La banca empieza a hacer números sobre el efecto que tendrá en sus cuentas la esperada subida de la morosidad el próximo año y trabaja ya con el Gobierno para flexibilizar las condiciones de las líneas de avales ICO, una medida que ha sido vital para preservar el tejido industrial de nuestro país tras el estallido de la pandemia. Lo que no está en discusión es que el Estado vaya a tener que pagar en metálico a las entidades por los avales que se ejecuten en los préstamos con garantía pública puesta en marcha en abril, cuyas coberturas se sitúan entre el 60 y el 80% de los importes concedidos.

El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ha reconocido este viernes en la rueda de prensa de presentación de resultados de la entidad, que el grupo tiene la intención de recuperar el dividendo en cuanto el Banco Central Europeo (BCE) levante el veto al sector. No obstante, Guardiola aseguró que esta propuesta aún tiene que aprobarla el consejo de administración y, en todo, habría que ser "cauteloso" ante la incertidumbre de la actual crisis económica. A diferencia de sus competidores, el grupo financiero aún no se había pronunciado al respecto.

Las cuentas de la gran banca española hasta septiembre muestran un claro denominador común: el incremento de las provisiones. Esta partida suma ya casi 20.000 millones, un 70% más que 2019. Debe valorarse la prudencia que las entidades muestran, pese a que el nivel de morosidad está en niveles ínfimos.

La gran banca ya anticipa que lo peor está por llegar. El cuarto trimestre del año será más convulso de los previsto, situación que se extenderá a 2021. La mayoría de las moratorias concedidas de préstamos al consumo comenzarán a expirar entre octubre y noviembre de este ejercicio, por lo que las entidades atisban un incremento de los impagos a partir de diciembre. El terror a la morosidad y a los deterioros que traiga la crisis sanitaria, cuya segunda ola llega con más virulencia de lo previsto, ha redoblado los esfuerzos de las principales entidades que ya suman 19.400 millones de euros en provisiones, casi un 70% más que un año antes, para protegerse de los efectos que el vendaval de la pandemia dejará en sus balances.

Las medidas coyunturales aprobadas por el Gobierno con el fin de mantener a salvo el tejido productivo y el empleo que genera ya han empezado a dar paso a las medidas estructurales. Así, en el Barómetro de Opinión entre las pymes, que lleva a cabo la patronal Cepyme, casi el 20% de las 1.300 empresas encuestadas declaran que ya han realizado despidos o creen que se verán obligados para hacer frente a la crisis de la Covid-19.

Los bancos temen que la oleada de impagos comience en esta recta final de 2020 y continúe al menos todo 2021. Para ello han llevado a cabo provisiones extraordinarias con las que protegerse y cubrir los eventuales agujeros. Unicaja y BBVA, por ahora, son las entidades españolas que más dotaciones extraordinarias han llevado a cabo tras el estallido de la pandemia en relación a sus riesgos crediticios.

El nuevo grupo resultante de una fusión entre BBVA y el Banco Sabadell necesitará en torno a mil millones de euros más en provisiones para elevar la cobertura de los créditos dudosos de la entidad de origen catalán. A cierre del tercer trimestre del año, el Sabadell sumaba unos préstamos morosos en España por valor de 5.617 millones de euros, con una cobertura del 55,8%. Por su parte, BBVA cerró el noveno mes del año con 8.380 millones de euros en créditos dudosos en el mercado nacional, con una cobertura del 68%.

En el primer semestre de 2021, la banca comenzará a evidenciar un incremento en los impagos por parte de los deudores, debido a la finalización de los programas de alivios financieros que se implementaron en medio de la emergencia económica ocasionada por la pandemia de la covid-19, anunció el presidente de Asobancaria, Santiago Castro.

La euforia inicial del mercado por la cercanía de una vacuna efectiva tras los distintos anuncios (primero de la farmacéutica Pfizer, después de Moderna y finalmente de AstraZeneca) pasa de puntillas sobre las cuentas de resultados del sector financiero español. La banca cotizada no logrará equiparar su beneficio a los niveles precrisis, al menos, hasta dentro de tres años.

El sector bancario lleva años sufriendo un descenso intenso de su rentabilidad. Los bajos tipos de interés y los mayores requerimientos de capital (junto a otras regulaciones) han dejado atrás los años dorados de un sector fundamental para la economía. Si la banca tiene problemas serios, éstos pueden repercutir en la economía real de forma determinante. Son pocas o casi ninguna las crisis que no han tenido un componente financiero. La salud del sector es clave para que el crédito siga apoyando a la economía real y por ello los expertos ven con preocupación las amenazas a las que se enfrente la banca en los próximos meses y años.

Los esfuerzos de las asociaciones de autónomos para influir en el resultado final de los Presupuestos Generales del Estado, podrían dar sus frutos si finalmente fructifica alguna de las cinco enmiendas que al menos, según ha podido saber elEconomista, han logrado introducir en las Cuentas de cara a su aprobación. Entre las más relevantes se encuentra la que pide la modificación de la ley de pago a proveedores para dotar de un régimen sancionador al reglamento que apremie los pagos en tiempo, sobre todo de las grandes compañías y de la administración a las pymes, y otra que reclama un plan para recuperar el consumo de cercanía y dar un impulso al pequeño comercio y pequeña hostelería.

Pese a la avalancha de noticias alarmantes que nos bombardean a diario, nunca estamos del todo prevenidos. Pymes y autónomos hemos sentido un escalofrío al leer la postura de la Asociación Española de Factoring publicadas en un medio digital.

La constructora Cobra, perteneciente a un grupo empresarial integrado dentro de ACS -que preside Florentino Pérez- ha recibido un golpe judicial sin precedentes tras ser condenada por la aplicación de cláusulas abusivas a empresas subcontratadas y por morosidad en los pagos a estas mismas compañías, en plazo superiores a los estipulados por la ley de pago a proveedores. En suma, un revés que genera jurisprudencia y eleva la presión sobre los legisladores para dar respuesta a las prácticas abusivas de estas grandes empresas que suponen la asfixia para pymes y autónomos, y que en el actual contexto de pandemia y de crisis económica puede suponer su quiebra.

La banca española se está dando un respiro tras el esfuerzo de provisiones excepcionales en los primeros meses de la pandemia. Las entidades se han relajado a la espera de que se despejen algunas incertidumbres sobre el futuro de la economía y su hucha de dotaciones ha comenzado a bajar. En septiembre, según los datos del Banco de España, el volumen total de provisiones del sector descendió por primera vez desde el estallido del Covid-19, algo que el supervisor no ha visto con buenos ojos y ha reclamado que se vuelva a una política de prudencia extrema ante la más que problema subida de las insolvencias próximamente.

La banca española relaja la acumulación de provisiones extraordinarias. Esas partidas se redujeron en 600 millones el pasado septiembre. Es cierto que esa reducción es muy pequeña comparada con el volumen total (102.000 millones) de recursos de este tipo que las entidades acumulan.

Wizink no sólo cuenta con el problema de las reclamaciones por tipos de interés abusivos en sus tarjetas revolving, también está sufriendo los efectos de la morosidad en estos productos, que son su principal y casi única fuente de negocio. El banco controlado por el fondo Värde Partners registra una de las tasas de impagos más elevada del sector, de casi el 10% (en concreto, 9,6%). Esta cifra es el doble que la media del sistema nacional, inferior al 5%.

Los principales operadores españoles de telecomunicaciones tienen motivos para maldecir este 2020 de forma unánime y contundente. Todos son problemas, ya que la debilidad propia de la actual crisis económica se agrava con una morosidad récord en el sector, situada entre el 7 y el 11% de los clientes acogidos al pago fraccionado por la crisis del Covid, según estimaciones de la consultora Everis. De esta forma, al perro flaco de los operadores de telefonía se añaden unas pulgas insólitas en el negocio, con decenas de miles de clientes que han optado por fragmentar, aplazar o suspender el pago de sus facturas pendientes ante las dificultades económicas del momento.

Si piensa encontrar en esta columna complacencia con el último movimiento del BCE, basado en emitir a troche y moche euros para dárselos a los bancos y que los presten, no pierda el tiempo y no siga leyendo. Al BCE al igual que al resto de bancos centrales se les acabó la magia de la pócima hace mucho tiempo. La política monetaria es un bálsamo fuerte para el corto plazo, para doblegar inflaciones, nunca para en el largo plazo sacar a un país o área económica de una situación calamitosa.

Las nuevas suspensiones de los desahucios que va a aprobar previsiblemente el Gobierno antes de que acabe el año supondrán un impacto medio para los propietarios de pisos en alquiler de unos 9.000 euros, según las estimaciones elaboradas por la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

Los analistas se atreven ya a mostrar cierto optimismo con respecto al comportamiento del último trimestre de 2020 en el sector financiero español. Será inevitable que los bancos vuelvan a incurrir en pérdidas entre octubre y diciembre, pero todo apunta a que los números rojos se reducirán en 500 millones sobre lo inicialmente previsto.

La banca afronta 2021 como el año de la remontada, tras las pérdidas que la pandemia ha provocado en el sector financiero español. Las entidades cotizadas ganarán en el próximo ejercicio 8.800 millones de euros, frente a los números rojos de 5.500 millones de euros con los que cerrarán 2020, según las estimaciones del consenso del mercado.

Las entidades financieras españolas asumen que el verdadero efecto que deje la crisis del coronavirus en los impagos crediticios se reflejará este 2021, una vez comiencen a expirar las moratorias hipotecarias y de préstamos al consumo a las que se han acogido más de 1,3 millones de clientes en nuestro país. Sin embargo, discrepan con las previsiones de los supervisores y descartan que se dé una escalada de la morosidad a doble dígito, tal y como ocurrió en la última crisis económica, cuando el ratio de mora se situó en torno al 13% en el año 2013.

La pandemia ha frenado de seco el ritmo de desinversión de los activos improductivos (créditos dudosos más adjudicados) de la banca española. El sector desaguó a lo largo de 2020 en torno a 9.500 millones de euros de activos tóxicos, lo que supone un 63% menos de los 25.500 millones que se sacudió a lo largo de 2019. Concretamente, y según los datos del Banco de España, el conjunto de las entidades del país redujo unos 5.000 millones de euros de créditos dudosos a lo largo del año pasado, frente a los 12.800 millones que minó el ejercicio previo y en torno a 4.400 millones en ladrillo, frente a los 12.700 millones de 2019.

BBVA se muestra optimista con la evolución de su negocio en Turquía a pesar de la crisis derivada de la pandemia y los desequilibrios del país. Su filial otomana, Garanti, se ha fijado como objetivo reducir la tasa de morosidad en 2021 desde cerca del 6,5% que cerrará 2020 hasta menos de un 6%.

Standard & Poor's retrasa para la primera mitad de 2022 la entrada del grueso de la morosidad en la banca española a causa del impacto que pueda dejar la crisis sanitaria en las empresas y familias españolas. La agencia de calificación, no obstante, prevé que el ratio de mora no alcance los niveles de la última crisis económica, que en 2013 llegó a situarse en torno al 13%, y que se sitúe entre el 9,5% o el 10% como máximo, frente al 4,5% actual. "Pensamos que, en nuestro escenario central, el impacto de la crisis en el balance de las entidades puede ser manejable", aseguró Luigi Motti, responsable de Análisis de Instituciones Financieras EMEA de S&P Global Ratings durante la presentación de hoy del 'Informe Global Perspectivas 2021'.

La crisis económica que ha provocado la pandemia y las restricciones para frenar los contagios están siendo la espada de Damocles para cientos de miles de pequeñas empresas que han visto como caen estrepitosamente las ventas y los ingresos por el desplome del consumo. También es un fenómeno que afecta a las grandes compañías, aunque estas en muchas ocasiones logran desplazar su falta de liquidez hacia las compañías colaboradoras, más pequeñas, estirando el periodo de pago a proveedores más allá del periodo estipulado por ley. Este es el caso de las compañías del Ibex que en nuestro país resultan ser las más morosas, llegando a triplicar este plazo de pago hasta alcanzar los 183 días.

BBVA ha cerrado un acuerdo con el fondo KKR para traspasarle una cartera de préstamos y activos inmobiliarios con un valor bruto aproximado de 700 millones de euros, con el objetivo de limpiar su balance antes de que comience a subir la morosidad por los efectos del coronavirus. El lote se compone de dos tipos de préstamos (con garantía hipotecaria y sin garantía hipotecaria) y activos inmobiliarios adjudicados, heredados de la antigua Unnim.

Finaer, la firma líder en garantías de alquiler en Argentina aterriza en España con el objetivo de "situarse en el podium" de este mercado en tan solo un año. Así lo explica a elEconomista su CEO, Nicolás Barilari, que asegura que la calidad y diferenciación de su producto serán la clave para el crecimiento que esperan en nuestro país en 2021.

La banca va camino de cerrar 2020 con el logro de mantener la morosidad a raya, a pesar de la crisis sanitaria. Según los últimos datos publicados este viernes por el Banco de España, el sector financiero cerró noviembre con un ratio de morosidad del 4,57%, misma tasa que el mes anterior, y el nivel más bajo desde el año 2009.

Prudencia. La reciente encuesta de préstamos elaborada por el Banco Central Europeo (BCE) refleja el predominio de esta actitud en bancos, empresas y hogares europeos en el cuarto trimestre de 2020. Prudencia de los bancos europeos ante la mayor incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y su impacto económico. Y prudencia de familias y empresas que observan el futuro con preocupación y reducen, por tanto, su demanda de nueva financiación. Las vacunas aumentan la esperanza de una victoria sobre el virus, pero entre todos tenemos que hacer posible que la recuperación económica posterior sea fuerte y sólida. Las entidades lo harán garantizando una financiación responsable bajo las mejores condiciones posibles. Y las empresas y autoridades deben sentar las bases para una recuperación económica sostenible, llevando a cabo ajustes y reformas que aumenten el crecimiento potencial.