El Consejo Editorial de elEconomista protagoniza una iniciativa inédita en la Prensa española. El desafío sin precedentes que afronta España empuja a sus miembros a elaborar, y dotar de la máxima difusión nacional y exterior, su Decálogo para la acción inmediata y la reactivación social.
El Congreso discute otra prórroga del estado de alarma, vigente desde el 14 de marzo. En esta ocasión, el debate se plantea en condiciones diferentes. Por primera vez, existe el riesgo de que su renovación se frustre y el Gobierno reaccionó de una forma desproporcionada.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha apostado por abordar una reforma del Senado de alcance constitucional que consolide el carácter territorial de la Cámara Alta con un modelo "cuasifederal" que permita participar en sus debates a los gobiernos de las Comunidades Autónomas.
En los inicios de todo este drama del Covid-19 fuimos muchos los que pensábamos que cuando todo terminara íbamos a salir de la pandemia más unidos y más fortalecidos. Craso error. Porque la realidad ha venido a demostrarnos que toda nuestra ingenuidad, nuestra vocación democrática y de tolerancia iba a estrellarse contra la incompetencia de un Gobierno dividido y desbordado, la mediocridad de una gran parte de la clase política ejerciente y con el fanatismo y la irracionalidad de los extremistas que se retroalimentan en su agresividad y en su incultura.
Blindar las pensiones y el sistema público sanitario en la Constitución costaría a las arcas del Estado 14.500 millones de euros más en gasto cada año. Una cifra que, pese a las soflamas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria sobre esta materia, los expertos y organismos internacionales advierten de que es inasumible para la Seguridad Social que ya en tiempos de bonanza de la economía registra déficits anuales del 1,5% del PIB, unos 18.000 millones de euros y que este año rebasará el 5% del PIB, 60.000 millones de euros, a causa de la crisis sanitaria.
El presidente Sánchez hizo pública en abril su intención de "blindar" el gasto público en Sanidad, remitiéndose al pacto de Gobierno con Podemos.
En poco más de dos semanas, el Estado acometerá el primer pago del ingreso mínimo vital. Desde entonces, la Administración central tendrá que asumir una prestación que todas las autonomías, sin excepción, sufragaban desde hace años.
La Fiscalía General del estado se ha convertido en uno de los arietes del Gobierno para reinventar la Constitución española. Desde que Sánchez designó a Dolores Delgado, para la Fiscalía General del Estado, siendo ministra de Justicia en activo, demostró que su actual objetivo es tener todos los puestos relevantes bien atados, con gente de su máxima confianza. Por ello, la actuación de oficio de la Fiscalía General, en torno al rey emérito, la que rebajaba su petición de condena para el exjefe de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero, y la solicitud del archivo de la causa del 8-M, aunque jurídicamente justificables han encendido todas alarmas en buena parte de la población, por la inoportunidad de semejantes coincidencias, con las estrategias políticas de UP.
El estado de alarma decretado en marzo llega a su fin en la madrugada de este domingo. Termina así un periodo inédito en la historia española en el que una medida prevista en la Constitución con carácter de fuerza mayor y puntual se prolongó 100 días después de seis prórrogas. Tan largo periodo de tiempo permitió que medrara toda una maraña de leyes de ínfima calidad jurídica y escasa efectividad (aún hay problemas en ámbitos clave, como el suministro de material sanitario).
El presidente Martín Vizcarra dijo hoy que en 48 horas se espera llegar a un acuerdo con las clínicas privadas para la atención de pacientes afectados por COVID-19 con una tarifa razonable asumida por el Gobierno.
Un total de 15 especialistas renunciaron al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso, tras los cambios constitucionales que se aprobaron en el pleno el domingo pasado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario este miércoles de afrontar un cambio en la Constitución para limitar la inviolabilidad del Rey y ha recalcado que no debe haber espacio para la impunidad.
Los debates sobre la efectividad o la demora en las medidas contra el coronavirus parecen haber sucumbido en este primer tercio del mes de julio a nuevas controversias en la política española. Los flagrantes errores y las manipulaciones del gobierno en los meses de la enfermedad se han traspasado a las comunidades a las que compete ahora todo el dispositivo, por lo que el foco de atención se desvía a asuntos con más rendimiento de imagen y si puede ser también rendimiento electoral, que este domingo hay elecciones en Galicia y el País Vasco. Por eso resurge el viejo anatema antimonárquico, fuertemente impulsado por las investigaciones de la justicia suiza contra el anterior Jefe del Estado que son maná para la causa que pretende derribar la Corona en un plazo no mayor a una década, y si puede ser en la mitad de ese tiempo.
¿Qué pasaría si Pablo Iglesias abandonara el Gobierno? Esto se lo debe preguntar todos los días y a todas horas Pedro Sánchez. Lo cierto es que resta más que lo que aporta. Sin embargo, no se le puede echar sin crear una grave desestabilización tanto política como económica. Le guste o no, lo cierto es que le ha tocado arar con estos bueyes.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo que la solución al problema catalán "debe ser política y negociada" porque las sentencias no resuelven los problemas políticos. En este sentido ha abogado por "dar una vuelta al Título VIII de la Constitución -que regula la organización territorial de España- aunque sea para dejarlo igual" y por potenciar el federalismo, pero "manteniendo el título preliminar de la Constitución, dentro de la unidad de España".
Está aprovechando Pedro Sánchez los escándalos de corrupción que rodean a Juan Carlos I para terminar con la monarquía como le acusa la oposición? Hay opiniones para todos los gustos, pero en las esferas del poder se opina exactamente lo contrario. El presidente del gobierno está haciendo auténticos equilibrios malabares para salvar la institución y evitar que los escándalos del Rey Emérito no terminen salpicando a Felipe VI.
Resulta paradójico que este Gobierno y los partidos de la coalición socialcomunista, que tanto se esfuerzan en recuperar la memoria histórica de hace más de 80 años, se olviden y se esfuercen en borrar la memoria más reciente de una Transición que con el esfuerzo y la generosidad de todos recuperó para España los valores de la reconciliación, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la modernidad.
El éxito de EELV, partido ecologista francés, en las últimas elecciones municipales ha vuelto a poner sobre el tapete la posibilidad de una entente verde francoalemana que pudiera dar un vuelco a la política tradicional en las próximas elecciones generales (en 2021 en Alemania y en 2022 en Francia).
Siete de cada 10 chilenos están "totalmente decididos" a participar en el histórico plebiscito del próximo 25 de octubre sobre una nueva Constitución, pese a que la pandemia no pueda darse por terminada para entonces.
La situación que se está viviendo en España con el rebrote de la COVID-19 y la consiguiente crisis sanitaria está volviendo a generar dudas acerca de si es necesario de nuevo volver a utilizar la declaración del estado de alarma, como única medida capaz de permitir afrontar tal crisis, como ya sucedió el pasado 14 de marzo. El nuevo debate jurídico-constitucional trata de responder, en resumen, a la siguiente pregunta: ¿Cabe una alternativa al estado de alarma que permita limitar de derechos sobre la base de la protección de la salud colectiva sin que haya que recurrir a la previa autorización judicial por parte de los Juzgados de los Contencioso-administrativo?
Por Juan Santiago Ylarri* (Especial para El Economista América) Con el dictado del decreto de necesidad y urgencia 690/20 el Presidente ha dado un nuevo paso en la escalada intervencionista del Estado en la economía argentina. La norma declara a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones como servicios públicos esenciales. Al mismo tiempo, establece como servicio público a la telefonía fija móvil, disponiendo que los precios de estos servicios serán regulados por la autoridad de aplicación. La finalidad del decreto -según el mismo expresa- es garantizar el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios de las TIC.
La eficacia proverbial con la que la monarquía ejerce su precisa función constitucional es su mejor presentación. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria; y, con el impulso y apoyo de la Corona, el pueblo español llevó a cabo una ejemplar transición democrática. En la difícil situación actual, en la que parece que la buena fortuna nos ha abandonado y todo son malos augurios, estamos necesitados más que nunca de la estabilidad, permanencia e imparcialidad que nos aporta esta forma de gobierno que elegimos en nuestra Constitución de 1978.
Todos temíamos que Pedro Sánchez se iba a dejar pelos (no suyos, sino del Estado) en la gatera para conseguir sacar adelante los Presupuestos con el apoyo de separatistas y otros enemigos de la Constitución (Podemos), pero era difícil de imaginar que llegaría a vetar la presencia del Rey en Cataluña. Y es que con este Gobierno están pasando demasiadas cosas que nunca habían ocurrido y demasiados hechos que atacan a la estabilidad institucional entre los distintos poderes del Estado.
Si hay un rasgo que define mejor la situación política y económica, e incluso social, por la que atraviesa España, ese sería el de la confusión. Confusión representada por una pugna de ideas e intereses, la mayoría de las veces revestidas con una fuerte capa de ideología y dogmatismo, y de enorme carga disgregadora, que nos limita a la hora de encontrar las soluciones a la intrincada realidad que tenemos hoy ante nosotros. Si aún no fueran suficientes los desafíos que se derivan de la pandemia y de la secular cuestión de la vertebración territorial del Estado o de la misma gobernabilidad, con el Parlamento más fragmentado de la historia democrática española, algunos se empeñan en incluir en la agenda el cuestionamiento del propio sistema político, esto es, de nuestra monarquía parlamentaria.
Las elecciones provinciales uruguayas del domingo 27 marcaron el inicio de un intenso cuatrimestre electoral, preámbulo de otros cuatro años de vértigo que comienzan el 1 de enero, donde prácticamente todos los países de la región tendrán que elegir presidente. Las excepciones son Bolivia, que vota el 18 de octubre, y, obviamente, Cuba.
Las elecciones provinciales uruguayas del domingo 27 marcaron el inicio de un intenso cuatrimestre electoral, preámbulo de otros cuatro años de vértigo que comienzan el 1 de enero, donde prácticamente todos los países de la región tendrán que elegir presidente. Las excepciones son Bolivia, que vota el 18 de octubre, y, obviamente, Cuba.
Francisco Sanz Salguero, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte (UCN), orienta sobre las principales interrogantes para participar en el proceso.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado este lunes que España cuenta con cinco siglos de historia y que la Comunidad de Castilla y León ha tenido un importante papel en su construcción histórica, al tiempo que ha considerado "más necesario que nunca" defender el concepto de Nación y sus símbolos, como la Monarquía y las Comunidades.
Recientemente presentamos, de la mano del Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España, el estudio 45 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España, que tuve la suerte de codirigir junto con la participación de un excelente equipo de profesionales. Su objetivo no era otro que poner en valor, con cifras y hechos, cuáles habían sido los rasgos principales de la evolución económica, social, empresarial e institucional de España en el período 1975-2020.
(Reuters) - Cerca del 80% de los votantes chilenos aprobaron el domingo avanzar en la redacción de una nueva Constitución a través de una asamblea elegida exclusivamente para ese propósito, en una jornada marcada por las restricciones para combatir la pandemia en uno de los países más golpeados por el coronavirus.
