El Gobierno ha calculado que la reversión al Estado del tramo catalán de la AP-7, que el próximo mes de agosto eliminará sus peajes y pasará a ser gratuita, generará un déficit de 1.291 millones de euros en las cuentas públicas de este año.
Con la confirmación por parte del Gobierno de la intención de imponer una tasa en toda la red de autovías españolas, e incluso en otras carreteras autonómicas, la polémica está servida dada la gratuidad que siempre ha caracterizado a España. Un coste que aún ni es oficial que se implantará, aunque las previsiones hablan de 2024, ni tiene un precio determinado, las diferentes instituciones implicadas manejan una cifra entre 3 y 5 céntimos por kilómetro.
El Gobierno se decanta por el modelo portugués para desarrollar su sistema de pagos en autovías de alta capacidad para contribuir a su mantenimiento. Dicho modelo se basaría en la instalación de pórticos metálicos que no interrumpen la circulación y permiten el pago telemático.
El Gobierno ha puesto en marcha un plan por el que a partir de 2024 la red de carreteras de alta capacidad de España estará tarificada -y no descarta que pueda también afectar a vías convencionales-. En esta tarea llevan meses trabajando desde diferentes ministerios, con el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la cabeza.
El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha reafirmado hoy el interés de ACS en participar en la compra de Autostrade per l'Italia (ASPI), la mayor concesionaria de autopistas de Italia propiedad de Atlantia, su socio en Abertis.
La implantación del pago por uso en la red de carreteras de alta capacidad de España multiplicará los recursos de la Administración hasta aproximarse a los 3.000 millones de euros anuales, lo que supondría incrementar en cerca de la mitad el Presupuesto que tiene en la actualidad para infraestructuras viarias el Ministerio de Transportes (2.340 millones de euros). Esto deriva de la posible concesión para la gestión de los peajes y de los ingresos fiscales, a lo que se sumarán los ahorros por la eventual concesión a operadores privados.
ACS persiste en su ofensiva para adquirir Autostrade per lItalia (ASPI), la mayor concesionaria de autopistas de Italia, pero aguardará a la decisión de la junta general de accionistas de Atlantia, propietaria de la empresa, el próximo 31 de mayo, sobre la oferta presentada por el banco público italiano CDP, el fondo australiano Macquarie y la gestora americana Blackstone para dar nuevos pasos.
Pese a que el Gobierno ha reconocido en los últimos días que el sistema de extender los peajes a todas las autovías ha dado un paso atrás, pues necesita del consenso de todos los grupos parlamentarios, la idea llevada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Bruselas ha levantado toda una polémica entre los conductores españoles. A favor, pocos; en contra, muchos; el carácter histórico de gratuidad se podría ver alterado por un plan que otros países del entorno ya llevan implementando años.
El final del estado de alarma en España el pasado 9 de mayo ha tenido un efecto rebote inmediato en las cifras de tráfico de las autopistas de peaje. Tanto que el mayor operador del mercado español, Abertis, ya registra niveles similares a los de antes de la pandemia.
Los accionistas de la concesionaria italiana Atlantia, socia de ACS en la española Abertis, aceptaron este lunes la oferta presentada por el banco italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP) y los fondos Blackstone y Macquarie para la compra del 88,06% que la italiana tiene en la filial Autostrade per l'Italia (ASPI). La decisión deja a ACS sin la filial italiana tras haber manifestado recientemente interés en su adquisición.
La licitación de los contratos para la conservación y explotación de las autopistas AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y AP-7 La Jonquera-Barcelona-Tarragona, con un valor conjunto de 627,8 millones de euros, ha atraído un elevado interés por parte de las constructoras y empresas especializadas en mantenimiento de infraestructuras, habituales en este tipo de concursos.
Contrucciones Rubau explora la venta de sus participaciones en las dos concesiones de autopistas de peaje que tiene en México, según indican diversas fuentes del mercado. Para ello, ha contratado los servicios de asesoramiento de Rubicon Capital Advisors. Fuentes oficiales de la constructora catalana niegan a este diario tener la intención de vender sus activos en el país azteca.
El Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a tener listo el nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país antes del 30 de junio de 2022, con el fin de comenzar a aplicarlo en el año 2024. Así figura en el informe de la Comisión Europea sobre el plan de recuperación de España, en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez enmarca esta revisión del sistema de pago en carreteras dentro de un epígrafe de reforma de medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica.
En las sociedades desarrolladas, el recurso realmente escaso es el tiempo. Esto es más evidente en las grandes ciudades, donde el aumento de población de las últimas dos décadas no ha estado acompañado de un crecimiento de sus infraestructuras. La escasez de espacio y las limitaciones de presupuesto público explican esa falta de adecuación de las infraestructuras. Esto genera un problema de movilidad en las grandes ciudades, situación común en todos los países, desarrollados o no. Numerosos estudios han reflejado el enorme coste económico de los habituales atascos diarios. Este coste en productividad tiene también su reflejo en el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de las grandes urbes. En un mundo donde la tecnología permite acceder a una gran variedad alternativas de ocio con un simple click, perder una hora diaria en atascos es una realidad insoportable.
La autopista 407 ETR de Canadá, el principal activo de Ferrovial en el mundo, ha mantenido en el segundo trimestre del año suspendido el pago de un divididendo a sus accionistas a pesar de registrar un fuerte impulso del tráfico con respecto al mismo periodo del año pasado, trasladado en una significativa mejora de sus resultados operativos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo en Galicia una "drástica reducción" de los peajes de la AP-9 a través de bonificaciones a la concesión. Las bonificaciones en los trayectos de la autopista, la más usada de la comunidad gallega, se aprobarán el martes en el Consejo de Ministros comenzarán a aplicarse previsiblemente este fin de semana.
Ferrovial rebajó en el primer semestre del año las pérdidas a 177 millones de euros, frente a los 384 millones que registró en el mismo periodo de 2020.
La Comunidad Autónoma de Galicia acaba de ser beneficiada por parte del ejecutivo de Sánchez con una rebaja histórica en los peajes de la autopista del Atlántico (AP-9), eje que vertebra el norte con el sur de Galicia, y cuyo tránsito de vehículos ligeros ascendió en 2019 a 95,3 millones. Esta decisión ya ha producido agravios comparativos en el Principado de Asturias, que no duda en reclamar la supresión del peaje de Huerna (AP-66) o en su defecto, rebajar las tasas. Prueba de ello es que el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha exigido al Gobierno de España que incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 una partida específica para aplicar bonificaciones en el peaje de Huerna siendo para el Principado una absoluta prioridad.
El fin de varias concesiones de autopistas catalanas este 31 de agosto ya tiene plan definitivo de bajas y sus condiciones de despido, tras el acuerdo alcanzado entre las empresas del grupo Abertis responsables de la gestión de las vías y la representación sindical, que ha sido ratificado por los trabajadores. Así, se aplicarán 340 despidos, la gran mayoría vinculados a los peajes, y se subrogarán otros 240 empleos de conservación y mantenimiento a las administraciones públicas.
El próximo 1 de septiembre, Abertis liberará uno de los tramos de autopista más caros de toda España. En línea con las actuaciones de los últimos años, por los que muchos peajes han dejado de existir, y en medio de la intención del Gobierno de cobrar en la mayoría de las carreteras, más de 500 kilómetros pasarán a ser gratis, con Cataluña como la gran beneficiada.
Varias de las principales autopistas de Cataluña y Aragón quedarán, desde la semana próxima, liberadas de peajes.
Desde el 1 de septiembre, los conductores dejarán de pagar peaje en varias de las principales autopistas de Cataluña y Aragón. La reversión de las concesiones al Estado y la Generalitat convertirá en gratuitos estos tramos, que son de los más caros de España. Con ello, los usuarios dejarán de abonar los más de 600 millones de euros que pagan anualmente -antes de la pandemia- por usar estas vías. Una cifra que desde el Ministerio de Transportes elevan hasta los 752 millones solo por las autopistas estatales liberadas por el aumento de la demanda prevista, con lo que el importe, incluyendo las autonómicas catalanas se incrementaría hasta el entorno de los 850 millones. En función del tramo, cada conductor se ahorrará diariamente entre 2,8 euros y 28,85 euros.
Abertis afronta este martes el final de dos contratos de concesión en España, el de Acesa, el más importante del grupo en el mundo, y el de Invicat. Esto provocará un duro impacto en la cuenta de resultados de la compañía que controlan Atlantia y ACS.
FCC busca dar un salto de gigante en Estados Unidos, un país donde ya tiene una presencia consolidada en el área de medio ambiente y pretende hacer lo propio en la de construcción. Así, el grupo que dirige Pablo Colio acaba de entrar en la puja final para hacerse con una de las obras más relevantes del mundo, con un presupuesto que supera los 3.100 millones de euros. Se trata del contrato para el diseño y la ampliación de la autopista I-270 a la I-70, en el estado de Maryland.
El final de varias concesiones de autopistas de peaje el pasado 1 de septiembre tendrá un efecto directo en los presupuestos públicos para poder hacer frente a sus costes de mantenimiento.
Finalizada la campaña de verano 2021 en la Dirección General de Tráfico (DGT), con el dato de siniestralidad más bajo de los últimos años, la institución sigue incidiendo en que no hay que cantar victoria y hay que seguir reduciendo los fallecidos en carretera hasta el objetivo de "cero víctimas". Por ello, es vital cumplir toda la normativa vigente, para alcanzar la mayor seguridad posible, donde cobra especial relevancia la velocidad máxima y las multas que se aplican por superarlas. Sin embargo, es en esta popular sanción donde hay un 'pequeño truco'.
Agosto y la operación retorno de las vacaciones han arrojado el primer crecimiento en el tráfico de las autopistas de Abertis en España desde la irrupción del Covid-19 y en relación a los niveles previos a la pandemia. Y lo ha hecho, en su última semana, con un incremento de la intensidad media diaria (IMD) del 10,1%. Un aumento que consolida la tendencia de los últimos meses en que, una vez levantado el estado de alarma el 10 de mayo, el uso de las carreteras españolas ha ido recuperándose progresivamente.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha señalado que para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la autovía ferroviaria Zaragoza-Algeciras es un proyecto "prioritario y urgente", que contará con financiación de fondos europeos MRR.
La política de movilidad española va en dirección contraria a la de sus homólogos europeos. Al final del trayecto, probablemente tendremos más impuestos, más déficit y la congestión seguirá aumentando.