El Gobierno de Pedro Sánchez precipitará este sábado un Consejo de Ministros de carácter extraordinario. El motivo no es otro que aprobar un nuevo decreto con el que prorrogar el plan anticrisis diseñado para combatir las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva rebajada en el IVA aplicado a la electricidad, que pasará del 10% al 5% para intentar contener la escalada de precios en un momento en el que el tope al gas no está teniendo los efectos esperados. Se trata del segundo recorte para la luz en menos de un año, después de que en el verano del año pasado se rebajara el tipo de tributación del 21% al 10%.
Con máximos en la prima de riesgo española, expertos consultados por elEconomista coinciden en demandar una actuación rápida por parte del Gobierno atajando el gasto público improductivo, con una reducción, para empezar, de 12.000 millones de euros -de gasto estructural-, sobre todo, "teniendo en cuenta que el Ejecutivo seguirá sin deflactar las tarifas de los impuestos, y por tanto, generando más recaudación de la debida, sostiene Javier Santacruz, economista de la Think Tank Civismo.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo por el que se autoriza una subvención de 30 millones de euros, recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, para el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).
El presidente del Gobierno ha vuelto a comprar a su socio en Moncloa las recetas populistas de Unidas Podemos para bajar la inflación. En concreto, promoviendo dos nuevos impuestos -a las eléctricas y a los bancos-, y un paquete de medidas, que aumentará el gasto público de las arcas españolas -según el Gobierno, en 15.000 millones entre los dos últimos decretos-, con incremento de becas, subvenciones al transporte, desbloqueo de la Operación Campamento, y un Centro Estatal de Salud Pública.
El discurso triunfalista pronunciado este martes por el presidente del Gobierno se va desvaneciendo poco a poco. Datos de la Comisión Europea sobre el gasto ejecutado de los fondos Next Generation, publicados el 23 de mayo de este año, señalan que, en el caso de España, las transferencias con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, apenas llegaron en 2021 al 0,2% del PIB.
En tiempos de crisis económica e inflación el sector de los pensionistas suele ser el más perjudicado por los desajustes que implican para sus finanzas, sobre todo para los que reciben una jubilación mínima. El alquiler de una vivienda, suele ser uno de los gastos que más se incrementa.
Este Debate del estado de la Nación ha generado una gran expectación porque hace más de un lustro que no se celebraba, concretamente, 7 años. Fue en una España de 2015, muy diferente a la actual, y caracterizada por el bipartidismo. Desde entonces, se han celebrado cuatro elecciones generales, tres mociones de censura siendo exitosa en 2018 la presentada por Pedro Sánchez, que le permitió alzarse como presidente del Gobierno.
La obesidad se articula como uno de los retos sanitarios del siglo XXI. El exceso de peso afecta al 40% de los niños y al 30% de los adolescentes en España y, para tratar de poner freno a este problema de salud pública, el Gobierno de España ha presentado el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030). El objetivo de estas medidas será rebajar su incidencia un 25% durante los próximos 10 años.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue en sus trece y piensa ir a por todas contra el plan de ahorro energético de Pedro Sánchez, hasta presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. Este martes, apenas horas antes de que el Real Decreto 14/2022 tomara forma apagando los escaparates y edificios públicos de España, la Administración madrileña presentó un decálogo, donde punto a punto constata las inconstitucionalidades que, según su análisis jurídico, recoge la medida.
Con los planes de ahorro energético conocidos hasta ahora, en la Unión Europea, España se ha convertido en el país con las restricciones más largas en el tiempo y las sanciones más elevadas. A expensas aun de la opinión de los expertos, autoridades nacionales y locales, y la de los sectores afectados, lo cierto es que son muy pocos los socios europeos que han empezado a implantar ya en el mes agosto medidas como las del Gobierno de Pedro Sánchez.
El Gobierno de España acaba de anunciar que destinará más de 230 millones procedentes de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar la transformación digital de la Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) dentro de PERTE de Salud de Vanguardia. En términos de distribución de fondos, el Ejecutivo dotará a las comunidades autónomas (CCAA) con un total de 70 millones en el presente año y con 160 millones de cara a 2023.
A la economía española le espera un otoño "bastante más duro de lo que pensamo"", ante la posibilidad, que ya refleja el consenso de analistas -como ya recogió elEconomista.es-, pues cada vez ven más cercana una recesión. Así lo constató ayer Madrid Foro Empresarial, cuyo presidente, Hilario Alfaro, anticipa que en invierno habrá una "tormenta perfecta", dada la crisis energética en la que está inmersa principalmente Europa, a causa de la guerra en Ucrania.
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la distribución de 4.739.838,21 euros a Aragón para mpulsar actuaciones en municipios situados en zonas de reto demográfico.
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la distribución de 4.739.838,21 euros a Aragón para mpulsar actuaciones en municipios situados en zonas de reto demográfico.
Por lo que uno sabe a través de los medios, Pedro Sánchez lleva sin llamar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, más de seis meses y no parece que esté dispuesto al diálogo con el PP, excepto si este partido se aviene a bajarse los pantalones y apoya cambios favorables a Sánchez en el Consejo General del Poder Judicial o en decretos ley de los muchos que el Gobierno ha puesto en circulación.
Si hubiera que buscarle calificativos a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, lamentablemente tendríamos que recurrir a términos como "decepción" y "frustración". Ni han respondido a las expectativas generadas en el tejido empresarial, estimuladas por la propaganda gubernamental, ni están impulsando nuestro crecimiento a los niveles señalados en las previsiones que para 2021 y 2022 nos trasladó la vicepresidenta económica.
la Cumbre mundial de la OTAN en Madrid, los días 28 y 29 de julio, y ante la eminente votación en el Congreso de los Diputados esta semana del techo de gasto o gasto no financiero, el Gobierno de Pedro Sánchez se ve ahora en la necesidad de matizar los compromisos alcanzados en esa cita, y que pasaban por incrementar la partida al 2% del PIB, antes de 2030. Es decir, unos 1.200 millones de euros al año, como ya calculó eE.
El Consejo de Ministros ha aprobado de forma definitiva la bajada del IVA del gas del 21% al 5%. La decisión llega dos semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo anunciase en el Senado ante el líder del partido de la oposición, Núñez Feijóo.
Este miércoles, España y Alemania se comprometieron a fortalecer las capacidades europeas en materia de defensa y reforzar la cooperación sobre armamento e industria del sector, aunque sortearon mencionar al escudo antimisiles europeo ni a la posibilidad de que España se sume a este proyecto impulsado por Berlín. España, el penúltimo país de la OTAN de gasto en Defensa.
El anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los más expansivos de la historia de la democracia, sigue siendo objeto de análisis. Y sin duda el incremento del gasto público es uno de los detalles que se no le escapa a los expertos, que observan cómo desde las cuentas de 2018 de Mariano Rajoy, este apartado se ha elevado hasta un 41,5% con el Gobierno de Pedro Sánchez, pasando de los 318.444 millones de euros, a los 450.722 millones.
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha denunciado este martes un catálogo de "carencias notables" de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Entre ellos, unas previsiones que no son realistas y partidas que no están asignadas. La AIReF -ha admitido Cristina Herrero- llegó a dudar de entregar o no su aval. Además, y en clave macroeconómica, el organismo anticipa una evolución negativa del PIB en el cuarto trimestre de este año, al tiempo que no ve recuperación de nuestra economía hasta la primavera de 2023, siendo en 2024 cuando España empiece a recuperar los niveles prepandemia.
La lenta ejecución de los fondos Next Generation y en concreto de los Pertes, por parte del Gobierno de España, ha colocado al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante un difícil examen si quiere recibir el importe total de las 70.000 millones de euros designados.
Malas noticias para el Gobierno. En línea con la mayoría de instituciones, el último informe del Consejo General del Economistas -publicado este lunes- ha revisado a la baja los datos del PIB para este año y el próximo, dejando la previsión en un 3,8% para 2022 -seis décimas de la previsión de Nadia Calviño-, y en el 0,9% para 2023 -es decir, un punto menos que lo previsto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez-. Además, el Consejo General de Economistas mantiene la tasa de inflación subyacente en el 6,2%, en una jornada en la que la inflación de la eurozona se deboca y escala a un récord del 10,7% en octubre.
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue utilizando tablas de Excel para recoger la información de la evolución y gestión de los fondos Next Generation.
El Ministerio de Hacienda acaba de reconocer que, en lo que lleva de año, apenas ha realizado pagos del 21,43% de los fondos Next Generation del total de lo presupuestado para el conjunto de 2022. Así lo recoge el último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con los datos del tercer trimestre.
El Partido Popular ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados su disconformidad por el veto del Gobierno de Pedro Sánchez a las propuestas fiscales de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. Y más en concreto, a la rebaja de IRPF para la clase media y trabajadora y, también de la reducción del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra. La denuncia del Grupo Popular se extiende al veto masivo de 250 enmiendas en el trámite de los Presupuestos Generales del Estado.
Eurostat muestra cómo la deuda pública crece a dos dígitos (medido en diferencia por puntos porcentuales) en varias de las principales economías europeas desde 2019 a 2021. Sin embargo, solo en el caso de España este avance supera los 20 puntos. Por ello, el pasivo nacional terminó el pasado año en el 118,3% frente al 98,2% de 2019. Se trata de una diferencia que supera en casi 10 puntos el avance promedio en toda la eurozona, situado en 11,5 y muy por encima de primeras economías de la UE, como Francia (15,4) Italia (16,2) o Alemania (9,7). La crisis sanitaria provocada por el Covid no sirve de excusa para explicar este mayor endeudamiento de España, ya que ha sido un problema que ha afectado a todos los países prácticamente por igual. De ahí que el único argumento válido resida en una política económica basada en el aumento del gasto público impulsada por el Gobierno. Un incremento que en este 2022 podrá compensarse por el incremento récord de la recaudación, por el fuerte rebote de la actividad y por el alza de inflación, tras la pandemia. El problema es que estos factores coyunturales dejarán de aportar ya en 2023. El proceso de normalización monetaria contendrá el IPC lo que mermará los ingresos públicos. Un menoscabo al que también contribuirá el menor crecimiento económico previsto para el próximo ejercicio. Ante este escenario de menor recaudación, el Ejecutivo debería haber llevado a cabo medidas de ajuste del gasto. Más aún en un contexto de agresivas subidas de tipos de interés, que encarecen la financiación. Pero, por desgracia, la única realidad es que el Gobierno sigue estirando el chicle del gasto para conseguir recuperar votos a costa de agravar el desequilibrio de las cuentas públicas y la mochila de la deuda.
El Gobierno ha optado finalmente por prescindir del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, tirando por la borda una inversión de 300 millones de euros, repartidos en una larga lista de proyectos que se han llevado a cabo desde la adjudicación del proyecto, entre los que se encuentra reforzar las carreteras de la zona para que soporten el pesado transporte de los residuos atómicos, en estudios de consultoría, en un centro tecnológico asociado o en la construcción de naves industriales a su alrededor.
Fracaso total. Así es como mejor se puede definir la cuarta subasta de renovables que ha organizado este martes el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Solo Forestalia y Elawan Energy lograron adjudicarse 50 megavatios (MW) de los 1.500 subastados en el cupo de potencia para energía eólica -30 MW Elawan Energy y 20 MW Forestalia-. En el caso del cupo de potencia para energía solar fotovoltaica, de 1.800 MW, este quedó completamente desierto.