Chile dará esinicioa la campaña para el plebiscito constitucional del 26 de abril, una contienda que los expertos auguran crispada y que es la más importante desde la que en 1988 puso fin a la dictadura militar.
El Congreso chileno aprobó la paridad de género para el proceso constituyente que tendrá lugar si el plebiscito del 26 abril se salda con un resultado a favor de cambiar la Constitución .
El proyecto entrega la atribución para decretar que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica frente a situaciones de peligro. Diputados plantearon la necesidad de delimitar el ámbito de aplicación de la norma.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decretado finalmente el 'estado de alarma' desde el sábado y por 15 días ampliables por la crisis del coronavirus, una medida que se reclamaba al Ejecutivo desde la oposición sin más demora y que ya han tomado otros países como Bélgica. Pero... ¿qué es, cómo se decreta y cómo se aplica?
El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, recordó este domingo que el artículo 128 de la Constitución establece que toda la riqueza del país, con independencia de a quién pertenezca "está subordinada al interés general". En directo | Última hora sobre el coronavirus
El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha llevado al extremo su admiración por un régimen como el venezolano y su gratitud por la financiación chavista - un régimen, el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha llevado a la pobreza a 30 millones de ciudadanos del país caribeño- y que Iglesias quiere implantar, con la excusa de la pandemia de coronavirus, en España, al margen de la Constitución y de la UE, desposeyendo a los empresarios de su medio de vida y a los ciudadanos de sus ahorros, lo que minaría la inversión y el consumo. | Editorial: Giro hacia el comunismo populista que destruye la seguridad jurídica.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y demás ministros de Justicia de la Unión Europea han mantenido hoy una reunión informal por videoconferencia para analizar el impacto que la crisis sanitaria está teniendo en el funcionamiento de los sistemas de Justicia de la UE.
El Ministerio de Transporte ha publicado una orden en la que se autoriza a las comunidades autónomas para que puedan obligar a los propietarios de viviendas a dar "una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables".
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reiterado en varias de las ruedas de prensa en las que ha participado desde la declaración del Estado de alarma, su defensa de la utilización del artículo 128 de la Constitución que establece en su primer párrafo que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general", como clave para hacer frente a la crisis del coronavirus.
Apenas han pasado diez días de la comparecencia de Pedo Sánchez ante el Congreso de los Diputados. En este breve espacio de tiempo han quedado meridianamente claras tres cuestiones.
Un grupo de Juristas ha presentado este domingo una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar lo que consideran la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia con motivo de la declaración del estado de alarma en todo el país.
La actual crisis presenta claras diferencias con las turbulencias desatadas a partir de 2008. La recesión que ha comenzado no tiene su origen en la inestabilidad del sector financiero como sí ocurrió a finales de la década pasada. Muy al contrario, los bancos europeos, pese a las dificultades que atraviesan para elevar su rentabilidad, y el mayor esfuerzo en la concesión de crédito que se les exigirá, están lejos de presentar problemas de solvencia que requieran su intervención.
Los mensajes populistas de Pablo Iglesias desatan el pánico entre los grandes ahorradores, que buscan refugio para su dinero en el extranjero. Varias entidades admiten que en las últimas semanas se han incrementado las consultas de los clientes de banca privada para trasladar sus ahorros o inversiones fuera de España ante el temor de que el Gobierno cumpla con las pretensiones del vicepresidente de nacionalizar empresas y socializar ahorros para afrontar la crisis del coronavirus. "La gente tiene un temor irracional y el dinero busca seguridad", aseguran a este diario desde una entidad de banca privada.
El Consejo Editorial de elEconomista protagoniza una iniciativa inédita en la Prensa española. El desafío sin precedentes que afronta España empuja a sus miembros a elaborar, y dotar de la máxima difusión nacional y exterior, su Decálogo para la acción inmediata y la reactivación social.
El Congreso discute otra prórroga del estado de alarma, vigente desde el 14 de marzo. En esta ocasión, el debate se plantea en condiciones diferentes. Por primera vez, existe el riesgo de que su renovación se frustre y el Gobierno reaccionó de una forma desproporcionada.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha apostado por abordar una reforma del Senado de alcance constitucional que consolide el carácter territorial de la Cámara Alta con un modelo "cuasifederal" que permita participar en sus debates a los gobiernos de las Comunidades Autónomas.
En los inicios de todo este drama del Covid-19 fuimos muchos los que pensábamos que cuando todo terminara íbamos a salir de la pandemia más unidos y más fortalecidos. Craso error. Porque la realidad ha venido a demostrarnos que toda nuestra ingenuidad, nuestra vocación democrática y de tolerancia iba a estrellarse contra la incompetencia de un Gobierno dividido y desbordado, la mediocridad de una gran parte de la clase política ejerciente y con el fanatismo y la irracionalidad de los extremistas que se retroalimentan en su agresividad y en su incultura.
Blindar las pensiones y el sistema público sanitario en la Constitución costaría a las arcas del Estado 14.500 millones de euros más en gasto cada año. Una cifra que, pese a las soflamas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria sobre esta materia, los expertos y organismos internacionales advierten de que es inasumible para la Seguridad Social que ya en tiempos de bonanza de la economía registra déficits anuales del 1,5% del PIB, unos 18.000 millones de euros y que este año rebasará el 5% del PIB, 60.000 millones de euros, a causa de la crisis sanitaria.
El presidente Sánchez hizo pública en abril su intención de "blindar" el gasto público en Sanidad, remitiéndose al pacto de Gobierno con Podemos.
En poco más de dos semanas, el Estado acometerá el primer pago del ingreso mínimo vital. Desde entonces, la Administración central tendrá que asumir una prestación que todas las autonomías, sin excepción, sufragaban desde hace años.
La Fiscalía General del estado se ha convertido en uno de los arietes del Gobierno para reinventar la Constitución española. Desde que Sánchez designó a Dolores Delgado, para la Fiscalía General del Estado, siendo ministra de Justicia en activo, demostró que su actual objetivo es tener todos los puestos relevantes bien atados, con gente de su máxima confianza. Por ello, la actuación de oficio de la Fiscalía General, en torno al rey emérito, la que rebajaba su petición de condena para el exjefe de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero, y la solicitud del archivo de la causa del 8-M, aunque jurídicamente justificables han encendido todas alarmas en buena parte de la población, por la inoportunidad de semejantes coincidencias, con las estrategias políticas de UP.
El estado de alarma decretado en marzo llega a su fin en la madrugada de este domingo. Termina así un periodo inédito en la historia española en el que una medida prevista en la Constitución con carácter de fuerza mayor y puntual se prolongó 100 días después de seis prórrogas. Tan largo periodo de tiempo permitió que medrara toda una maraña de leyes de ínfima calidad jurídica y escasa efectividad (aún hay problemas en ámbitos clave, como el suministro de material sanitario).
El presidente Martín Vizcarra dijo hoy que en 48 horas se espera llegar a un acuerdo con las clínicas privadas para la atención de pacientes afectados por COVID-19 con una tarifa razonable asumida por el Gobierno.
Un total de 15 especialistas renunciaron al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso, tras los cambios constitucionales que se aprobaron en el pleno el domingo pasado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario este miércoles de afrontar un cambio en la Constitución para limitar la inviolabilidad del Rey y ha recalcado que no debe haber espacio para la impunidad.
Los debates sobre la efectividad o la demora en las medidas contra el coronavirus parecen haber sucumbido en este primer tercio del mes de julio a nuevas controversias en la política española. Los flagrantes errores y las manipulaciones del gobierno en los meses de la enfermedad se han traspasado a las comunidades a las que compete ahora todo el dispositivo, por lo que el foco de atención se desvía a asuntos con más rendimiento de imagen y si puede ser también rendimiento electoral, que este domingo hay elecciones en Galicia y el País Vasco. Por eso resurge el viejo anatema antimonárquico, fuertemente impulsado por las investigaciones de la justicia suiza contra el anterior Jefe del Estado que son maná para la causa que pretende derribar la Corona en un plazo no mayor a una década, y si puede ser en la mitad de ese tiempo.
¿Qué pasaría si Pablo Iglesias abandonara el Gobierno? Esto se lo debe preguntar todos los días y a todas horas Pedro Sánchez. Lo cierto es que resta más que lo que aporta. Sin embargo, no se le puede echar sin crear una grave desestabilización tanto política como económica. Le guste o no, lo cierto es que le ha tocado arar con estos bueyes.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo que la solución al problema catalán "debe ser política y negociada" porque las sentencias no resuelven los problemas políticos. En este sentido ha abogado por "dar una vuelta al Título VIII de la Constitución -que regula la organización territorial de España- aunque sea para dejarlo igual" y por potenciar el federalismo, pero "manteniendo el título preliminar de la Constitución, dentro de la unidad de España".
Está aprovechando Pedro Sánchez los escándalos de corrupción que rodean a Juan Carlos I para terminar con la monarquía como le acusa la oposición? Hay opiniones para todos los gustos, pero en las esferas del poder se opina exactamente lo contrario. El presidente del gobierno está haciendo auténticos equilibrios malabares para salvar la institución y evitar que los escándalos del Rey Emérito no terminen salpicando a Felipe VI.
Resulta paradójico que este Gobierno y los partidos de la coalición socialcomunista, que tanto se esfuerzan en recuperar la memoria histórica de hace más de 80 años, se olviden y se esfuercen en borrar la memoria más reciente de una Transición que con el esfuerzo y la generosidad de todos recuperó para España los valores de la reconciliación, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la modernidad.
