Las clases pasivas del Estado son un cuerpo reconocido en un régimen especial de la Seguridad Social y formado por todos aquellos funcionarios de carrera y en prácticas de la Administración, Justicia, Cortes Generales y otros organismos estatales o autonómicos, militares de carrera, expresidentes, vicepresidentes y ministros, entre otros. Un gran abanico de profesionales de cuyas pensiones también se encarga el Estado, que pone a su disposición diferentes herramientas para que puedan calcular las rentas que percibirán una vez llegue su jubilación.

Partiendo de la premisa de que los mayores han sido el salvavidas para numerosas familias y hogares que sufrieron los azotes de la crisis económica de 2008 manteniendo a hijos y nietos gracias a la pensión que percibían del Estado, también han sido los jubilados el único colectivo que ha visto incrementado sus niveles de renta durante los años posteriores de recuperación de la economía española, concretamente un 14,8%.

La jubilación es una etapa que muchos ansían conquistar y que otros miran con recelo. Sean cuales sean los motivos, no cabe duda de que los 65 años de edad marcan un punto de inflexión en la vida de las personas, sobre todo para las que desean dar por finalizada su etapa laboral tras años de esfuerzo. Sin embargo, debido a la actual coyuntura económica, demográfica y laboral, el sistema de pensiones que conocíamos hasta ahora puede cambiar en los próximos años.

La tensión financiera crece por momentos para la Seguridad Social. A los problemas que puedan generar la caída de recaudación prevista por las medidas de choque del Gobierno contra la crisis del coronavirus -que incluyen la bonificación de las cotizaciones a los trabajadores que vean interrumpida su actividad laboral- se suma el incesante incremento del gasto en pagas de jubilación, principalmente, y en el resto de prestaciones con cargo a la Tesorería del Sistema.En este sentido, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las nuevas altas de jubilación en el Sistema suponen un acicate al gasto, difícil de lidiar con el panorama que se avecina. Los nuevo jubilados medios entran con pensiones medias, como se detalla a continuación, de 1.452,8 euros al mes, pero si nos fijamos solo en los que se encuentran en el régimen general de asalariados -la mayoría- entran con pagas de 1.580,2 euros. Esto, teniendo que el salario más habitual en España es de 1.248 euros mensuales -17.482 euros anuales en catorce pagas- supone que el primer colectivo de pensionistas cobra un 16,3% más que el trabajador tipo español mientras el segundo grupo accede al sistema cobrando hasta un 26,6% más.

Las reacciones a la medida del Ejecutivo de permitir rescatar el dinero invertido en un plan de pensiones a los trabajadores afectados por un ERTE no se ha hecho esperar. Inverco y Unespa aplauden hoy este nuevo supuesto de liquidez. Y recuerdan que, por los que ya existían (desempleo prolongado, enfermedad grave, incapacidad temporal, dependencia o desahucio de la vivienda habitual), los planes de pensiones han abonado de forma anticipada 4.000 millones de euros en los últimos diez años.

El Gobierno ha dotado a los planes de pensiones de un nuevo supuesto de liquidez esta semana, dentro de un paquete de medidas que busca paliar el impacto económico del coronavirus: los trabajadores afectados por un ERTE podrán rescatar el dinero invertido en ellos. Sin embargo, el partícipe que se vea en la necesidad de recurrir a esta vía, lo hará en un momento en el que la mayoría de los planes de pensiones individuales pierde dinero este año.

Jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo y asignación universal por embarzo realizaron desde la madrugada de este viernes largas colas en bancos para cobrar el ingreso familiar de emergencia, que el Gobierno entrega desde hoy por $ 10.000. En algunos casos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, las filas se extendieron por hasta 10 cuadras, lo que expone al coronavirus al grupo etario con mayor tasa de mortalidad.

La crisis sanitaria del coronavirus está golpeando a la economía española con una virulencia sin precedentes y muchas son las medidas que está impulsando el Gobierno para evitar el desmantelamiento del tejido productivo y proteger a los trabajadores que se puedan ver expulsados del mercado laboral por la situación de excepcionalidad, así como cubrir las rentas de los más vulnerables. Como ya adelantó elEconomista Pensiones esta circunstancia acarreaba una merma directa y automática de los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones y por lo tanto imprimía más tensión a las maltrechas arcas del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país, que acumula déficits anuales en el entorno de los 18.000 millones de euros. Y tras la celebración del Consejo de Ministros de este martes también es la circunstancia por la cual el Gobierno ha decidido aprobar un préstamo de 13.830 millones de euros a la Seguridad Social con antelación para garantizar el pago en pensiones.

En España, los mayores de 65 años equivalen al 30% de la población activa y se calcula que este porcentaje llegue al 50% en no más de 15 años. El aumento no sólo de la esperanza de vida (más de 83 años), sino de su calidad gracias a los avances en la medicina, ha permitido que, inevitablemente, se hayan producido cambios en la forma de ser mayor. De hecho, en los medios de comunicación y redes sociales se han popularizado recientemente palabras como jubillennials o sellennials, para definir a las personas que superan los 65 años. Estos términos nacen en clara alusión a los denominados millennials, la generación nacida entre los años 1983 y 1994, que se ha convertido en objeto de deseo para las marcas.

Se trata de 'BBVA RF Internacional Flexible' y obtiene un 0,32% en lo que va de año, cuando el conjunto de planes de pensiones de renta fija que se comercializan en España pierde un 3,5% de media en el mismo periodo, 0,36 puntos menos que los fondos de deuda

Frankfurter Allgemeine (Alemania)

Aumentan los ingresos de las farmacias

Los ingresos de las farmacias en Alemania están aumentando con la pandemia por el aumento general en la venta de medicamentos. Pero también de desinfectantes, productos cosméticos o máscaras para respirar. Según Estadística, en febrero, los ingresos de las farmacias fueron un 6 % más altos que en el mismo mes del año anterior. En promedio: en los últimos cinco años, el aumento fue de solo 2,6%. Como resultado, las compañías registraron un aumento similar a las ventas minoristas en febrero en un 6.4%. Estadística también detectó un aumento en el precio de los medicamentos en los últimos cinco años. Los medicamentos de venta libre se convirtieron en los más caros en el período comprendido entre marzo de 2015 y marzo de 2020 con un 11,1%. Los precios de los medicamentos recetados aumentaron un 2,7%.

La crisis de coronavirus ha golpeado con especial dureza al colectivo de los pensionistas en nuestro país. Una tragedia humana que, más allá, parece haber dejado su rastro en las cuentas económicas de la Seguridad Social, organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país. En este sentido, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el gasto en pensiones creció en el mes de abril al menor ritmo de los últimos 10 años.Está claro que aún no se conoce la envergadura de la afectación de la crisis sanitaria en términos de pérdida de vidas humanas, si bien es cierto que estos datos junto con la caída del número de pensiones que se abonan en nuestro país entre los meses de marzo y abril ya recogen parte de impacto humano de la pandemia. Además, desde la Seguridad Social se justifican dichas caídas, tanto del gasto como del número de pagas abonadas por la ralentización de los trámites para conceder las prestaciones como consecuencia del estado de alarma.

La pandemia del coronavirus ha golpeado con severidad en la mayoría de los sectores productivos de nuestro país y el resto del mundo, y el de la previsión social complementaria no es la excepción. Muchas son las cuestiones que surgen sobre cuál será el impacto de la crisis sanitaria, ya mutada en una recesión económica sin precedentes, en el negocio a medio plazo y si bien la mayoría de expertos reconoce que afectará de forma negativa en la actividad de gestoras y aseguradoras, abonada por una reducción de las rentas que dificultará la planificación a largo plazo, uno de los puntos que más preocupa sobre las cifras del negocio es la amenaza sobre los planes de pensiones de empresa, es decir, el ahorro colectivo.

Los cambios introducidos por el Gobierno en la ayuda a desempleados de elevada edad no solo han permitido acogerse a esta protección a los 52 años (por los 55 anteriores), sino también han incluido nuevos requerimientos y derechos. De esta forma, el subsidio dice adiós a la jubilación anticipada y se podrá acogerse a él hasta llegar a la edad legal ordinaria para retirarse.

La elevada pérdida de empleos formales que ha sufrido México en los últimos meses golpeará a los ahorros de los trabajadores depositados en las Afores, advierte Moody's.

En octubre se cumplen seis años de la entrada en vigor de la norma que limita la comisión de gestión de los primeros al 1,5%. El objetivo era elevar su atractivo, pero su menor exposición al mercado americano, más alcista en estos años, ha propiciado que su rentabilidad se quede atrás.

BBVA Plan Telecomunicaciones (dos terceras partes son ya tecnología) se ha convertido en el mejor plan de pensiones a largo plazo, con un 13% de rentabilidad a 10 años y casi un 15% a 5 años. Su responsable explica que las compañías tecnológicas no tienen nada que ver con las de la crisis de la burbuja 'puntocom'.

Los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones en España vienen de lejos, pero en los últimos años parecen haberse agudizado. Tras años de crecimiento económico y pese a la recuperación del empleo, el déficit de la Seguridad Social en 2019 superó los 16.600 millones de euros. Ahora, la crisis del coronavirus va a asestar otro golpe a las ya maltrechas finanzas públicas que se encargan de mantener las pensiones de millones de jubilados. La aseguradora alemana Allianz ha realizado un estudio de 70 sistemas de pensiones en el mundo y una de las conclusiones es que España parte de una situación muy compleja para alcanzar un sistema sostenible y adecuado (que mantenga a los pensionistas con un nivel de vida similar al de los trabajadores).

La inversión responsable crece. El 65% del patrimonio invertido en fondos de pensiones de empleo obedece a criterios de sostenibilidad, según un estudio realizado desde la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Tras las extensas filas que tuvieron que hacer los últimos meses los adultos mayores para cobrar sus jubilaciones en Argentina, expuestos al contagio del coronavirus, el banco privado Itaú decidió implementar un servicio de pago de pensiones a domicilio para cuidar la salud de sus clientes, que la entidad presenta como el primero de este tipo en América Latina.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá aplaca cualquier tipo de excepticismo sobre la eficacia del ingreso mínimo vital aprobado la pasada semana y asegura que será una medida que "hará aflorar economía sumergida" en España. Recuerda además el ministro en este sentido que el cobro de la ayuda está sometido a un estricto itinerario de inclusión que tiene como objetivo final la incorporación del beneficiario al mercado de trabajo. Durante el NEF Online celebrado este jueves con el ministro, este señaló también a raíz de las cuestiones sobre la viabilidad y el coste de la prestación que se trata de una medida "fiscalmente contenida" y que ascenderá a 3.000 millones de euros cuando se abone durante un año completo. Además, señaló que habrá algunas ayudas que se integrarán en el ingreso mínimo, como las prestaciones familiares que suponen un desembolso de 600 millones de euros al año.

Los planes de pensiones, así como otros vehículos de previsión social complementaria como seguros de jubilación o planes de previsión social empresarial, entre otros, no permiten el rescate anticipado de fondos salvo en lo que la normativa califica como supuestos excepcionales de liquidez que, hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2020, eran el desempleo de larga duración, enfermedad grave o situación de desahucio de la vivienda habitual.

El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsará modificaciones al sistema de pensiones antes de que acabe su administración para evitar que los trabajadores reciban la mitad de su salario.

Si algo han tenido de novedosas las dos últimas comparecencias de Pedro Sánchez es que, por primera vez desde que está al frente del Ejecutivo, admitió que va a tener que hacer recortes, y que ha querido dejar claro, con rotundidad y con firmeza, su convencimiento de que va a terminar la legislatura. Y ambas cosas están relacionadas y tienen un mismo origen, el rescate de la Unión Europa. Rescate que no sólo es a España y a nuestra economía, sino que fundamentalmente es un rescate encubierto a Sánchez, a su persona y a su gobierno, en su forma actual de coalición o con otra, pero siempre con Sánchez y a mayor gloria de Sánchez.

Con la expansión del brote del covid-19 surgido en China y expandido a todo el mundo, el colapso de los mercados era inminente y tuvo su punto álgido en marzo pasado, cuando las bolsas de valores registraron desplomes de doble dígito, llegando a niveles no vistos desde la crisis económica de 2008.

La Comisión de Reconstrucción, pese a su insignificancia económica, sirvió de marco para que el gobernador del Banco de España formulara el que debió ser, desde el inicio de la crisis, el plan de reactivación del Gobierno.

La sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones está comprometida, tal y como reflejan los informes más recientes publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Banco de España y la Comisión Europea. Como conclusión de los mismos, España debe tomar medidas para garantizar la sostenibilidad y preservar la suficiencia futura del sistema y, sin embargo, las últimas modificaciones normativas aprobadas en materia de jubilación y pensiones no suponen, desde luego, ningún avance. Ante el riesgo de que las reformas necesarias del sistema público de pensiones sigan posponiéndose, el sector privado, que ha demostrado su compromiso en esta crisis, tiene en su mano la responsabilidad para con sus trabajadores de contribuir a que tengan un futuro digno cuando llegue a fin su vida laboral. Una actuación que, sin duda, se enmarca en ese nuevo propósito de la empresa de crear valor en el medio y largo plazo no sólo a sus accionistas, sino también a sus empleados y la sociedad en general.

La crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus otorgará a los jubilados españoles una nueva ganancia de poder adquisitivo este año a como consecuencia del desplome de los precios generado por el frenazo al comercio mundial. El Gobierno revalorizó a comienzos del presente ejercicio un 0,9% las pensiones de jubilación, y el resto de pagas no contributivas del Estado, correspondiente a la previsión de inflación que manejaba el Ejecutivo para el conjunto de este año, de modo que se había garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas igualando el incremento de la cuantía de sus pagas al de los precios de compra.

Llega el mes de junio, uno de los más complicados y que más tensiona las arcas de la Seguridad Social, al abonarse en estos días la primera paga extra de los pensionistas del año. El Estado tendrá que desembolsar este mes, de golpe y porrazo, la friolera de casi 20.000 millones de euros en los dos ingresos que percibirán los pensionistas de nuestro país. Según informó este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la nómina ordinaria de este mes asciende a 9.862 millones de euros, mientras que la extra suma al desembolso otros 9.586 millones de euros, agregando un gasto de 19.448 millones, exactamente. Cabe recordar en este punto la delicada situación financiera que atraviesa la Seguridad Social al ser el organismo sobre el que está impactando la gran mayoría de las ayudas aprobadas por la pandemia y que según la AIReF ello supondrá que el déficit que venía registrando en los últimos años, en el entorno de los 18.000 millones de euros se triplicará al finalizar el presente ejercicio hasta los 60.000 millones de euros, lo que supone 5 puntos porcentuales de PIB.

Cuando la crisis financiera anterior todavía estaba muy presente en muchos hogares, el Covid-19 ha llegado como un tsunami. Tanto es así, que el 40% de los españoles reconoce que su situación económica ha empeorado con la pandemia, según una encuesta realizada por Funcas. Y es que la paralización de actividad ha supuesto un duro golpe sobre la economía de muchos hogares.