La edad de jubilación puede alargarse para aquellas personas que andan algo justas en cuanto a su cotización. La normativa sobre pensiones es clara y hace que algunos trabajadores tengan que esperar incluso hasta los 66 años de edad para poder finalizar su carrera profesional.
La edad de jubilación ordinaria es un momento importantísimo en la vida de un trabajador, ya que determina el final (a no ser que se haya decantado antes por una modalidad de jubilación anticipada o pretenda retrasar su retiro) de su carrera laboral. En otros casos, no obstante, puede tratarse de un instante a recordar, pero por otra razón, ya que puede suponer un motivo de despido.
El objetivo de gran parte de los trabajadores es acumular un periodo de cotización suficiente como para garantizarse el acceso a una pensión de jubilación y posteriormente aumentarla con más años de trabajo, pero a determinados ciudadanos les es imposible llegar a este periodo con razones de diversa índole. Para estas personas también existe protección al llegar a la edad de jubilación.
Conseguir una pensión de jubilación y de una cuantía lo suficientemente satisfactoria es uno de los objetivos de los trabajadores a lo largo de su vida laboral. Para ello deben acumular años de cotización a la Seguridad Social, pero en función de los que consigan tendrán una pensión u otra.
Obtener el derecho a una pensión de jubilación de cuantía generosa no siempre se consigue. Hay que acumular muchos años de cotización y a bases altas, por lo que en ocasiones la prestación que le queda al ciudadano no corresponde con las expectativas que tenía. Para esos casos, la Seguridad Social dispone de herramientas que permiten ampliar dichas pensiones.
La generación de los baby boomers hace referencia a aquella en la que se experimentó un aumento demográfico entre la década de los 50 y los 70, y que en España se retrasó para comenzar a finales de los 50. Las personas más longevas de este grupo empiezan a agotar sus vidas laborales y al tratarse del sector poblacional más numeroso del país, las reformas de José Luis Escrivá les pueden afectar especialmente.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto a los agentes sociales un incremento en las cotizaciones que tendrá por objetivo llenar la hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva de la Seguridad Social), que ahora tiembla con apenas 2.000 millones cuando llegó a tener cerca de 67.000 millones en 2011.
La vida de un trabajador se resume en cotizar a lo largo de los años para, al margen de lo que haya podido ahorrar durante su carrera, tener una pensión de jubilación suficiente. El cálculo para obtener dicha pensión tiene como piedra angular la base reguladora, que al igual que con otras prestaciones o ayudas, determina cuál será su importe.
El 74% de los españoles muestra preocupación por el sistema público de pensiones, hasta el punto de que solo un 14% cree que recibirá una pensión pública cuando se jubile, y que ésta será suficiente para garantizar su nivel de vida. Es una de las conclusiones que arroja el último Informe Naranja de ING, que lleva seis años investigando la actitud de los españoles frente a esta etapa de la vida y que este año, incluye, además, un apartado en el que analiza la incidencia que ha tenido la reforma legislativa en los planes de pensiones por la que el Gobierno anunció el año pasado una rebaja en la cantidad máxima deducible con las aportaciones a los planes de pensiones del sistema individual de los 8.000 a los 2.000 euros. Y las conclusiones no son nada favorables.
Más de 6,1 millones de personas reciben una pensión de jubilación contributiva en España. Se trata de la pensión que más ciudadanos perciben en este país, una cantidad que podría aumentar en los próximos años por la llegada de las jubilaciones de la generación del 'baby boom'.
El nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que el Gobierno pretende articular para afrontar el incremento del desembolso en pensiones motivado por la jubilación de la cohorte de población del baby boom podría ser insuficiente para afrontar la década más dura de tensionamiento financiero de la Seguridad Social. Así lo asume el propio Ejecutivo que, además del incremento generalizado de las bases de cotización en 0,5 puntos porcentuales entre 2023 y 2032 (cifra que se ha elevado al 0,6% en la última propuesta presentada), ya prevé en su propuesta legislativa una segunda y tercera vía para embridar el gasto en prestaciones: un ajuste de hasta 5.000 millones de euros en pensiones y una nueva subida de cotizaciones por valor de otros 5.000 millones de euros.
Más hace unos años cuando por diversas circunstancias sociales había más población que a lo largo de su vida o bien no había trabajado o bien lo había hecho 'en negro', si por ley no se han alcanzado los 15 años cotizados no se tiene derecho a una pensión contributiva. Es el caso de las pensiones no contributivas, una modalidad de menor cuantía pero que trata de solventar las capacidades económicas más básicas.
Tener una buena pensión con la que llegar a la jubilación es una preocupación que no solo han de abordar los trabajadores por cuenta ajena, sino que también es extensible a los autónomos. Aunque estos trabajadores por cuenta propia tienen que obedecer a alguna que otra particularidad.
Lo habitual cuando hablamos de pensiones es pensar en jubilarnos con una pensión cuando llegue el momento de nuestro retiro profesional, pero existen algunos casos en los que los trabajadores, si cumplen con los requisitos necesarios, pueden cobrar dos pensiones diferentes de jubilación a la vez.
La Administración prevé la posibilidad de que aquellas personas desempleadas con más de 52 años tengan series dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Por este motivo, existe un subsidio para aquellos ciudadanos que han agotado su prestación por desempleo y todavía no cumplen los requisitos para acceder a la pensión por jubilación.
El incremento del periodo de años cotizados para calcular la pensión firmado con Bruselas como parte de las medidas que se incluirán en la reforma de pensiones ha provocado el rechazo instantáneo tanto de los sindicatos como de los propios partidos políticos representados en la comisión del Pacto de Toledo: "Esa medida no está incluida en las recomendaciones. Los acuerdos del Pacto de Toledo no sostienen la propuesta del ministro José Luis Escrivá para incrementar el periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión", señalan a elEconomista fuentes de la Comisión, que además apuntan a un nuevo cambio de versión del Ejecutivo respecto a comienzos de año, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que tal punto no había sido remitido a Bruselas como parte de la reforma.
La reforma de las pensiones que lleva a cabo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abordará el aumento de los años cotizados que se tienen en cuenta para elaborar el cálculo de la pensión de jubilación. La medida, que aún tiene un largo debate con los agentes sociales por delante, ha sido exigida por la Comisión Europea como una condición indispensable para obtener los fondos europeos enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El cobro de prestaciones por desempleo implica cotizar a la Seguridad Social por contingencias comunes (entre ellas la jubilación), pero solo en algunos casos. El paro, la prestación contributiva, es el ejemplo más claro, ya que se trata de la ayuda que más se cobra. Pero con algún que otro subsidio también se cotiza de la misma forma.
La nueva vuelta de tuerca a la fiscalidad del ahorro que plantea el Gobierno en los Presupuestos Generales de 2022 no solo tiene una lectura de impacto en el segmento de planes de pensiones individuales que comercializan gestoras y aseguradoras privadas -y para lo que ya prevén en el presente ejercicio una reducción del 40% en el volumen de aportaciones- sino que también tendrá un efecto heterogéneo entre los ahorradores en función de la comunidad autónoma, si se observa el ranking de dinero depositado en estos instrumentos de previsión social complementaria. Según los últimos datos de Inverco, los madrileños será los más afectados por la medida de recortar el límite de aportaciones exento a los 1.500 euros, toda vez que también son los que más dinero tienen depositado en planes de pensiones.
El eventual incremento del periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión que acordó el Gobierno con Bruselas como parte del paquete de medidas a implementar el campo de la Seguridad Social, y que serán necesarias para recibir esos fondos europeos para la reconstrucción, tiene un impacto altamente dispar en función de las características de las diferentes carreras laborales. Así, ante un incremento de 25 a 35 años cotizados para calcular la base reguladora la disminución de la pensión no sería similar para una renta alta, que perdería unos 3.450 euros de media al año, que para una renta más exigua, donde la reducción de cara a las nuevas prestaciones de jubilación oscilaría entre los 641 euros y los 2.025 euros anuales.
La reforma de las pensiones que ha diseñado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dado a luz su primera pata, aquella que afecta a la modificación de la jubilación anticipada (además de la revalorización de las pensiones por el IPC, la jubilación demorada o la jubilación forzosa), dando lugar a nuevas reducciones de las pensiones de los jubilados que anticipan su retiro profesional.
Para muchos trabajadores, el objetivo detrás de una vida laboral es conseguir una pensión de jubilación con la que seguir adelante cuando decidan retirarse. El primer hito es tener derecho a la pensión mínima, para lo cual hay que cumplir con una serie de requisitos. Esto es válido para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social y también para los autónomos.
Muchas personas se hacen la misma pregunta: "He cotizado en varios regímenes de la Seguridad Social, ¿con cuál me jubilo?". Cuando un trabajador realiza su actividad tanto como autónomo como asalariado, genera el derecho a percibir una pensión de jubilación por ambas. Sin embargo, no siempre es posible recibir una cuantía de ambas, por lo que por lo general se reducirá a un solo derecho.
Durante esta semana hemos conocido los planes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MEI) sobre la reforma proyectada del sistema de pensiones español. Dos han sido las medidas que más han acaparado la atención de la misma. La primera es el destope de la base máxima de cotización, actualmente en algo más de 48.000 euros, por debajo de otros países de nuestro entorno y la segunda el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI, el cual viene a sustituir al nunca aplicado factor de sostenibilidad diseñado durante el Gobierno de Rajoy.
Finalizado el periodo de enmiendas para incorporar al proyecto de reforma del sistema público de pensiones, el Gobierno incluirá finalmente un complemento para aquellos jubilados que se hayan visto afectados por un retiro anticipado involuntario, y que perciban una paga mensual inferior a 900 euros.
El Gobierno dio este martes un paso clave para el impulso del ahorro financiero entre la población trabajadora de nuestro país al aprobar el anteproyecto de ley del fondo público de pensiones destinado facilitar el ahorro de asalariados y de autónomos, así como de los funcionarios y trabajadores de las administraciones públicas. Con este pliego de actuaciones, donde se incluye el desplazamiento de incentivos fiscales del sistema individual al colectivo, el Gobierno pretende mejorar y elevar el ahorro en planes de empresa, y prevé que los 1,2 millones de autónomos con un plan individual incrementen en 9.000 euros el dinero de su plan de jubilación al ahorrar en el fondo público de pensiones.
La reforma del sistema público de pensiones será determinante para que España pueda acceder a los fondos europeos para la reconstrucción Next Generation. Un hecho que quedó constatado en el envío de los componentes de reformas a comienzos de este año que compromete nuestro país con Bruselas como contraparte a la recepción de ese dinero y donde se detallaban los aspectos concretos a modificar. Ahora, la Comisión Europea pone precio a estas reformas y al menos dos tramos de las ayudas por un valor de 16.000 millones de euros estarán altamente condicionados al éxito de las reformas previstas en el segundo paquete que se negociará a partir de 2022.
Una de las preocupaciones de los trabajadores, especialmente en los años previos a la jubilación, es acumular los periodos de cotización necesarios para disponer de una pensión en el futuro o ampliar la cuantía de esa pensión.
La Seguridad Social informa de forma periódica sobre los datos de las pensiones que abona mensualmente a los españoles. Cerca de 10 millones de prestaciones (9,9 millones) que en este mes de noviembre, con el añadido de la paga extra de Navidad, han supuesto un gasto de más de 10.183 millones de euros.
