Con 45 votos contra 14 y nueve abstenciones, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre la orden de detención europea o euroorden, en el que se incluye entre los delitos de aplicación inmediata el de sedición o de ataque a la integridad constitucional de los estados miembros.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado este miércoles que los equipos negociadores europeo y británico han logrado hacer progresos en una de las cuestiones clave aún pendientes para lograr un acuerdo pos-Brexit, la de las garantías para una competencia justa para las empresas de ambas partes.
Los europeos se despiden de este 2020 con una palabra en la boca: incertidumbre. Desconocen en qué momento superarán la pandemia, cuándo echará raíces la recuperación o si llegarán finalmente a un acuerdo con el Reino Unido antes del 31 de diciembre. Entonces terminará el periodo transitorio tras el Brexit, y tras él llegarán los aranceles y nuevas barreras burocráticas al transporte y en otros sectores que causarán un enorme daño económico, a menos que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo en días para dar tiempo a la ratificación parlamentaria.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado este miércoles que los equipos negociadores europeo y británico han logrado hacer progresos en una de las cuestiones clave aún pendientes para lograr un acuerdo pos-Brexit, la de las garantías para una competencia justa para las empresas de ambas partes.
Era sabido que la Comisión Europea contrataba de vez en cuando a consultores para algunos informes que requerían un conocimiento más específico. Pero nadie podía imaginar el enorme gasto dedicado a firmas externas, sobre todo a las cuatro grandes: PwC, KPMG, Deloitte y EY. Solo entre 2016 y 2019, la Comisión Europea gastó más de 462 millones de euros en estas multinacionales, tal y como publicó elEconomista el pasado 18 de marzo, tras analizar información del Sistema de Transparencia Financiera de la UE y otros documentos de la Comisión.
El Parlamento Europeo cree que la Unión Europea (UE) pierde un 13,7% en el tipo impositivo de las compañías tecnológicas. La Eurocámara asegura que "las empresas digitales son gravadas con un tipo impositivo efectivo de solo el 9,5%, en comparación con el 23,2% de los modelos de negocio tradicionales". Así lo apunta en su último informe sobre la implantación del Impuesto sobre los Servicios Digitales (ISD), conocido como tasa Google.