El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció recientemente su intención de elevar las bases máximas de cotizaciones de los trabajadores asalariados con rentas altas como un acicate para los ingresos del sistema a partir de las aportaciones de los que más dinero ganan en nuestro país. En ese momento, la medida apuntaba a un incremento de este tope del 2,8% para 2020, si bien este mismo extremo fue desmentido por el propio ministro en una entrevista realizada con El Mundo el pasado fin de semana, quien vinculó el incremento de las aportaciones de este colectivo a la evolución de los sueldos experimentada por el mismo. Así, si bien la cuantía exacta de la subida aún no se ha fijado en el texto del Real Decreto Ley que recogerá la medida -fuentes cercanas a Seguridad Social reconocen que aún se está trabajando en los últimos flecos-, varios indicadores de evolución salarial rebajarían esta cuantía al entorno del 2%.

Si la empresa abona en la nómina una cuantía lineal y para todos los trabajadores, al margen de que exista o no la situación de gasto a la que, en teoría, responden, estos pluses se considera que forman parte del salario y, por tanto, suman a la hora de establecer el salario mínimo interprofesional, según establece la Audiencia Nacional (AN) en una sentencia, de 18 de febrero de 2020.

El convenio colectivo, que acaba de firmarse, recoge un aumento salarial para este año del 5,30% y del 2% para el ejercicio de 2021. Para el año 2022, se ha acordado un incremento del 1,5%.

La sucesión de plantillas en las contratas procede únicamente cuando la actividad empresarial pivota esencialmente sobre la mano de obra, de forma que la contrata puede continuar con los mínimos cambios personales y de dirección, pero no es admisible cuando la nueva contratista está obligada a desplegar además los medios materiales precisos para que la contrata alcance sus fines, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 3 de marzo de 2020, que ratifica otra previa de 21 de enero de 2020, por lo que sienta jurisprudencia.

Dentro del poco espacio que va dejando la pandemia del Covid-19 al debate político y social ordinario, surge de nuevo, en el contexto de los acuerdos para prorrogar el Estado de Alarma, la propuesta de derogar la Reforma Laboral de 2012.

Endesa mantiene la tensión en el ámbito laboral pese a la reciente decisión de su consejero delegado, José Bogas, de cambiar al responsable de recursos humanos, Andrea Lo Faso por Paolo Bondi. El conflicto laboral en la eléctrica llegó ayer a la Audiencia Nacional, donde tenía que haberse celebrado el juicio por la demanda que habían interpuesto CCOO, el Sindicato Independiente de la Energía (SIE) y la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra el laudo arbitral que dio luz verde a la empresa y UGT para arrancar el V Convenio Colectivo.

La paga de vacaciones de los trabajadores debe incluir las tutorías abonadas al personal formador de prácticas, las guardias o semanas localizables, la atención continuada y el plus de domingo, sábado y festivos, percibidos por el trabajador durante seis de los once meses precedentes a su abono.

Este curso estará marcado por el coronavirus y su crisis económica, donde España es una de las más perjudicadas a nivel mundial, ya no solo por sus efectos víricos, sino por su influencia económica negativa sobre las empresas y sus empleados. En estos primeros siete meses de 2020, los trabajadores han visto reflejado en sus nóminas una bajada en el aumento de sus salarios pactados en convenio colectivo, situándose en el 1,94% de media en los aumentos, su subida más baja desde 2018. A pesar de este frenazo en la mejora de las condiciones medias de los trabajadores, la cifra es 1,36 puntos superior al IPC interanual avanzado de julio (-0,6%), según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El Gobierno recupera su conocido proyecto de derogar lo que considera los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral aprobada en 2012. El Consejo de Ministros de ayer confirmó que ése es uno de los objetivos del Plan Normativo que implementará en lo que queda de año. Más allá de ese plazo, el Ejecutivo se resiste aún a concretar el contenido específico de los cambios.

Los sindicatos y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), asociación donde están adheridas antiguas cajas como CaixaBank, Bankia, Unicaja, Ibercaja, Abanca o Liberbank, han firmado el Convenio Colectivo de Cajas de Ahorros que, entre otras novedades, regula por primera vez el teletrabajo y la desconexión digital, partiendo del Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia recién promulgado por el Gobierno y mejorando las condiciones en él expuestas.

Iberdrola mantiene un duro conflicto con sus sindicatos. La compañía denunció el pasado 10 de septiembre el VII Convenio laboral, que acaba el próximo 31 de diciembre, para poder iniciar las negociaciones del que será su octavo convenio. Las negociaciones para este nuevo acuerdo laboral comenzaron el pasado 6 de octubre y en ella se han planteado el ajuste de alrededor de 1.500 puestos de trabajo y una reducción en algunas condiciones laborales como la conocida tarifa para empleados por parte de la empresa. Se trata, no obstante, del inicio de las negociaciones, lo que supone que no hay todavía decisiones definitivas ya que el ajuste podría producirse mediante prejubilaciones a costa de la compañía.

La nueva regulación del teletrabajo, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre y acordada con patronal y sindicatos, entra en vigor este martes, veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE).

Renault España ha planteado una serie de medidas para elevar la competitividad de sus plantas, como, por ejemplo, elevar la jornada, eliminar pluses o ajustes en Sevilla, que los sindicatos consideran "inadmisibles".

Renault España, sociedad que agrupa las factorías y servicios corporativos del fabricante francés, ha planteado una serie de medidas para elevar la competitividad de sus plantas, como, por ejemplo, elevar la jornada, eliminar pluses o ajustes en Sevilla, que los sindicatos consideran "inadmisibles".

Iberdrola acaba de lanzar su primer informe de Diversidad e inclusión en línea con la práctica de algunas de las mayores empresas europeas. En dicho documento, la eléctrica española asegura que la remuneración anual media total de las mujeres empleadas del grupo es superior a la de los hombres. Concretamente, 50.086 euros para las mujeres frente a los 47.614 euros de los hombres, en 2019, es decir, 2.472 euros menos, un 5,1%.

La dirección de Renault considera que las peticiones de los sindicatos para la firma del cuarto convenio colectivo están "muy alejadas" de la propuesta de la empresa, ya que supondría una disminución importante de la competitividad actual de las factorías.

Los empresarios han criticado el volumen normativo y legislativo al que están haciendo frente en los últimos meses como consecuencia de la cantidad y disparidad de leyes que el Gobierno está publicando.

La dirección de Renault en España y los sindicatos han mantenido hoy la tercera reunión de la comisión negociadora del convenio colectivo en el que ha quedado claro un desencuentro entre ambas partes.

PSOE y Podemos avivaron la polémica sobre la reforma pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la semana pasada. La propuesta de ambos partidos de limitar las competencias de esta institución cuando sus miembros están en funciones (como ahora ocurre), hasta el punto de que no puedan hacer ningún nombramiento, sentó muy mal en el ámbito jurídico español, e incluso en instancias europeas. Comentan fuentes comunitarias que, “por segunda vez desde el final del verano”, Bruselas planea reclamar información al equipo del ministro Juan Carlos Campo sobre los cambios que se preparan para el CGPJ. Los expertos consultados explican que ahora no se pueden esperar amonestaciones, o imposición de directrices, ya que la UE no se pronuncia sobre reformas que no están todavía aprobadas. Con todo, “resulta significativo el interés por seguir tan de cerca el proceso que muestran las autoridades comunitarias”, comentan esas mismas fuentes. Añaden que “es obvio que en Bruselas preocupa el hecho de que no está habiendo ningún tipo de mano tendida a la oposición en un tema tan delicado y quieren hacer notar que no se olvidan de este asunto al Ministerio y al Gobierno”. En 2021, cuando previsiblemente la reforma esté activada, “nos arriesgamos a recibir advertencias mucho más serias si el proceso sigue así”, apuntan desde las instituciones europeas.

La empresa pública ha acordado el pasado año un incremento salarial de media superior al de la empresa privada. Así, las 145 compañías de ámbito público, que agrupan a 48.518 trabajadores, se les aplica un aumento del 1,96% frente al 1,55% de los 2.101 convenios de empresas privadas con 433.017 empleados.

La dirección de Renault en España y los sindicatos han retomado este jueves las negociaciones del cuarto convenio colectivo para las plantas españolas en el que la empresa ha aceptado que la vigencia del mismo sea para los próximos cuatro años en vez de dos.

Iberdrola ha cerrado su convenio colectivo para los próximos cuatro años con el respaldo de los sindicatos SIE, Atype y Uso.

La dirección de Renault España ha calificado de "avances significativos" la negociación del cuarto convenio colectivo con los sindicatos, aunque ha señalado que es "necesario seguir acercando posturas cuanto antes para poder optar a las futuras adjudicaciones de productos".

Una baja médica por Covid-19 no puede equipararse a un accidente laboral o a una enfermedad profesional a efectos de cobrar un complemento de convenio en caso de sufrir alguna de estas situaciones.

La dirección de Renault en España y los sindicatos UGT, CCOO y SCP han rubricado esta mañana el acta de acuerdo del nuevo convenio colectivo Interprovincial de Renault España para el periodo 2021-2024.

Tres de las cuatro organizaciones sindicales presentes en el comité de empresa han firmado el preacuerdo de convenio colectivo para el período 2021-2023, que incluye incrementos salariales del 0.5% más 150 euros lineales para 2021, 1.3% para 2022 y 1.8% para 2023 y una nueva gratificación extraordinaria.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha hecho un llamamiento a todos los agricultores para que cumplan con las medidas de la Orden del Departamento de Sanidad, de 18 de febrero, relativas a la campaña agrícola 2021 y que obliga a todas las personas físicas y jurídicas declarantes de una hectárea de fruta dulce en la PAC o REGEPA a presentar una Declaración Responsable.

Kutxabank alcanzó ayer un principio de acuerdo con el apoyo del 59% de la representación sindical, para el que será su tercer convenio colectivo. La entidad valoró la estabilidad y la solidez del mismo, ya que será suscrito con una vigencia de seis años, de 2019 a 2024.

Las malas perspectivas económicas están haciendo mella en los salarios: los 1.715 convenios con efectos para este año establecen en el acumulado de los dos primeros meses del año una subida del 1,45%, casi medio punto por debajo del cierre del año pasado que registró un incremento pactado del 1,89%. De todas formas, se ha producido un ligero repunte en lo que va de año: en febrero la subida media se situó en el 1,44% y en el acumulado de febrero, sube al 1,45%.

Y ahora ha llegado la obsesión por modificar el régimen normativo alrededor de la figura de la contratación o subcontratación de obras y servicios. Y con ello, gran parte de nuestro tejido empresarial y por supuesto del empleo asociado a tal sistema productivo.