareciendo en listas electorales con siglas de partido. Son políticos. Y son: María Teresa Fernández de la Vega (vicepresidenta del Gobierno); Juan Alberto Belloch (ministro de Justicia e Interior y alcalde de Zaragoza); Manuela Carmena (alcaldesa de Madrid); Enrique López (Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid); Margarita Robles (ministra de Defensa); Grande-Marlaska (ministro de Interior); Mariscal de Gante, (ministra de Justicia); Javier Moscoso, (ministro de la Presidencia); Juan Carlos Campo, (ministro de Justicia); Emilio Olabarría, (diputado del PNV); Cristina Alberdi, (ministra de Cultura); López Guerra, (diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y secretario de Estado del Ministerio de Justicia); José Antonio Alonso, (ministro de Interior y ministro de Defensa); Álvaro Cuesta, (diputado del PSOE).
Representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y del Foro Judicial Independiente (FJI) se reunieron ayer en Bruselas con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para trasladarle su preocupación por el bloqueo en la elección de los miembros y la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Pleno de Congreso de los Diputados fue escenario este martes del desencuentro entre PP y PSOE sobre la proposición de ley presentada por el Grupo Popular (GP) para que los jueces voten a sus consejeros del Poder Judicial (CGPJ). La votación fue rechazada por 64 votos a 38.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo acordó por unanimidad dirigirse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mostrar su preocupación por las "perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo y que previsiblemente irán acrecentándose, que para el funcionamiento del Tribunal supone la falta de renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial y la imposibilidad de cubrir las vacantes existentes, como las que puedan ir produciéndose en los próximos meses".
En el segundo trimestre de 2021, se ha producido un descenso del 2,9% para los divorcios consensuados; del 10,3% para los no consensuados; del 10,9% para las separaciones consensuadas y del 16,6% para las no consensuadas con respecto al mismo trimestre de 2019. La comparación con los datos del mismo periodo de 2020 rompen la dinámica histórica como consecuencia del parón producido por la pandemia del Covid-19.
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso de cuatro asociaciones de jueces contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó el conflicto colectivo que plantearon contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y 11 comunidades autónomas, al considerar que el CGPJ había incumplido su obligación de regular la carga de trabajo de jueces y juezas a efectos de salud laboral.
El Gobierno y el PP han llegado a un acuerdo que permitirá renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, según han informado ambas partes.
De prolongarse la situación de falta de renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin que se puedan cubrir las vacantes que se van produciendo en las Salas del Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno de este organismo considera que se dictarán en torno a 1.000 sentencias menos al año entre todas las Salas.
El Ministerio de Justicia ultima un procedimiento íntegramente online para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada (SL), que será aplicable tanto al momento de constitución, como a las modificaciones societarias posteriores y al registro de sucursales por parte de solicitantes que sean ciudadanos de la Unión Europea.
Los nombramientos discrecionales pendientes como consecuencia de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la entrada en vigor de la Ley Orgánica que reduce sus competencias cuando está en funciones, son ya 48, de los que 42 están en la jurisdicción ordinaria y 6 a la militar.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó este jueves con 15 votos a favor y cinco en blanco el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que, como novedad más destacada, prevé la implantación de los Tribunales de Instancia en el primer escalón de la organización judicial, un modelo colegiado llamado a sustituir los Juzgados unipersonales.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordado a los integrantes de la LXX promoción de la Carrera Judicial, que hoy han recibido sus despachos, que el Estado de Derecho reclamará de ellos una defensa firme de la Constitución y de la ley, proporcionando respuestas adecuadas a los problemas de los ciudadanos y ofreciendo un marco de certeza y seguridad jurídica.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) exige un complemento específico para los jueces en Cataluña. La Comisión Permanente del CGPJ acordó "tomar conocimiento y manifestar su apoyo y total conformidad con el acuerdo aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado 26 de noviembre proponiendo el establecimiento de un complemento de destino específico para los jueces y magistrados titulares con destino en la Comunidad Autónoma".
La polarización izquierda versus derecha que tan buenos rendimientos políticos le ha traído a Pedro Sánchez conduce inexorablemente a la imposibilidad de acuerdos entre la izquierda (que ha sido la inventora de la polarización) y la derecha democrática. Lo cual impide acuerdos tan elementales como la renovación del Consejo General de Poder Judicial.
El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, recordaba ayer que la nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Vivienda -que se conoció ayer y que será debatida el próximo jueves por el Pleno-, no es vinculante, pero aclaró que la norma saldrá adelante con "total garantía y seguridad jurídica". Así, anunciaba que el Gobierno "estudiará el informe y después decidirá lo que tiene que hacer o no".
La nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la futura Ley de Vivienda, que se debatirá el próximo jueves por el Pleno, considera que el anteproyecto distorsiona categorías y conceptos asentados en el Derecho Civil con las definiciones que introduce, que chocan con las que forman parte de otras muchas leyes, "sin que se aprecien razones suficientes para ello".
Los seis vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que votaron en contra del informe sobre la Ley de la Vivienda, aprobado la pasada semana, han elaborado un voto articular en el que muestran su parecer contrario a los argumentos defendidos por la mayoría del Pleno.
Hoy el Consejo de Ministros aprobará por la Ley de Vivienda sin cambios sobre el anteproyecto, que ha sido considerado inconstitucional por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado que mantendrá próximamente un encuentro, junto con la cúpula de su departamento, con el presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, y su Sala de Gobierno para estudiar medidas necesarias para evitar el colapso ante las numerosas bajas producidas entre los magistrados, sin posibilidad de ser sustituidos, prohibición que está en la actualidad en el Tribunal Constitucional a a espera de fallo. El Tribunal Supremo ha solicitado una solución a estas plazas vacantes.
El varapalo del CGPJ que ya se espera Moncloa Se suele decir que a la tercera va la vencida, pero todo apunta a que esto no se aplica para el Consejo General del Poder Judicial. En ámbitos jurídicos se da por hecho que tras el rechazo del órgano que preside Carlos Lesmes a la Ley de Vivienda y la de Digitalización de la Justicia, le llega el turno a la Ley Trans. Una norma que se vende como una de las más relevantes de la legislatura, pero que no lo es tanto ni para el Gobierno. Ni siquiera para Unidas Podemos. De hecho, los únicos que la defienden en las filas moradas son los que aspiran a catapultar a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, como voz de referencia de cara al futuro de la formación. No lo tienen fácil, y no solo por motivos políticos. En el caso de la Ley Trans influye, según fuentes políticas, que el punto de vista de Yolanda Díaz, como feminista clásica, está bastante alejado del de Montero. "Sí a defender derechos, pero Montero abre debates fuera de lugar", afirman desde su entorno. En este sentido, el dictamen del CGPJ sería la excusa para reescribir la Ley, o incluso mandarla al cajón.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en sesión extraordinaria, estima que cuestiona la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados, la colocación, ya retirado, en la estación intermodal de Palma de Mallorca, de un cartel que atribuía a un juez un mensaje vejatorio y machista dirigido a una víctima de violencia de género, en el que aparecían los logotipos del Ministerio de Igualdad, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Institut Balear de la Dona y la Consejería de Igualdad del Gobierno de Baleares.
La Comisión de Ética Judicial señala en un dictamen que el derecho a la libertad de expresión del que gozan los miembros de la Carrera Judicial no ampara en ningún caso las manifestaciones realizadas en redes sociales y medios de comunicación que atenten de forma grave contra el Estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), Carlos Lesmes, ha señalado que la única anomalía democrática en España es la no renovación del CGPJ y de lo que ha culpado a los partidos políticos.
El PSOE ha anunciado el registro en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley, que se tramitará por la vía de urgencia, que modificará de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial y facultará al CGPJ para que pueda nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional, a pesar de la prohibición de realizar nombramientos que tiene mientras se mantenga en funciones.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado dirigirse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su honda preocupación porque la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales, están creando una situación que, de continuar, será insostenible.