La Seguridad Social, debido a su función recaudatoria, tiene en su poder una lista de inmuebles que, al no tener utilidad para el organismo, son puestos a la venta con el objetivo de obtener líquido y saldar de forma efectiva las deudas por cuotas o recargos que han provocado el embargo de esas propiedades.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, puso cifras a la compensación económica que recibirán los pensionistas en febrero del próximo año por el desvío de la inflación de este año en comparación con la subida aplicada por el Gobierno a principios de 2021. Concretamente, el Ejecutivo aplicó entonces un actualización del 0,9% y según las últimas estimaciones confirmadas hoy por el ministro Escrivá, el IPC medio anual a mes de noviembre será del 2,3%. Es precisamente es 1,4% de desfase el que deberá compensar la Seguridad Social para que el colectivo de pensionistas y jubilados conserven el poder adquisitivo de este año 2021, y el Gobierno calcula que el coste de esta paguilla ascenderá a 1.900 millones de euros.
Uno de los obstáculos más importantes que un trabajador puede encontrarse en su objetivo de conseguir una pensión de jubilación es contar con un periodo de cotización insuficiente para satisfacer sus demandas, como aumentar la cuantía de esta prestación.
Los autónomos se van a ver envueltos en diferentes cambios que afectarán a sus cuotas a la Seguridad Social, por lo que la mejor lucha contra la posible confusión es tener las cuentas claras.
La cotización a la Seguridad Social es importante para el trabajador, puesto que determina el acceso de este a pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, cobertura en periodos de baja o prestaciones por desempleo.
El anteproyecto de Presupuestos Generales para 2022 prevé que la Seguridad Social recaude en ese ejercicio 136.345 millones en concepto de cotizaciones sociales, un 9% más con respecto a este año.
El año 2022 será uno de cambios en el sistema de pensiones español. A las novedades de la reforma ideada por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se añaden modificaciones que atañen a aspectos tan importantes como el cálculo de las pensiones de jubilación.
El Ingreso Mínimo Vital ya se paga a 800.000 personas tras su primer año de vida. La prestación, que va a incluir nuevos complementos para unidades familiares con menores de edad, se ha concebido de tal forma que se pueda cobrar a la vez que otras ayudas.
El mercado laboral parece mostrar resiliencia tras el paso del verano y aún arroja cifras de empleo que apuntan a una fuerte recuperación de puestos de trabajo perdidos durante durante los peores meses de la pandemia. Tanto es así, que para finales de este mes, la Seguridad Social espera contar en sus listas con 19.651.324 afiliados, lo que supondrá superar en casi 12.500 ocupados los niveles previos a la pandemia, incluso si descontamos de esta bolsa a los empleados que aún se encuentran afectados por un Erte en nuestro país.
Uno de las múltiples medidas que el Gobierno de coalición ha acordado incluir en los Presupuestos Generales del Estado un complemento de ayuda para la infancia que dará entre 50 y 100 euros a las familias que cobren el Ingreso Mínimo Vital con menores a cargo y a otras familias con rentas bajas.
El Proyecto de Ley de garantías del poder adquisitivo de las pensiones no supone una verdadera reforma. La razón principal es que las medidas que contempla no impedirán que el déficit en las pensiones siga aumentando, debido a la jubilación de la generación del babyboom y a la revaloración. En realidad, estos cambios sólo afectarán a los actuales cotizantes, tratando de retrasar su edad de jubilación e incrementando la presión sobre las empresas para la gestión de la renovación natural de sus plantillas.
En paralelo a su labor de información y gestiones al ciudadano, la Seguridad Social también comunica puntualmente las alertas de posibes fraudes que se cometen en su nombre o con excusa de algún trámite ficticio dentro de sus competencias.
El sistema de pensiones público en España está basado en un sistema de reparto que ha demostrado ser un tanto vulnerable a los cambios en la pirámide demográfica. El auge de la esperanza de vida ha generado un desequilibrio importante que ha roto todas las previsiones (y obliga al Estado a realizar inyecciones constantes al sistema). Ahora, una de las soluciones pasa por elevar la edad efectiva de jubilación a la vez que se incrementa la edad legal hasta los 67 años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El Gobierno aún trabaja en los elementos definitorios del texto legal que conformará el armazón del nuevo fondo público de pensiones. Aun con cuentagotas, algunos aspectos relevantes del nuevo instrumento destinado a fomentar el ahorro privado en el ámbito de la empresa con planes de pensiones de empleo. Ente ellos, los funcionarios de los diferentes niveles de la Administración General del Estado que cuentan con un plan de pensiones colectivo podrá elegir entre seguir con su gestora o asegurada privada con sus actuales condiciones o, por contra, podrán trasladar sus planes de ahorro al fondo público.
El Gobierno tendrá en su poder la decisión final sobre las inversiones que se realicen desde las entidades gestoras y que se ordenen por la Comisión de Control Especial. Concretamente, se reservará una mayoría simple en los órganos que decidirán sobre el futuro de las inversiones de este dinero.
El fondo público de pensiones que arma el Gobierno será principalmente un dinamizador de la contratación de planes de pensiones por parte de los autónomos, que tendrán más flexibilidad que los trabajadores de las empresas que decidan abrir un plan promovido por el vehículo articulado por el Gobierno. Concretamente, los autónomos podrán adherirse a los planes sectoriales que deseen promovidos por los diferentes gremios profesionales indistintamente para comenzar a beneficiarse de las ventajas en términos de reducción de costes respecto al sistema individual -un 92% de los planes tiene comisiones más elevadas del 0,5%-. Mientras que las compañías, con ciertas excepciones, deberán acoplarse a los fondos sectoriales de su rama, preferentemente.
El ministro José Luis Escrivá no se expresa, sino que realiza afirmaciones y luego se pasa días enteros teniendo que matizarlas posteriormente ante los medios, afirmando haber sido malinterpretado. Desde que asumió el cargo como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha entrado en esta dinámica, con la consecuente generación de ruido en torno a un asunto tan delicado como es la reforma de las pensiones, que nos ha tenido en vilo a toda la industria a lo largo del último año y medio.
Cotizar por la mínima durante toda la carrera profesional es uno de los mayores problemas del colectivo de autónomos. Existe una creencia extendida de que cotizando por la mínima aumentan los beneficios lo suficiente como para guardar una parte para la etapa de jubilación. Sin embargo, llegado este momento, el trabajador se da cuenta de que la cuantía que cobra mensualmente es realmente baja.
Darse de baja por el motivo que sea no implica que el trabajador quede al margen de la Seguridad Social. Al estar vinculado a su empresa durante todos los periodos de incapacidad temporal, la protección se mantiene y la cotización también.
Las personas que acaban de tener un hijo tienen derecho a una prestación que cubre los periodos de descanso por nacimiento, adopciones y acogimientos si se acreditan unas condiciones concretas. Para poder cobrarla, hay que solicitarla en la Seguridad Social, que ha recordado a la ciudadanía cómo puede hacerse ese trámite.
Cuando los trabajadores llegan a la edad ordinaria de jubilación es el momento de que reflexionen acerca de la pensión que les queda. Si no satisface sus deseos, pueden ampliar la carrera profesional un poco más...incluso mientras cobran la propia pensión de jubilación.
En la gran mayoría de regímenes de la Seguridad Social, los trabajadores han de esperar a que sea la empresa o el empresario el que les dé de alta para que su cotización sea efectiva. Pero existen casos en los que el propio trabajador puede hacerlo, sin tener que esperar.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha anunciado que aumentará el dinero destinado al análisis y el control de la Incapacidad Temporal. La Administración invertirá 315 millones de euros para reforzar la inspección de posibles casos de fraude.
La vida laboral es una vieja conocida para todos los trabajadores. Se trata de un documento que recoge sus cotizaciones y acredita el número de días que hemos estado dados de alta en la Seguridad Social. Tan común como importante, hay que tener claro cómo se puede acceder a ella en los momentos de duda respecto a nuestra cotización.
El adecuado control de las bajas laborales, especialmente las relacionadas con la incapacidad temporal, es ahora especialmente importante. El fenómeno del absentismo laboral se redujo a mínimos históricos en España con el inicio de la crisis de 2008-2013.
Cuando un trabajador se encuentra a disgusto en su empresa pero no tiene una alternativa en el horizonte puede optar por marcharse de forma voluntaria. Estas acciones tienen un inconveniente, ya que no se les concede el paro aunque hayan generado la cotización suficiente para percibirlo. Solo en algunos supuestos estos trabajadores pueden dejar su empresa y mantener el derecho a la prestación contributiva por desempleo.
El Gobierno se rearmará una vez mitigados los efectos colaterales de la pandemia para frenar el fraude que rodea a los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores y contener así el crecimiento de una partida que ya es la segunda más importante dentro de la Seguridad Social, después de las propias pensiones. Para el próximo año, el desembolso previsto para la cobertura de las bajas laborales, ascenderá hasta los 10.818 millones de euros, lo que supone un punto porcentual del PIB, lo que supone un 8,3% más que en el pasado 2020, cuando la factura ascendió hasta los 9.986 millones de euros.
La base de cotización de los trabajadores es sumamente importante, ya que sobre ella se aplican las diferentes cuotas (por contingencias comunes y profesionales, desempleo...) que debe pagar a la Seguridad Social. Dentro de la base se incluyen las remuneraciones, en dinero o en especie, que la empresa paga a su empleado, y por ellas se debe cotizar, aunque existen cantidades que no se forman parte de ella.
Los autónomos tienen permitido contratar a familiares en su empresa, pero siempre bajo las normas vigentes. La ley obliga a ciertas formalidades que dependen de si el familiar contratado convive o no con el autónomo. Además, se conciben ciertas bonificaciones para algunos casos.
La acción protectora de la Seguridad Social en ocasiones llega a recovecos difíciles de imaginar por el ciudadano medio. Uno de los colectivos a los que dicha acción también llega es al sector denominado como 'niños de la guerra'.