Un paso histórico dio el Congreso chileno al aprobar una reforma que permitirá iniciar el proceso para cambiar la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet, aunque rechazó el pedido opositor sobre cuotas de participación para mujeres, indígenas e independientes.
(Reuters) - El presidente chileno Sebastián Piñera promulgó el lunes la ley que convoca a un plebiscito en abril de 2020 para consultar sobre una nueva Constitución, un proceso que según él debería servir para dejar atrás la violencia y las divisiones tras dos meses de masivas movilizaciones sociales.
Decepcionante, neutro, inocuo. Estos son algunos de los calificativos que una mayoría de ciudadanos de a pié y un número no pequeño de comentaristas , esperando quizas una contudencia mayor, han dedicado al discurso de Navidad del Rey Felipe VI.
El Senado votará que la eventual convención constituyente que pueda resultar del plebiscito constitucional del 26 de abril, en el que se decidirá si se redacta una nueva Constitución y cómo se hace, tenga paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios antes del 20 de enero.
El Rey ha destacado este lunes el compromiso de las Fuerzas Armadas con España y la Constitución, acompañado por sus valores de "profesionalidad, sentido del deber y del honor" que demuestran con su "constante y generosa entrega al servicio del pueblo español".
El 2 de septiembre de 2011 el Congreso de los Diputados aprobó, con 316 votos a favor y 5 en contra, una importante reforma de la actual Constitución Española: el cambio en el texto del artículo 135 del Título VII, relativo a Economía y Hacienda. José Luis Rodríguez Zapatero, al frente del Gobierno, promovió el cambio. La propuesta fue aprobada con los votos del PSOE y del PP. En total 316 síes. Muy por encima de los tres quintos necesarios (212 votos a favor) para la sacar adelante la modificación constitucional. Se ausentaron de la Cámara la mayoría de los que ahora facilitarán un Gobierno PSOE-UP: Izquierda Unida (hoy en UP), ERC, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), también con Podemos en la actualidad.
El Ejecutivo de una Comunidad Autónoma no puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas en su Parlamento al no reconocerlo así la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según establece el Tribunal Constitucional en una sentencia de 18 de diciembre de 2019.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido hoy el nombramiento de su antecesora, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado. "Es una profesional impecable", ha manifestado el ministro a su llegada a la entrega de premios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), su primer acto oficial como ministro.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió este martes con los integrantes del comité encargado de elaborar la Constitución Moral, tema que ha promovido desde antes de ganar la presidencia de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México contará con un auténtico Estado de bienestar cuando el derecho del pueblo a la salud, a la pensión de adultos mayores y las becas para los estudiantes de escasos recursos se eleven a rango constitucional. "Esa -dijo- es la reforma pendiente".
Al hilo de las recientes declaraciones de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, destacando la necesidad de avanzar en el "cumplimiento íntegro" del Estatuto y asegurando que ello "conlleva la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social", hay que destacar que el Tribunal Constitucional (TC) ve posible la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco bajo ciertas condiciones. Puede verse en una sentencia en relación a dos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno Vasco contra la atribución al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la gestión de las ayudas para que suscriban un contrato de formación y aprendizaje, por un lado, y, por otro, frente a un recurso contra la regulación por parte del Estado del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED).
Chile dará esinicioa la campaña para el plebiscito constitucional del 26 de abril, una contienda que los expertos auguran crispada y que es la más importante desde la que en 1988 puso fin a la dictadura militar.
El Congreso chileno aprobó la paridad de género para el proceso constituyente que tendrá lugar si el plebiscito del 26 abril se salda con un resultado a favor de cambiar la Constitución .
El proyecto entrega la atribución para decretar que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica frente a situaciones de peligro. Diputados plantearon la necesidad de delimitar el ámbito de aplicación de la norma.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decretado finalmente el 'estado de alarma' desde el sábado y por 15 días ampliables por la crisis del coronavirus, una medida que se reclamaba al Ejecutivo desde la oposición sin más demora y que ya han tomado otros países como Bélgica. Pero... ¿qué es, cómo se decreta y cómo se aplica?
El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, recordó este domingo que el artículo 128 de la Constitución establece que toda la riqueza del país, con independencia de a quién pertenezca "está subordinada al interés general". En directo | Última hora sobre el coronavirus
El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha llevado al extremo su admiración por un régimen como el venezolano y su gratitud por la financiación chavista - un régimen, el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha llevado a la pobreza a 30 millones de ciudadanos del país caribeño- y que Iglesias quiere implantar, con la excusa de la pandemia de coronavirus, en España, al margen de la Constitución y de la UE, desposeyendo a los empresarios de su medio de vida y a los ciudadanos de sus ahorros, lo que minaría la inversión y el consumo. | Editorial: Giro hacia el comunismo populista que destruye la seguridad jurídica.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y demás ministros de Justicia de la Unión Europea han mantenido hoy una reunión informal por videoconferencia para analizar el impacto que la crisis sanitaria está teniendo en el funcionamiento de los sistemas de Justicia de la UE.
El Ministerio de Transporte ha publicado una orden en la que se autoriza a las comunidades autónomas para que puedan obligar a los propietarios de viviendas a dar "una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables".
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reiterado en varias de las ruedas de prensa en las que ha participado desde la declaración del Estado de alarma, su defensa de la utilización del artículo 128 de la Constitución que establece en su primer párrafo que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general", como clave para hacer frente a la crisis del coronavirus.
Apenas han pasado diez días de la comparecencia de Pedo Sánchez ante el Congreso de los Diputados. En este breve espacio de tiempo han quedado meridianamente claras tres cuestiones.
Un grupo de Juristas ha presentado este domingo una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar lo que consideran la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia con motivo de la declaración del estado de alarma en todo el país.
La actual crisis presenta claras diferencias con las turbulencias desatadas a partir de 2008. La recesión que ha comenzado no tiene su origen en la inestabilidad del sector financiero como sí ocurrió a finales de la década pasada. Muy al contrario, los bancos europeos, pese a las dificultades que atraviesan para elevar su rentabilidad, y el mayor esfuerzo en la concesión de crédito que se les exigirá, están lejos de presentar problemas de solvencia que requieran su intervención.
Los mensajes populistas de Pablo Iglesias desatan el pánico entre los grandes ahorradores, que buscan refugio para su dinero en el extranjero. Varias entidades admiten que en las últimas semanas se han incrementado las consultas de los clientes de banca privada para trasladar sus ahorros o inversiones fuera de España ante el temor de que el Gobierno cumpla con las pretensiones del vicepresidente de nacionalizar empresas y socializar ahorros para afrontar la crisis del coronavirus. "La gente tiene un temor irracional y el dinero busca seguridad", aseguran a este diario desde una entidad de banca privada.
El Consejo Editorial de elEconomista protagoniza una iniciativa inédita en la Prensa española. El desafío sin precedentes que afronta España empuja a sus miembros a elaborar, y dotar de la máxima difusión nacional y exterior, su Decálogo para la acción inmediata y la reactivación social.
El Congreso discute otra prórroga del estado de alarma, vigente desde el 14 de marzo. En esta ocasión, el debate se plantea en condiciones diferentes. Por primera vez, existe el riesgo de que su renovación se frustre y el Gobierno reaccionó de una forma desproporcionada.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha apostado por abordar una reforma del Senado de alcance constitucional que consolide el carácter territorial de la Cámara Alta con un modelo "cuasifederal" que permita participar en sus debates a los gobiernos de las Comunidades Autónomas.
En los inicios de todo este drama del Covid-19 fuimos muchos los que pensábamos que cuando todo terminara íbamos a salir de la pandemia más unidos y más fortalecidos. Craso error. Porque la realidad ha venido a demostrarnos que toda nuestra ingenuidad, nuestra vocación democrática y de tolerancia iba a estrellarse contra la incompetencia de un Gobierno dividido y desbordado, la mediocridad de una gran parte de la clase política ejerciente y con el fanatismo y la irracionalidad de los extremistas que se retroalimentan en su agresividad y en su incultura.
Blindar las pensiones y el sistema público sanitario en la Constitución costaría a las arcas del Estado 14.500 millones de euros más en gasto cada año. Una cifra que, pese a las soflamas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria sobre esta materia, los expertos y organismos internacionales advierten de que es inasumible para la Seguridad Social que ya en tiempos de bonanza de la economía registra déficits anuales del 1,5% del PIB, unos 18.000 millones de euros y que este año rebasará el 5% del PIB, 60.000 millones de euros, a causa de la crisis sanitaria.
El presidente Sánchez hizo pública en abril su intención de "blindar" el gasto público en Sanidad, remitiéndose al pacto de Gobierno con Podemos.
