A vuela pluma y a la espera de las negociaciones entre los partidos, ahora en serio, la primea reflexión a la que invita el día después de las elecciones catalanas del 14.F es que los resultados son malos para Cataluña, malos para España y desastrosos para el centroderecha constitucionalista que queda relegado a la irrelevancia en la segunda comunidad autónoma española por indicadores económicos y población, y abocado a una refundación y una refundición si quiere mantenerse como alternativa a Sánchez y al sanchismo.
El reparto de los escaños del Parlament de Cataluña que ha dejado el 14-F deja todas las posibilidades postelectorales abiertas y a la vez ninguna segura, por lo que tampoco es descartable una repetición electoral. Si se agotan todos los plazos, la nueva cita con las urnas llegaría en la segunda quincena de julio, pero para llegar hasta ese punto hay muchos pasos previos.
¿La reforma de pensiones ya está en tela de juicio?
El Gobierno creó hace más de un año la Oficina de Prospectiva, un grupo formado por alrededor de 100 expertos a las órdenes del director del Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, con la misión de asesorar sobre las grandes reformas que el país requiere. Se comenta que dicha Oficina ultima, entre otros aspectos, la presentación de un informe sobre el sistema de pensiones. Por lo que se rumorea en Moncloa, parece que el estudio generará polémica, ya que puede que no sea amable con las líneas generales de la reforma que ya plantea la Comisión del Pacto de Toledo. Buena parte de los economistas de la Oficina han comentado en privado en más de una ocasión que las directrices marcadas por el Pacto de Toledo se han quedado cortas y que son claramente insuficientes para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social, dicen desde Moncloa. No obstante, las mismas fuentes recuerdan que existe la posibilidad de que el informe no llegue a hacerse público. Antes debe recibir el visto bueno del equipo de Redondo, que tendrá la última palabra, dicen. A pesar de contar con tal posibilidad, desde el entorno de Redondo se indica que el objetivo es dar a conocer todos los trabajos, sin recortes que realicen los expertos.
"Me sabe a humo, me sabe a humo". Esta copla de Los Chunguitos rondaba ayer en la mente de algunos dirigentes de Cepyme y de muchos pequeños y medianos empresarios cuando escuchaban al Presidente del Gobierno anunciar un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y trabajadores autónomos. Un conejo que Pedro Sánchez se sacó de la chistera para dar un titular a la opinión pública y la publicada con el que ocultar su pésima gestión de la pandemia -que era para lo que comparecía en el Congreso- y para evitar responder a las preguntas de sus señorías sobre la profunda división de su gobierno, las responsabilidades políticas de su vicepresidente segundo, los problemas judiciales, Caja B incluida, del partido coaligado en su gobierno, o de la niñera de su ministra de Igualdad pagada con dinero público.
Se comenta que Pere Aragonés y Oriol Junqueras ya han recibido la lista de consejerías que Junts exige para entrar en el Gobierno de la Generalitat. Por lo visto, los chicos de Carles Puigdemont y Laura Borràs quieren quedarse con Salud, Trabajo y Educación. La primera porque Junts quiere colocar "sí o sí" como secretario de Salud Pública al médico independentista Josep María Argimon. "Es una apuesta personal del propio Puigdemont", dicen desde Junts. En cuanto a Educación, Borràs tiene especial interés en esta consejería para "proteger la inmersión lingüística ante la invasión de las leyes estatales". ERC aún no ha ofrecido su respuesta a estas peticiones. Pero en el partido de Aragonés se dice que la batalla está en Trabajo. "Puigdemont se puede ir olvidando de esa consejería", aseguran. La afirmación indica que en ERC no están dispuestos a que Junts utilice la consejería para cumplir sus promesas electorales de crear un banco nacional catalán y cambiar la Ley de Contratación Pública para expulsar a las grandes cotizadas nacionales de los contratos de la Generalitat, lo que supondría dejar fuera a gigantes como Almirall, CaixaBank, Sabadell, Cellnex, Colonial, Grifols o Naturgy. "Aprobar esas medidas radicales sería una verdadera locura que generaría un daño irreparable a la economía catalana", dicen desde el entorno de Aragonés.
La Ejecutiva de Junts ha aprobado que sus 32 diputados en el Parlament se abstengan en la votación del pleno de investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès, que se celebrará este viernes, por lo que no será elegido presidente de la Generalitat en primera vuelta.
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sigue bloqueada como consecuencia del ataque informático que recibió hace ahora más de dos semanas. Con todo, lo peor es que las perspectivas de que la corporación presidida por Ada Colau recupere la normalidad en sus servicios son negativas. Tanto es así que nadie es capaz de saber ahora con seguridad cuándo será posible superar el ciberataque. Resulta evidente que la imagen de la AMB sale dañada por la alarmante debilidad que ha presentado ante este ataque y su escasa capacidad de recuperación. Aunque aún es más grave que este episodio deje en el aire una serie de servicios que la corporación ofrece, como agua o recogida de basuras. "Es inconcebible que un organismo del que dependen suministros básicos de casi cuatro millones de personas presente esta debilidad", dicen en círculos políticos. Desde la propia AMB aseguran que tanto el agua como la retirada de basuras están asegurados al centrarse la entidad exclusivamente en tareas burocráticas. Pero no ocurre lo mismo con otro tipo de servicios como promoción de suelo o taxis, que también corresponden a la AMB y que llevan suspendidos sine die desde primeros de marzo. A pesar de ello, Colau aún no ha dado explicaciones.
Cuentan que la intención de Pablo Iglesias era aprovechar la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros en el que participó (el del martes) para despedirse de la Vicepresidencia del Gobierno, que ha ocupado por más de un año. De hecho, así procedió Salvador Illa cuando en enero dejó el Ministerio de Sanidad. De ahí que muchos se sorprendieran de que Iglesias no apareciera junto a la ministra Portavoz, María Jesús Montero, en dicha rueda de prensa y se limitara a despedirse a través de un vídeo colgado en redes sociales en el que, por otro lado, se mostró especialmente crítico. En concreto, Iglesias aseguraba con evidente enfado que enfrente del Gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático. Pues bien, hay quien dice que el obvio malestar que Iglesias manifestó durante todo el vídeo se debía a que Moncloa quiso evitar que convirtiera la comparecencia tras el Consejo de Ministros en un mitin de campaña. Es más, algunos dicen que fue el propio Pedro Sánchez el que se encargó personalmente de dar la orden de vetar la despedida que Iglesias anhelaba.
La lucha de ERC y Junts por la Consejería de SaludCerca de dos meses después de que se celebraran las elecciones en Cataluña, aún es imposible saber si los partidos independentistas serán capaces de ponerse de acuerdo para formar el próximo Govern. El enfrentamiento actual que mantienen ERC y Junts per Catalunya pudo comprobarse en las dos sesiones de investidura de Pere Aragonès, que fueron frustradas por la formación de Carles Puigdemont. Se rumorea que la Consejería de Salut, que ahora lidera Alba Vergès, es una de las causas que impiden el pacto de los indepes. Por lo que se comenta, ambas formaciones ambicionan dirigir este departamento de la Generalitat. Ninguna quiere ceder en este sentido, aseguran fuentes independentistas. Pero, ¿por qué ERC y Junts quieren Salut? Según se rumorea, lo que en realidad ambicionan ambos partidos es el control del Institut Català de Salut. Primero porque el director de esta entidad pública tiene un sueldo similar al de la propia Vergès, lo que convierte el puesto en ideal para pagar favores. Con todo, lo más importante es que este organismo presenta una gran libertad para gestionar uno de los presupuestos más altos que manejan los organismos adscritos a la Generalitat. El Institut es el que decide todos los aspectos sobre las compras de material sanitario para los hospitales y los centros de salud de Cataluña, añaden desde la Generalitat.
El 28 de septiembre de 2020 cesó el president Quim Torra al ser confirmada por el Tribunal Supremo la sentencia que le inhabilitaba por desobediencia. El hasta entonces vicepresidente catalán Pere Aragonès asumió el cargo de president en funciones, pero ERC y JuntsxCat acordaron dejar el puesto y el despacho vacantes, por lo que no hubo mayoría en el Parlament de Catalunya para designar un nuevo presidente autonómico con plenas funciones.
El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha propuesto este sábado un Govern en minoría sin Junts "con el compromiso de seguir trabajando para restablecer consensos y acuerdos" con los partidos independentistas del Parlament.
El bloqueo político al que han llevado las negociaciones fallidas entre ERC y Junts para formar Govern tras las elecciones autonómicas del 14 de febrero vivió este miércoles un intento de desescalada, aunque ninguna de las dos formaciones se mostró dispuesta a ceder en sus pretensiones.
El exdirectivo de La Caixa Jaume Giró ha aceptado la invitación de Junts per Catalunya para ser el nuevo consejero catalán de Economía en el Govern de coalición que presidirá el republicano Pere Aragonès. El que fue durante más de una década mano derecha de Isidre Fainé se desvinculó del grupo financiero y de su fundación a principios de 2020, y entonces ya se comentó en sus círculos cercanos que su salida incluía cuestiones políticas, entre otros motivos. Con todo, su entrada en un gobierno independentista ha sido una gran sorpresa, si bien siempre ha intentado tener contacto con los líderes políticos de diverso signo pero con posición relevante tanto en la política catalana como en la estatal.
Ocho meses de interinidad institucional en Cataluña llegan a su fin con la investidura del presidente Pere Aragonès. ERC y Junts alcanzaron su pacto pese a la hostilidad que separa a sus líderes, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, y además, el nuevo Govern incorporará algunos perfiles de carácter más técnico.
Según la estimación de GAD-3 publicada el último domingo, entre el PP (138 diputados) y VOX (40 diputados) el centro derecha estaría ya en la mayoría absoluta, de lo cual puede deducirse que Pedro Sánchez intentará como sea llegar al final de la legislatura, para lo cual tendrá que pactar con los separatistas: PNV, Bildu y ERC. ¿A qué precio?
Así califica el Tribunal Supremo la intención de la factoría Sánchez&Redondo Producciones de indultar a los presos golpistas catalanes.Solución inaceptable porque no hay arrepentimiento ni tampoco interés general que lo justifique. Al contrario. Por mucho que quieran disfrazarlo de naturalidad y de normalidad democrática, el único objetivo de esos pretendidos indultos no es otro que la supervivencia de Pedro Sánchez y su gobierno. Algo que, como le recordó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no depende de su voluntad, depende de su necesidad, recordando que necesita imperiosamente el apoyo de los separatistas catalanes, de los nacionalistas del PNV, de los filoterroristas de EH Bildu y del resto de los Frankestein" para permanecer al menos hasta el final de la legislatura.
El PSC estaría en condiciones de ganar las próximas elecciones autonómicas en Cataluña tanto en votos como en escaños. Así se desprende del CIS preelectoral publicado este jueves con la fecha de la celebración en disputa después de que el TSJC haya suspendido cautelarmente el aplazamiento que las llevaba del 14 de febrero al 30 de mayo por la pandemia, una decisión que el tribunal ha ratificado este mismo jueves y sobre la que se pronunciará definitivamente antes del 8 de febrero.
Han hecho falta más de tres meses de negociaciones, encuentros y desencuentros entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP para que finalmente Pere Aragonés haya podido ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña. A pesar de ello, fuentes independentistas desvelan que la verdadera batalla entre las formaciones empieza justo ahora. Hasta el momento se ha elegido a los consejeros y a sus secretarios generales. Pero el meollo del poder económico está en los siguientes escalones, con los directores generales y los asesores, dicen desde una de las formaciones secesionistas. Las mismas fuentes añaden que son estos cargos técnicos y no tanto sus superiores los que realmente llevan las palancas del poder catalán. De ahí que constituyan el campo de batalla perfecto en el que ERC y Junts deben dirimir su poder. En total, cuentan que son 500 altos cargos los que tienen que repartirse entre los partidos que sostienen el nuevo Govern. Salta a la vista que la previsión es que haya una dura negociación, o más bien una guerra interna para ver quién se queda con los puestos más golosos en la red tan extensa de organismos asociados que tiene la Generalitat, dicen fuentes políticas.
Si no fuera porque he sido diputado ejerciente podría ir con el lirio en la mano. Pero como lo fui, el lirio se me ha caído. ERC ha presentado una enmienda en el congreso al Proyecto de Ley de medidas urgentes y complementarias para apoyar la economía y el empleo. Pensarán ustedes que es para que se ayude a las pymes españolas a relanzar sus actividades. Pues no. Bajo el eufemismo de que Aena reequilibre los descuentos a las tiendas conocidas como Duty Free en realidad está defendiendo a empresas que no son pymes, una de ellas con accionistas como Alibaba, o fondos soberanos de Noruega, Catar o Singapur. O corporaciones dirigidas por individuos que se otorgan bonus multimillonarios mientras exigen descuentos. Lo curioso es que el mismo argumento está recogido en una moción del PP en el Senado para pedir a Aena que reequilibre con más descuentos los arrendamientos a esas tiendas.
La realidad de las ayudas europeas es muy diferente a la que describió el Gobierno cuando aseguraba que su recepción estaba liberada de toda condicionalidad. Muy al contrario, ya en su segundo tramo, la llegada de las transferencias y los créditos no sólo demandará requisitos como reformar el sistema de pensiones y mantener la flexibilidad del mercado laboral.
Tras los indultos a los presos del 1-O, ya circulan rumores que apuntan a que la próxima gran exigencia de la Generalitat de Cataluña al Gobierno central será la extensión de las competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) más allá de los límites que ahora le permite la ley. Este organismo ha sido siempre prioritario para el independentismo. De hecho, fue Artur Mas quien lo ideó, aunque hubo que esperar a la etapa de Carles Puigdemont al frente del Govern para hacerlo realidad. Ahora bien, sus competencias actuales están limitadas a la gestión de los tributos autonómicos y son esas barreras las que precisamente el president Pere Aragonès quiere cambiar. Aunque no existe confirmación oficial de ERC sobre si esta exigencia estará presente en la mesa de diálogo con Pedro Sánchez, sí reconocen que el partido está trabajando en un escenario en el que la ATC tenga competencias para gestionar la totalidad de los impuestos. ERC llevaba esa exigencia en el programa con el que se presentó a las autonómicas del 14-F, por lo que nadie debería sorprenderse si cualquier día Aragonès u otro líder de Esquerra lo hacen público, dicen en el entorno de Moncloa. En la oposición añaden que tras los indultos, tampoco sería una sorpresa que Sánchez les dejara contar con una Hacienda propia, lo que para el independentismo es un gran paso para lograr la autonomía financiera de la República catalana.
Según el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión Europea, texto que fue entregado por Ursula Von der Leyen la semana pasada a Pedro Sánchez, el Gobierno, además de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -que llevará a cabo controles para certificar el cumplimiento de los hitos y objetivos y los resultados obtenidos-, tendrá que ajustarse a que "los fondos asignados a la ejecución del Plan se incardinen en los Presupuestos Generales del Estado".
El asunto de los indultos está produciendo una notable polarización en una opinión pública ya muy polarizada en torno a otros temas. La polarización oculta una realidad bastante más compleja y dificulta la argumentación racional en el espacio público, lo que debe ser subrayado y lamentado.
El acuerdo de Gobierno que, tras varios meses de negociaciones, lograron firmar Junts per Catalunya y ERC para formar Govern tuvo siempre como uno de sus grandes escollos el manejo de los fondos europeos. Una de las quejas de los de Carles Puigdemont era la existencia del Comité Asesor de los Fondos Next Generation impulsado por Pere Aragonés al final de la anterior legislatura y presidido por el economista y concejal de ERC, Miquel Puig. A pesar de ello, se pactó que el reparto lo realizarían ambas formaciones. Pues bien, la tregua ha durado bastante poco. Hasta que el consejero de Economía, Jaume Giró, ha creado la Secretaría de Asuntos Económicos y de Fondos Europeos y la Dirección General de Fondos Europeos, que lidera Mariona Sanz. Según comentan por el Parlament los diputados de ERC están bastante molestos con este nuevo organismo ya que, dicen, rompe el acuerdo alcanzado de reparto igualitario al 50% entre los dos partidos independentistas. "Giro ha dado atribuciones ejecutivas a la Secretaría mientras que el Comité que lidera Puig se ha quedado como un mero órgano consultivo", dicen en el partido de Oriol Junqueras. Las fuentes añaden que aún es pronto para saber si este problema podría llevar a romper el acuerdo de Gobierno, aunque desde ERC avisan que "no descartamos nada".
Sánchez tiene ya prepara la hoja de ruta para los próximos años. Los indultos a los presos del procés serán el salvoconducto para lograr el apoyo de ERC a los Presupuestos. El ministro de Política Territorial y Gestión Pública, Miquel Iceta, convocará en breve la comisión bilateral con Cataluña, que llevaba tres años sin reunirse. El objetivo, en palabras de Iceta, es tratar "las cosas de comer". Es decir, la inversión en infraestructuras y los grandes capítulos como sanidad o educación, que recibieron un gran impulso en el último año, gracias a la pandemia.
Lleva mareando la perdiz desde que llegó. En la última semana ha cambiado de parecer un par de veces. Aunque bien podría ser gallego, porque ya no se sabe si sube o baja, es catalán. Me refiero al conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró. Hace unas semanas reunió a los 34 afectados por las sanciones del Tribunal de Cuentas para comunicarles que el tema estaba solventado. La Generalitat cubriría la indemnización mediante la creación de un fondo de diez millones, respaldado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICV) y el contraaval del Sabadell. Ni una cosa ni la otra eran ciertas.
Además de inesperado, el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado en febrero de 2020 fue objeto de una polémica que está lejos de terminar. De hecho, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo decidirá en octubre si estima el recurso contra el nombramiento de la ex ministra de Justicia presentado por Vox. Cuentan que en el Gobierno se temen que los 40 magistrados de la Sala puedan estar a favor de la "declaración de no idoneidad" de Delgado para el cargo. "La mayoría apoya la destitución de la Fiscal", corroboran fuentes jurídicas. Con todo, el mayor problema que Delgado afronta en los próximos meses de cara a mantener su empleo no está en el Supremo, sino en Moncloa. Por lo visto, el presidente Pedro Sánchez y su equipo de colaboradores considera que la Fiscal "está ya amortizada", por lo que no se descarta que puedan hacerla caer "incluso antes de que se conozca la decisión del Supremo". Dicen que Delgado es bien consciente de su "precaria situación actual" y que "la está pasando factura".
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha desvinculado este miércoles la mesa de diálogo con el Gobierno central del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque ha señalado que "todo ayuda".
El proyecto de ampliación de El Prat está en suspenso por voluntad política, y esa misma voluntad es la que lo puede reactivar sin excusas de plazos administrativos ni de obstáculos ambientales, según reivindicó este lunes la patronal catalana Foment del Treball. Lo hizo en un duro comunicado a los gobiernos catalán y español en el que apela a la responsabilidad de los Ejecutivos para no perjudicar a la economía catalana.
