Con 45 votos contra 14 y nueve abstenciones, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre la orden de detención europea o euroorden, en el que se incluye entre los delitos de aplicación inmediata el de sedición o de ataque a la integridad constitucional de los estados miembros.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado este miércoles que los equipos negociadores europeo y británico han logrado hacer progresos en una de las cuestiones clave aún pendientes para lograr un acuerdo pos-Brexit, la de las garantías para una competencia justa para las empresas de ambas partes.
Los europeos se despiden de este 2020 con una palabra en la boca: incertidumbre. Desconocen en qué momento superarán la pandemia, cuándo echará raíces la recuperación o si llegarán finalmente a un acuerdo con el Reino Unido antes del 31 de diciembre. Entonces terminará el periodo transitorio tras el Brexit, y tras él llegarán los aranceles y nuevas barreras burocráticas al transporte y en otros sectores que causarán un enorme daño económico, a menos que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo en días para dar tiempo a la ratificación parlamentaria.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado este miércoles que los equipos negociadores europeo y británico han logrado hacer progresos en una de las cuestiones clave aún pendientes para lograr un acuerdo pos-Brexit, la de las garantías para una competencia justa para las empresas de ambas partes.
Era sabido que la Comisión Europea contrataba de vez en cuando a consultores para algunos informes que requerían un conocimiento más específico. Pero nadie podía imaginar el enorme gasto dedicado a firmas externas, sobre todo a las cuatro grandes: PwC, KPMG, Deloitte y EY. Solo entre 2016 y 2019, la Comisión Europea gastó más de 462 millones de euros en estas multinacionales, tal y como publicó elEconomista el pasado 18 de marzo, tras analizar información del Sistema de Transparencia Financiera de la UE y otros documentos de la Comisión.
El Parlamento Europeo cree que la Unión Europea (UE) pierde un 13,7% en el tipo impositivo de las compañías tecnológicas. La Eurocámara asegura que "las empresas digitales son gravadas con un tipo impositivo efectivo de solo el 9,5%, en comparación con el 23,2% de los modelos de negocio tradicionales". Así lo apunta en su último informe sobre la implantación del Impuesto sobre los Servicios Digitales (ISD), conocido como tasa Google.
La semana que viene, la Comisión Europea presentará las primeras evaluaciones de los planes de recuperación con los que los países accederán a la ayuda europea frente a la pandemia, unos 800.000 millones de euros en total. Dos fuentes confirmaron a elEconomista que España estará entre los primeros que reciban el visto bueno, entre los 23 Estados miembros que han enviado sus borradores. Habrá más, como Portugal o Grecia, pero la elección de quién formará parte del primer bloque de elegidos, y la secuencia, es una decisión "muy política", explica una fuente comunitaria a este diario.
El pleno del Parlamento europeo aprobó una resolución en la que exige que todos los países de la Unión Europea (UE) reconozcan las uniones del mismo sexo formalizadas en otros Estados miembros para asegurar los derechos del colectivo LGTBI y de sus familias, incluidos el de libertad de circulación y el de reagrupación familiar.
La victoria de Olaf Scholz en las elecciones alemanas el pasado mes de octubre devolvió a los socialdemócratas a la cancillería, tras dieciséis años de gobierno de Angela Merkel, y dio un nuevo impulso a los socialistas europeos que en los últimos meses se habían hecho con un puñado de gobiernos, cambiando el equilibrio de fuerzas en la Unión Europea, pero esa representación no se ve reflejada en el liderazgo comunitario, a causa de un acuerdo de 2019.
El Parlamento Europeo estudiará la creación de nuevas plazas públicas de 0 a 3 años en España con fondos europeos, después de que la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil haya reclamado a las instituciones europeas que se limiten a zonas donde su necesidad esté constatada.