La morosidad de la banca española, que equivale al porcentaje de créditos impagados con respecto al total concedido, mejoró de nuevo en octubre al reducirse cuatro décimas, al 5,10%, su nivel más moderado en casi una década. Este dato queda ya muy lejos del 13,6% de mora que se pudo ver en diciembre 2013, justo en la recta final de la crisis que golpeó a España con mayor rudeza que a otros países de la zona euro.
El crédito al consumo ha recuperado los niveles de crecimiento de inicios de año, previos al frenazo que vivió a partir del pasado mes de abril tras la intensificación de la desaceleración económica y las advertencias del Banco de España de endurecer la concesión de estos préstamos ante el repunte de la mora. Sin embargo, tras cinco meses con un crecimiento congelado o de leves caídas cuyo broche final lo puso agosto con un 6,65% menos de ventas de estos préstamos, la venta de estos créditos volvió a recuperar los niveles de crecimiento en septiembre y octubre, según los últimos datos publicados por el Banco de España.
La morosidad promedio de las tarjetas de crédito fue de 3.95%, una cifra baja si se compara todo el sistema bancario que llega a 4.64% hasta julio del 2019, según la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).
Vanesa es programadora. Como más de 3 millones de profesionales en España, trabaja por cuenta propia. En el último vídeo de la iniciativa Nacidos para ser autónomos, impulsada por Orange para homenajear a este colectivo y poner el foco en las problemáticas más habituales a las que tienen que hacer frente estos trabajadores, explica que "Lo de: te pago más tarde pasa mucho".
La llegada de la temporada de consumo por excelencia, aquélla que se inicia con el Black Friday y desemboca en Navidades, propició la concesión de 3.700 millones más en crédito al consumo sólo en noviembre. Esta modalidad de préstamos bancarios se encuentra ya en niveles propios de la época precrisis.
La banca está padeciendo las consecuencias de la ralentización económica. Además de estar registrando menores peticiones de préstamos, las pérdidas por impagos de créditos están ascendiendo. En el tercer trimestre del año pasado, estos números rojos se aceleraron hasta el punto de que se duplicaron con respecto al mismo periodo de 2018 y registraron un aumento del 59% sobre los contabilizados entre abril y junio de 2019. En concreto, este agujero por insolvencias avanzaron hasta los 1.240 millones de euros.
The Irish Times (Irlanda)
Uno de cada dos autónomos afirma tener problemas para cobrar sus facturas, así lo asegura la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA. Orange, junto a diferentes profesionales por cuenta propia, reflexiona sobre ello a través de su iniciativa Nacidos para ser autónomos.
Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, uno de cada dos profesionales por cuenta propia afirma tener problemas para cobrar sus facturas. Este es uno de los obstáculos que radiografía Orange en el marco de su iniciativa Nacidos para ser autónomos. Precisamente, por el hecho de tener muchas facturas impagadas, un 5,2% de los trabajadores por cuenta propia de nuestro país se dieron de baja del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) el año pasado, tal y como se extrae del último Estudio Nacional del Autónomo, elaborado por Infoautónomos y la Universidad de Granada.
El cumplimiento de los periodos de pago a proveedores por parte de las empresas es uno de los principales factores que amenaza la competitividad y la supervivencia de las compañías -sobre todo las medianas y pequeñas- y, sin embargo, resulta una de las tareas pendientes por parte del sector privado, y también público, en nuestro país. De hecho, según un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) son las empresas del Ibex 35, las de mayor músculo financiero de nuestro país, las que más incumplen esta norma triplicando el periodo fijado por ley de 60 días, llegando a liquidar sus deudas en una media de 169 días.
Es una de las grandes reivindicaciones de las pequeñas y medianas empresas prestatarias de servicios y vendedoras de bienes: el establecimiento de un régimen sancionador que castigue a aquellas compañías, tanto del sector público como privado, que se demoren en el pago de sus deudas por encima del periodo legal establecido (30 días para las administraciones y 60 días para las compañías privadas).
En España hemos leído poco sobre Carillion. Era la segunda constructora de Reino Unido, con más de 40.000 empleados, e igual que sucede en España con las constructoras, una de las mayores proveedoras de servicios de la Administración Pública británica. Digo "era" porque desde 2018 está quebrada.
En el tercer trimestre de 2019 se registró un crecimiento en los nuevos créditos personales (que incluyen créditos de libre inversión y libranza), de vehículo y tarjetas de crédito, de 24,5%, 13,4% y 11,4%, respectivamente, en comparación con el mismo período del año pasado, según el más reciente informe de tendencias del mercado de crédito de consumo elaborado por TransUnion.
Los efectos de la desaceleración económica también empieza ya a impactar en la actividad de las empresas del sector público, que durante el último año incrementaron el periodo de pago a sus proveedores, síntoma de la menor salud financiera de las compañías que cada vez tardan más en liquidar sus deudas por bienes adquiridos o servicios contratados. Concretamente, según apunta el Informe sobre Morosidad: Estudios de Plazos de Pago en España 2019 elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3% más) pasando de 68 a 70 días de media, más del doble de tiempo de lo establecido en la ley (30 días).
El crédito al consumo, que durante los últimos años había sido un puntal para la actividad y los ingresos de la banca, no pasa por sus mejores momentos. De hecho, los establecimientos financieros -muchos de ellos filiales de las entidades- redujeron en 2019 su beneficio por primera vez desde 2012, cuando registraron pérdidas como consecuencia de la crisis. En concreto, según los datos provisionales del Banco de España, estas compañías ganaron el ejercicio pasado 954 millones, un 7,73% menos que en 2018. Entonces sus cuentas batieron un récord, al superar los 1.000 millones.
La concesión de préstamos al consumo alcanzó en 2019 el mejor dato de los últimos diez años. Los bancos y las entidades financieras concedieron 36.237 millones de euros el año pasado, lo que supone un 5,37% más que en 2018, pero casi el doble de lo que se prestaba en los peores años de la crisis, donde la concesión de este tipo de créditos se situó en una media de entre 12.000 y 16.000 millones al año.
Las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en su plan de choque contra el coronavirus han dejado con especial malestar a los autónomos, uno de los colectivos más afectados por el frenazo a la economía impuesto por el estado de alarma que rige en España desde el pasado domingo. Tras conocerse el primer paquete de medidas, la decepción entre los autónomos fue mayúscula al eludirse algunas de las reclamaciones cruciales. Ahora, desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) exigen al Estado que liquiden antes de que termine el mes de marzo la el dinero adeudado por las administraciones públicas en subcontratos efectuados con pymes durante 2019: un total de 7.300 millones de euros.
Las empresas viven con incertidumbre el estado de alarma impuesto por el Gobierno de España que ha echado el freno de mano a la actividad productiva de nuestro país. Todos los expertos y organismos internacionales cuentan con un impacto negativo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus para este año, aunque de prolongarse la situación el golpe podría ser definitivo para muchos negocios, que ante la falta de liquidez en las empresas se pueden ver ahogados entre impagos y deudas no cobradas, en una situación parecida a lo ocurrido en la crisis de 2008. De ello advirtió ayer la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en un comunicado en el que pedía al Ejecutivo medidas para garantizar la cadena de pagos entre las empresas.
La banca teme que el coronavirus arruine los planes de negocio y no descarta que sus consecuencias desencadenen en una oleada de fusiones para poder sobrevivir, ya que sus niveles de actividad se verán mermados y se dispararán los impagos.
Los créditos avalados a pymes, empresas y autónomos por el Estado suponen una amenaza para la estabilidad tanto del déficit público como del sector financiero en un futuro, debido a la incertidumbre sobre la evolución de la economía por el coronavirus. Estos préstamos, que contarán con una garantía de hasta 100.000 millones otorgada por el Gobierno, podrán entrar en impago en función de cuándo y cómo se reactive la actividad.
La banca es más que consciente de que los próximos años van a ser muy complejos. Habrá una caída de la actividad, como consecuencia de la crisis económica que se avecina por la pandemia del coronavirus, y un aumento de la morosidad ante el aumento del desempleo. Por ello, las previsiones sobre sus beneficios son demoledoras. Aunque todavía es muy preliminar hacer cálculos sobre los efectos que tendrá el COVID-19, ya que se desconoce cuándo y de qué manera se recuperará la economía, algunos analistas ya avanzan estimaciones que van, incluso hasta 2022. Así, un informe reciente de Barclays presagiaba un aumento de la morosidad en los seis principales bancos españoles del 67,4%.
En la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, los bancos van a actuar como mecanismo de transmisión de buena parte de las ayudas estatales. En España y para las empresas, sobre todo con préstamos con aval parcial del ICO.
La banca española tienen fortaleza suficiente para afrontar el triple de la morosidad actual. Según el Banco de España, las entidades cuentan con unos colchones de capital que les permitiría dar "respuesta suficiente" para cubrir "un volumen de pérdidas equivalente a casi dos veces el volumen actual del crédito dudoso en el sistema", según señala en el Informe de Estabilidad Financiera publicado este lunes. En la actualidad, el sector financiero tiene unos 56.000 millones de euros en créditos dudosos, por lo que, en base a la previsión del organismo supervisor, podría absorber unos 100.000 millones de euros más.
La mayoría de los empresarios que tienen algún tipo de relación comercial con el Estado aseguran que la ley de contratos públicos aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 no está cumpliendo con el objetivo marcado de facilitar las relaciones entre las pymes y la Administración y las empresas públicas fijando un marco legal de plazos de pagos entre las compañías y reduciendo las trabas burocráticas para acceder a este tipo de contratos por parte de las pequeñas empresas. Un fracaso para el 81% de las mismas, que apuntan que "no ha notado mejoras en la facilidad de contratación desde la aprobación de la nueva Ley de Contratación Pública", según se refleja en el Informe sobre Morosidad: Estudios de Plazos de Pago en España 2019 elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
Los fuertes retrasos, superiores incluso a ocho meses, que se acumulan en el abono del seguro escolar por parte de la Administración amenazan con dejar a miles de jóvenes y adolescentes sin asistencia en salud mental. Este instrumento permite la asistencia privada debido al colapso existente en la sanidad pública. El problema radica en que los retrasos están provocando ya el cierre de centros, que no pueden sostenerse ante la elevada morosidad por parte del Gobierno.
La morosidad es uno de los grandes problemas a los que se va a enfrentar la banca en los próximos años como consecuencia de los efectos del coronavirus. En marzo, primer mes de la pandemia, el sector financiero español rompió la racha de reducción de impagos y sufrió el primer susto. Éste fue limitado, de 300 millones, pero según los expertos y las propias entidades, lo significativo está por llegar, cuando los hogares y las empresas se vean asfixiadas.
La morosidad de la banca alcanzará unos niveles del 11 o 12% como consecuencia de la crisis económica derivada del coronavirus, según las estimaciones realizadas por Axesor Rating. Este ratio se alcanzará previsiblemente a finales de este año, aunque todo dependerá de la magnitud del shock y del reconocimiento de las insolvencias por parte de las entidades. De esta manera, el sector soportará más del doble de impagos que en la actualidad, pero el porcentaje se quedará por debajo del máximo de 2013, cuando rozó el 15%.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) prevé que los impagos por la crisis del coronavirus se disparen a final de año, afectando a la rentabilidad de la banca en el futuro. El organismo, a pesar de esta circunstancia, asegura que las entidades europeas tienen reservas de capital y liquidez suficiente para afrontar los efectos del Covid-19, que pueden asestar un golpe de hasta 380 puntos básicos menos al capital (CET1) de los bancos europeos. No obstante, avisa, las consecuencias serán distintas en función de las entidades según el capital inicial, su eficiencia operativa y el nivel de exposición a los sectores más afectados por la crisis. "Las autoridades competentes deben abordar rápidamente cualquier debilidad idiosincrásica que pueda ser exacerbado por la crisis actual", determina la autoridad.
El impago del alquiler se ha triplicado en España a raíz del frenazo de la economía como consecuencia del estado de alarma. Concretamente, se ha producido un incremento de la morosidad que pasa del 5% al 15%, según los datos que maneja Asval, la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler.
