La morosidad de las entidades que operan en nuestro país sigue contenida pese a la pandemia. El ratio de mora cerró marzo en el 4,51%, recuperando el nivel mínimo que marcó en diciembre, umbral no visto desde abril de 2009, cuando empezó su acelerada subida por la crisis económica de entonces.
La banca de nuestro país reafirmó en sus resultados del primer trimestre la resistencia a la crisis que ya demostraron en 2020. En todo ese año, sin embargo, el BCE y el Banco de España alertaron de lo peligrosa que resultaba la excesiva confianza y de la necesidad de mantener el colchón de provisiones.
Los retrasos al pagar a proveedores y contratistas en el sector público y privado es un problema que arrastra nuestro país desde hace años. Y aunque España ha logrado algunos avances, para Bruselas no resultan suficientes. Sobre todo cuando Europa se recupera de su mayor crisis en siete décadas de historia con un tejido empresarial muy debilitado.
Las deudas entre autónomos o con la Seguridad Social son uno de los mayores problemas del colectivo. Muchos de estos deberes de pago se generan por la incapacidad financiera del negocio, aunque algunas entidades utilizan a otras pequeñas empresas para financiarse a través de ellas utilizando el factor deuda. Sea como fuere, estar en una lista negra de morosos genera una serie de problemas para el autónomo.
La hostelería se despega del resto del sector servicios, siendo el que muestra con más crudeza los efectos de la pandemia -ante las restricciones a la movilidad- con un mayor endeudamiento durante la crisis sanitaria, pero también con un mayor crecimiento de la tasa de morosidad, que ya se incrementa de forma acelerada frente al resto de gremios. Después de varios años consecutivos de descenso de los impagos tras los efectos de la última gran crisis (en 2015 alcanzó una tasa de mora del 17%), la hostelería llegó a situar su tasa de mora en el 5,17% justo antes del estallido del coronavirus.
La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) casi duplicó los grandes morosos -con más de un millón de euros pendientes de pago- en el año de la pandemia, pasando de 9 a finales de 2019 a 17 el 31 de diciembre de 2020.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aseguró esta mañana que aún hay muchas incertidumbres a futuro para salir de la actual crisis. Durante su intervención en las jornadas bancarias organizadas por el IESE, apuntó a que aún existe el riesgo de que la crisis pase a convertirse en financiera y acabe con una restricción del crédito por parte de la banca. A su juicio, la combinación del riesgo de crédito junto con la reticencia de las entidades a utilizar los colchones de capital, ante el miedo de que esto pueda penalizarlas en el mercado, "podría llevar a la restricción del crédito". Algo que, matizó, de momento no se está produciendo pero que "no deja de ser un riesgo potencial hacia el futuro".
Las medidas impulsadas por el sector y el Gobierno han ayudado a mantener a raya la morosidad desde que estalló la crisis del coronavirus. Pero el fin de las moratorias concedidas a los clientes para afrontar sus cuotas crediticias hace temer una subida de las insolvencias próximamente.
Las previsiones sobre los resultados de los bancos cotizados españoles elevan su beneficio conjunto a 8.000 millones en el pasado semestre.
Incertidumbre. Este el término que mejor define la situación que vivimos desde hace ya más de un año y medio, cuando la crisis provocada por la pandemia puso entre la espada y la pared al tejido empresarial. La difícil tesitura en la que se encuentran tanto grandes como pequeñas y medianas compañías es síntoma inequívoco de una ralentización económica que previsiblemente experimentará un aumento de la morosidad empresarial cuando finalicen las ayudas gubernamentales.
Las compañías del sector no financiero del Ibex 35 liquidaron sus facturas en un periodo medio de 191 días en 2020, triplicando el plazo legal permitido y establecido en 60 días, y aumentando 15 días más respecto a 2019, según el análisis de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) realizado con los balances de las compañías y de los datos publicados por la CNMV. Según la estimación que ha realizado la PMcM, los balances de la CNMV ponen de manifiesto que en 2020 la morosidad de las compañías del selectivo alcanzó los 58.427 millones de euros y se apreció un incremento del 9% en el plazo medio de pago de las empresas no financieras del Ibex, aumentando en 15 días el tiempo de liquidaciones respecto a 2019, pasando de 176 días a 191. También se registró un ligero empeoramiento del 3% en el plazo medio de cobro de empresas no financieras del Ibex.
Funcas cree que la banca todavía tendría que realizar provisiones por valor de 12.000 millones de euros en las cuentas de resultados de 2021 y 2022, y prevé un incremento del crédito dudoso entre finales de 2022 y principios de 2023.
Kutxabank ha logrado un beneficio de 125,5 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la ausencia de resultados extraordinarios que sí tuvo entonces. El banco subraya que la evolución de la actividad comercial le va a permitir revisar al alza sus previsiones para el conjunto del ejercicio.
El Santander ha tenido que extender las facilidades de pago al 60% de los créditos avalados por el Estado, después de las ampliaciones aprobadas por el Gobierno en marzo para dar alivio a las empresas y a los autónomos ante la incertidumbre de la pandemia.
Las financieras de consumo están siguiendo los pasos de los bancos y están reduciendo personal para ganar eficiencia operativa y adaptarse al imparable entorno tecnológico. De acuerdo con las últimas cifras disponibles, del Banco de España, los establecimientos de crédito redujeron el año pasado en un 9,5% su plantilla.
De nada han servido los reclamos de los supervisores (Banco de España y BCE) al sector financiero para que siguiera aumentando el nivel de provisiones ante las alertas de una posible subida de la morosidad y un aumento de los deterioros de los activos por la incertidumbre de la crisis sanitaria. Las entidades de nuestro país han empezado a reducir drásticamente su colchón tras los esfuerzos realizados el pasado ejercicio, cuando llevaron cabo dotaciones extraordinarias para afrontar la pandemia.
La fintech Sequra es una de las empresas que se ha visto favorecida por la pandemia, que ha catapultado desde múltiples vertientes su modelo de negocio, según reconoce uno de sus fundadores y consejero delegado, el emprendedor sueco afincado en Cataluña desde hace dos décadas David Backstrom. La compañía, especializada en facilitar el pago aplazado de compras mediante un trámite casi instantáneo en el mismo momento en que se realizan, nació en 2013, y desde entonces crecía a doble dígito anual, aunque el mayor salto en la facturación lo registró en 2020 y lo prevé superar en 2021. Así, pasó de una facturación de 15 millones de euros en 2019 a 25 en 2020, y prevé rondar los 40 millones en 2021.
La Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), tras analizar el último informe del Ministerio de Hacienda relativo a los plazos medios de pago de las Administraciones Públicas, ha alertado de que 96 ayuntamientos tardan de media más de un año en pagar, ascendiendo su deuda a casi 213 millones.
Las moratorias de crédito comienzan a formar parte del relato de lo que fue una pandemia, alejándose de la actualidad. Aunque, sin embargo, permanece la huella que han dejado en los estados financieros de las entidades. Los principales grupos del país aplazaron préstamos durante los peores momentos de la crisis por un valor conjunto de más de 166.600 millones de euros, de los que ahora, un año y medio después de que se empezara a poner en marcha esta medida de alivio, solo queda un 12,5% vigente. O dicho de otro modo, el 87,5% de las moratorias ya ha vencido.
En vísperas de que decaiga el veto del BCE sobre los dividendos bancarios, las entidades españolas se sitúan en muy buena posición en cuanto a las expectativas sobre estos pagos.
La hostelería ha sido el sector más afectado por la pandemia, como consecuencia de las restricciones impuestas. Y esta situación se está trasladando a la banca, ya que los impagos crediticios de la restauración están elevando su ritmo de crecimiento. En el segundo trimestre de 2021, momento en que se levantaron ciertas limitaciones con el fin del Estado de Alarma y la reapertura de muchos locales, las insolvencias de estas compañías aumentaron un 24%, frente al 16% del trimestre anterior y del 7,2% de los últimos tres meses de 2020.
Los autónomos son uno de los colectivos que más conviven tanto con las deudas como con los impagos. La situación económica provocada por la pandemia ha derivado en un aumento de la morosidad entre trabajadores del colectivo. Esto no solo es un problema para la situación financiera de los pequeños negocios, sino que también supone grandes problemas para las relaciones comerciales del autónomo.
Wizink ha ampliado aún más la distancia que tiene con el resto del sector en niveles de morosidad. Según los últimos datos disponibles, relativos a 2020, la entidad especializada en tarjetas de crédito revolving ha sobrepasado ya el umbral del 10% en impagos, un nivel que el conjunto del sector espera que no alcance una vez comience la oleada de dudosos una vez vayan retirándose las medidas de apoyo a empresas y particulares.
El grupo francés, a punto de cumplir su 140 aniversario y con más de 30 años en España, su mayor mercado exterior, ve con mucha potencialidad el entorno de los negocios con la recuperación económica, que, sin embargo, no está exento de riesgo.
Continúa la discrepancia entre el Banco de España y las entidades financieras sobre las dotaciones ante posibles avances de la morosidad.
Los impagos de alquileres crecieron un 66,2% en 2020 en el conjunto nacional, según muestran los datos del decimotercer Estudio del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos. Los estragos provocados por la pandemia hicieron que los casos de morosidad fueran mayores que en los años más duros de la crisis financiera, entre 2019 y 2020, (2009-2012), cuando los casos se incrementaron un 55,5%.
En la comunidad aragonesa, la morosidad registró un incremento del 51,5% entre el 1 de enero y el 31 de diciembre por el impacto de la crisis sanitaria. Un aumento que es inferior al de la media nacional, que se ha situado en el 66,2%.
La banca respira cómoda tras la hucha de provisiones realizada en su mayor parte el año pasado para cubrirse de los futuros impagos, dotaciones que se situaron en los 103.000 millones de euros a cierre del pasado junio, según los datos del Banco de España. Sin embargo, esta cifra ya se acerca a las futuras pérdidas que tendría que cubrir el sector financiero a tres años por el incremento de los créditos dudosos tras el fin de las moratorias (entre finales de este ejercicio y mediados del siguiente expirarán tanto las de consumo como las hipotecarias) y la finalización del plazo de las carencias de pago de los créditos avalados por el ICO. Es decir, a partir de la primavera de 2022 los clientes -especialmente empresas, pymes y autónomos- que se hayan acogido a estas carencias tendrán que comenzar a abonar su deuda al banco.
La banca española puede presumir de que ha atravesado la crisis con un impacto en sus reservas de capital notablemente bajo. Este capítulo se ha reducido un 11% respecto a febrero de 2020, un porcentaje reducido considerando que las entidades se situaron, desde el inicio de la emergencia, en primera línea y multiplicaron sus exposición a los sectores más afectados por ella, en especial las pymes y los autónomos.
Los principales ejecutivos bancarios cuestionan la temporalidad de la inflación, pese al fuerte mensaje al respecto del Banco Central Europeo (BCE), y apuntan a una posible alza de tipos antes de lo previsto. El periódico elEconomista celebró este lunes su 'IV Foro de Banca' en colaboración con Accenture en el Hotel Westin Palace de Madrid en el que se celebró una mesa redonda con los primeros espadas de los principales bancos y expertos. En el coloquio participaron Diego López Abellán, director general de Servicios Financieros de Accenture; Gregorio Villalabeitia, presidente de Kutxabank; César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell; Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank; José Antonio Álvarez, consejero delegado de Banco Santander, y María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter.