La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años y medio de cárcel para el expresidente de Banco de Valencia, José Luis Olivas, por un delito societario continuado de falsedad de cuentas de la entidad en 2009 y 2010, junto con una multa de 45.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que cite a declarar en calidad de investigado al ex consejero delegado de Día Ricardo Currás por presuntos delitos de administración desleal y falsedad contable durante su gestión. La diligencia se insta en el marco de la causa que instruye el juez Alejandro Abascal a partir de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de la compañía, además de una denuncia interpuesta por Borja de la Cierva, exconsejero delegado también del grupo, contra sus predecesores por el estado de las cuentas. Además de llamar a Currás, Anticorrupción propone citar como investigados a otros trabajadores de la compañía, si bien ninguno con un cargo de tanta responsabilidad, de acuerdo a las fuentes consultadas. Entre los querellados por los accionistas minoritarios estaban también Antonio Coto, que sustituyó a Currás tras su cese en agosto de 2018 y el propio De La Cierva.
Por Dulce OlveraEl Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo está cercando por desvío de recursos, nepotismo y otras irregularidades a 12 ex funcionarios públicos de su antecesor, el Senador de oposición, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el Gobierno federal denunció a otro.
El Ministerio Público allanó el local de la Universidad Alas Peruanas en Jesus María, para incautar información sobre el caso del ex secretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramirez.
El exconsjero delegado de Dia, Ricardo Currás, declarará en la Audiencia como investigado. No cabía otra respuesta del Juzgado tras desvelarse las conclusiones de Anticorrupción. La Fiscalía acusa a Currás de idear un plan para mejorar de forma artificial los resultados del grupo.
Ricardo Currás, exconsejero delegado de Dia, tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado -anteriormente imputado- junto a otros cuatro miembros de su cúpula: su número dos, Amando Sánchez y los directivos Luis Martínez Gallardo, Antonio Arnánz y Juan Cubillo.
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no recurrir al Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), que condenó el pasado 19 de noviembre a 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados en el caso, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Nacido en Leópolis (Ucrania) en 1964, Mikjail Fridman es uno de mayores empresarios de Rusia. Con nacionalidad además ucraniana e israelí, es cofundador de Alfa Group, un conglomerado dueño, entre otros activos, de Alfa Bank, el mayor banco privado ruso. En 2013, junto a otros socios, creó la firma de inversión LetterOne, presente, en telecomunicaciones, con Veon o Turkcell; en energía, con la alemana Wintershall; y en distribución, con la británica Holland & Barret, la rusa X5Retail y el 70% de Dia. Investigado por la Audiencia Nacional por haber provocado presuntamente la caída tanto de esta compañía como de la firma Zed Tecnologies, niega las acusaciones y asegura que es una víctima.
Anticorrupción no sólo considera probado que BBVA contrató los servicios del excomisario Villarejo a sabiendas de que era un policía en activo. Además, la acusación considera que la orden provino de forma opaca de la Presidencia de BBVA, que en 2004 ocupaba Francisco González.
La propia investigación interna de BBVA sobre los vínculos del banco con el excomisario Villarejo relaciona a exejecutivos clave de la entidad con esas prácticas. Es una vinculación plenamente coherente. El hecho de que figure la firma del exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, en los contratos con Villarejo no implica que sólo él manejara una operativa tan comprometida.
Los directivos que rodean al actual presidente de BBVA, Carlos Torres, están cada vez más señalados en la trama de espionaje. El actual asesor de presidencia del banco, Juan Asúa, imputado en el caso, tuvo un papel clave en la contratación de las empresas del excomisario Villarejo.
El juez de la Audiencia Nacional negó que BBVA fuera perjudicado por las investigación que las firmas del excomisario José Manuel Villarejo realizó para presuntos asuntos personales del expresidente de la entidad Francisco González (FG). El expolicía buscó fincas en varias zonas de España para que FG las adquiriera. Además, las empresas del exinspector también pagaron muebles al entonces jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano. Bajo estas dos actividades, la entidad quiso personarse en la causa como perjudicada, sin embargo el Ministerio Público propuso al juez Manuel García Castellón esta petición y aconsejó al grupo financiero que, si lo deseaba, podía "instar las acciones que estime conveniente en la reclamación de los derechos" si considera que la actuación de sus directivos "no se produjo en beneficio de la sociedad, sino únicamente en su perjuicio". Animando así a tomar acciones legales contra FG.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que si se decide enjuiciar a los mandatarios que lo antecedieron, se deberá de empezar por el expresidente Carlos Salinas de Gortari pues es -dijo- el padre de la desigualdad moderna en México.
El bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación avanza con determinación para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia ocasionada por el Covid19.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado procesar a 14 personas, entre ellos al excomisario José Villarejo, al marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz, y al hermano de éste, en la pieza del caso Tándem llamada 'Pintor', en la que se investiga si contrataron al expolicía para cobrar una deuda.
El líder del PP, Pablo Casado, ha salido al paso del auto de la Fiscalía Anticorrupción que salpica a exmandatarios del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy recordando no solo que él era diputado durante los hechos que se investigan sino que los señalados ya no están en política.
La Audiencia Nacional dio el pistoletazo de salida a un macrojuicio en noviembre de 2018 que por primera vez, tras seis años, unió a Bankia y su expresidente, Rodrigo Rato, en el mismo bando. Paradójicamente, Bankia ejercía la acusación particular contra Rato y los otros 63 ya condenados por las visas opacas por haberle causado un perjuicio al patrimonio de la entidad, pero entonces el banco también se sentó en el banquillo de los acusados junto al que fue su presidente por la salida a bolsa de la entidad.
La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 'caso Bankia', por la que han sido absueltos los 34 acusados, entre ellos Rodrigo Rato, por los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de la entidad en julio de 2011, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
La asociación de consumidores Adicae ha anunciado este miércoles que no recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a los 34 acusados de la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos su expresidente, Rodrigo Rato, después de que la Fiscalía Anticorrupción acatara el fallo.
Por Oscar Segura. El presidente Vizcarra desde que ascendió al poder el 2018 forjó su popularidad en torno a la lucha contra la corrupción, sin embargo, los recientes escandalos que lo señalan directamente podrían acabar con ese imagen.
La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Elmer Chirre, abrió investigación preliminar contra el presidente Martín Vizcarra por el supuesto pago de 1 millón de soles del consorcio Obrainsa-Astaldi el 2013.
La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina, que depende del Gobierno, dejará de intervenir como querellante en las causas penales en las que se investiga a funcionarios y exfuncionarios públicos. Derivará los casos a la Fiscalía y redesignará su personal, según lo dispuso en una resolución oficial.
La Unidad de Asuntos Internos ha detenido a Gemma Alcalá, la mujer del excomisario José Manuel Villarejo, en una operación bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción en el que hay varios arrestos, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
Anticorrupción investiga a la reina Sofía y a algunos de sus nietos por el uso de tarjetas de crédito opacas, bautizadas en su día como tarjetas black por el famoso caso Bankia. Los movimientos de estas tarjetas, cuyos fondos proceden del extranjero, son posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos: corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Entre los gastos cargados a la tarjeta de la reina Sofía aparecen varios viajes a Londres.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una tercera investigación contra el rey Juan Carlos en base a un informe de inteligencia financiera que remite al Tribunal Supremo. Esta nueva indagación se encuentra en estado "embrionario", según han explicado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, ingresó este domingo a las 17.15 en la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco, en Madrid, para cumplir los 13 años de cárcel que le ha impuesto el Tribunal Supremo tras revisar la sentencia del caso Gürtel. Dicha pena podría verse reducida tras la última decisión de su marido.
El empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey Juan Carlos, ha admitido regalos puntuales al emérito durante su interrogación por la Fiscalía Anticorrupción. Sanginés-Krause también ha confesado que mandó hasta 270.000 euros para la compra y la manutención de una yegua de competición llamada Magali.
La Fiscalía ha informado este viernes de que la regularización voluntaria de más de 670.000 euros del rey emérito Juan Carlos I afecta a "una investigación más amplia" por lo que no archivará automáticamente el caso de las tarjetas opacas.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para el empresario Javier López Madrid seis años de cárcel por los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil, mientras que para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González interesa una pena de cuatro años de prisión por cohecho pasivo y una multa de dos millones de euros en el marco de la pieza número 3 del caso Lezo, la del tren de Navalcarnero.
La Fiscalía ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales más de 80 años de cárcel para el exministro de Economía Rodrigo Rato por supuestamente defraudar más de 8,5 millones de euros, acusándole de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, entre otros, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.