Otro problema para Puigdemont: su DNI

Al prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, se le acumulan los problemas. A sus apuros económicos para mantener su tren de vida en Waterloo se une otra nueva complicación: la renovación de su DNI. Este trámite que no significa complicación alguna para la mayoría se convierte en un nuevo quebradero de cabeza para el expresidente de la Generalitat, cuyo documento caduca el próximo 3 de febrero. Máxime porque lo necesita en vigor si quiere presentarse a unas hipotéticas elecciones al Parlament. En dicho caso tendría que acudir a una embajada o un consulado español en el extranjero para hacer el trámite. Pero si lo hace corre el riesgo de ser detenido. De hecho, cuentan que su abogado le ha dicho que “ni se le ocurra”. Por tanto, si Quim Torra no hace lo que se rumorea y retrasa los comicios catalanes a la primavera del próximo año, Puigdemont no podrá presentarse como candidato. Es cierto que al tener vigente el Pasaporte puede seguir viajando por el extranjero. Pero es obvio que la caducidad del DNI supone un nuevo problema de difícil solución para Puigdemont.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, denunciaba en la apertura del Año Judicial el “descrédito” al que la situación política puede llevar al máximo órgano de la judicatura. Un descrédito que nace del origen mismo de la composición de una institución en la que sus miembros son nombrados por los partidos políticos, en función de sus afinidades.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy anunciar en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que quedará vacante el próximo 27 de octubre, fecha en la que expirará el mandato de cinco años para el que fue nombrado su actual titular, Manuel Marchena, el magistrado que ha estado al frente en la vista por el juicio del Procés.

Barcelona, 23 sep (EFE).- El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dicho este lunes que espera que "la reacción" de la sociedad catalana a la sentencia que dicte el TS en el caso del 'procés' "no sea en ningún caso excesiva o sobreactuada".

Barcelona, 23 sep (EFE).- El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dicho este lunes que espera que "la reacción" de la sociedad catalana a la sentencia que dicte el TS en el caso del 'procés' "no sea en ningún caso excesiva o sobreactuada".

Barcelona, 23 sep (EFE).- El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dicho este que lunes espera que "la reacción" de la sociedad catalana a la sentencia que dicte el TS en el caso del 'procés' "no sea en ningún caso excesiva o sobreactuada".

Los órganos judiciales españoles dictaron un total de 13.252 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género en el segundo trimestre del año, de las que el 69,74% (9.242) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 1,4 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2018, que representaron un 68,4% del total.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, destacó que "el cumplimiento de la ley, la tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos, el respeto a las instituciones y la consecución de una convivencia pacífica y civilizada, dependen de la Justicia". Lesmes inauguró en Santander las XVI Jornadas de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia.

"Las manifestaciones públicas de los jueces deben efectuarse en todo caso con prudencia y moderación, pues pueden ser negativas para la apariencia de imparcialidad y, en definitiva, para la imagen de la Justicia". La Comisión de Ética Judicial considera que las informaciones o declaraciones públicas ofrecidas por el juez deben tener como límite los derechos e intereses de las partes en el proceso y el buen desarrollo de las actuaciones judiciales.

El Boletín Oficial del Estado publica la creación del Registro Electrónico del Consejo General del Poder Judicial, que se integrará con el actual Registro General para constituir un Registro General Electrónico Único en el que se anotarán los documentos recibidos en cualquier tipo de soporte, incluido el presencial.

La defensa del expresidente de la ANC y el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, y de los exconsellers y diputados de JxCat Jordi Turull y Josep Rull han pedido que declaren como testigos el Rey; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo por el proceso soberanista.

La exministra Dolores Delgado ha registrado este jueves en el Congreso su renuncia al escaño de diputada, dos días después de haber sido propuesta por el Gobierno para el cargo de fiscal general del Estado, según confirmaron fuentes socialistas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló este jueves que la exministra de Justicia Dolores Delgado cumple los requisitos formales para ser fiscal general del Estado con el apoyo de 12 vocales y con otros siete en contra, lo que da idea de la división de opiniones entre los vocales. No obstante, el informe no es vinculante y deberá ser debatido en el Congreso de los Diputados.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha condiconado hoy la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la "despolitización" de la Justicia en la elección de este órgano y en el nombramiento del fiscal general del Estado, de forma que se apueste por la "separación de poderes y la independencia judicial". Además, ha exigido reforzar la euroorden y tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndums como Pedro Sánchez "prometió" en campaña electoral.

La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han suscrito un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones por el cual, a través del Punto Neutro Judicial, los juzgados y tribunales podrán acceder a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este miércoles al Gobierno de querer reformar el delito de sedición para "amnistiar" no sólo a los condenados por el proceso independentista catalán, sino también al propio presidente, Pedro Sánchez, una acusación a la que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha replicado instando a los 'populares' a abrirse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC).

¿Decepción del Gobierno con Manuel Castells?

El pasado viernes Manuel Castells compareció en público por primera vez desde su nombramiento hace más de un mes como ministro de Universidades. Lo hizo en la Comisión de Universidades del Congreso para anunciar medidas como la eliminación de las horquillas en las tasas para matricularse en educación superior, y la supresión del falso profesor asociado. A pesar de ello, los rumores apuntan a que en el Gobierno existe cierta decepción con Castells. Su excelso currículo hizo pensar a muchos miembros del Ejecutivo que el académico sería mucho más activo de lo que ha sido hasta ahora. Y es que, salvando el viernes, al ministro ha permanecido sin agenda. Tampoco ha convocado a los medios y su presencia en redes sociales es prácticamente nula. Por si fuera poco, durante los primeros quince días de su mandato ni se le vio por el Ministerio ya que estaba terminando su periodo de cátedra en la Universidad de Berkeley. "De un sociólogo y economista de su prestigio se espera mucho más", aseguran fuentes cercanas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El escándalo saltó la semana pasada al desvelarse que Ciudadanos tenía contratado como asesor a Andrés Betancor, catedrático parte de la Junta Electoral y que llevó a resolver denuncias que la formación naranja presentó ante el organismo. Hoy, desde el propio partido, proponen que la entidad solo se componga de los nueve magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El sistema político europeo es, en su mayoría, de corte partidista. Las formaciones políticas son el centro de la vida pública del país, articulando argumentarios a sus miembros e imponiendo directrices y disciplinas de voto. La idea es que más allá de quién esté al mando de la nave, ésta sea reconocible a través del tiempo. Puede haber variaciones de rumbo, pero se presupone que el PSOE o el PP siempre serán coherentes con la inercia de su trayectoria histórica.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado que las inscripciones de nacimientos en el Registro Civil que se encuentran dentro del plazo perentorio no están afectadas por la declaración del estado de alarma y, por tanto, deberán seguirse practicando.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza hoy un texto con 108 medidas como propuesta para el Plan de Choque que evite el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reunió el jueves por videoconferencia con las cuatro asociaciones de jueces y magistrados para tomar el pulso a la actividad judicial y abordar las políticas que ha puesto en marcha el Ministerio para seguir asegurando, en coordinación con el sector, los servicios esenciales durante el estado de alarma.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado, de forma consensuada con el Ministerio de Justicia, levantar a partir del próximo miércoles 15 de abril las limitaciones establecidas el pasado 18 de marzo a la presentación de escritos por medios telemáticos a través de LexNET o de los sistemas equivalentes habilitados en Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé que se van a presentar "centenares de miles de procedimientos contencioso-administrativos" contra el Gobierno y las Administraciones cuando concluya el estado de alarma.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la remisión de trece propuestas al Ministerio de Justicia para que este estudie su posible inclusión en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la Administración de Justicia en relación con la gestión de la pandemia de coronavirus Covid-19 que prepara el Gobierno.

El exjuez Baltasar Garzón y una treintena de juristas, entre ellos tres magistrados eméritos del Supremo, José Luis Martín Pallín, Fernando Salinas y Jordi Agustí, han suscrito un manifiesto de apoyo al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias tras el comunicado del Poder Judicial contra sus críticas a la sentencia que condena a la dirigente de Podemos, Isa Serra.

El Consejo de Ministros prevé aprobar la próxima semana una reforma de la Ley Concursal. Se trata de un texto temporal, basado en las propuestas del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo de Ministros tiene aún pendiente la aprobación del texto refundido de la Ley Concursal, que para los magistrados concursales es un avance, pero que no soluciona las carencias de la actual normativa.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el miércoles, por 13 votos a ocho, el informe al Anteproyecto de proposición de ley de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados para eliminar la participación de los parlamentos autonómicos del proceso de nombramiento de los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) del llamado turno autonómico.

Enfado en Exteriores por la cuarentena de Sanidad

A instancias del ministro de Sanidad Salvador Illa, el Gobierno decretó esta semana una cuarentena obligatoria para los viajeros extranjeros que quieran entrar en España con el objetivo de evitar que se creen nuevos focos de contagio del coronavirus. Como era previsible, la medida cayó como un jarro de agua fría en el sector turístico ante la campaña de verano. No obstante, se comenta que la cuarentena de Sanidad también ha generado un importante malestar en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo visto, la ministra Arancha González Laya y su equipo llevaban más de un mes negociando con la UniónEuropea una normativa que, precisamente, evitara la implantación de cuarentenas de este calado en el territorio comunitario. "Con la medida se ha tirado un montón de trabajo a la basura", dicen en el entorno de González Laya. Las mismas fuentes añaden también que Sanidad era consciente de estas negociaciones. "De ahí que no se entienda que no se haya consultado con Exteriores antes de dar un paso de semejante calibre", dicen.

Cómo controla Iglesias las primarias de Podemos

Las primarias regionales que Unidas Podemos celebró la semana pasada han desatado una importante polémica en la formación morada. De hecho, hay militantes que critican el proceso por estar repleto de irregularidades, de las que acusan directamente a Pablo Iglesias. Dicen que el secretario general se ha servido de la excusa de ahorrar costes para diseñar una maniobra con la que ha logrado el control total del proceso. En concreto, la acción estriba en prescindir de la empresa externa responsable de realizar los recuentos en las votaciones del partido. Ahora esa labor corresponde a los informáticos de Podemos, que están bajo el mando directo de la Secretaría de Organización que Pablo Echenique, fiel escudero de Iglesias, dirige. Un cambio que ha desatado las iras en Podemos. Máxime tras el resultado de las primarias, en las que los candidatos de Iglesias han vencido en las 11 autonomías en las que se realizaba la votación. “Ha habido muchos resultados ajustados y votos que han desaparecido”, asegura un militante de los morados, que como otros muchos considera que Podemos ya no es un partido de las bases, sino que está controlado por “Iglesias y un  grupo muy reducido de amigos suyos”, añade convencido.