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La banca empieza a hacer números sobre el efecto que tendrá en sus cuentas la esperada subida de la morosidad el próximo año y trabaja ya con el Gobierno para flexibilizar las condiciones de las líneas de avales ICO, una medida que ha sido vital para preservar el tejido industrial de nuestro país tras el estallido de la pandemia. Lo que no está en discusión es que el Estado vaya a tener que pagar en metálico a las entidades por los avales que se ejecuten en los préstamos con garantía pública puesta en marcha en abril, cuyas coberturas se sitúan entre el 60 y el 80% de los importes concedidos.