La edad real de jubilación en España es de 64,8 años, según los datos provisionales para 2022 de la Seguridad Social. Esta cifra es ligeramente inferior a la edad de jubilación ordinaria y una fecha relativamente asequible para lograr una jubilación anticipada siempre que se reúnan los requisitos que solicita el sistema y se asuman los recortes en las pensiones que conllevan.
Las pensiones contributivas, como la de incapacidad permanente, exigen en ocasiones requisitos de cotización para poder cobrarlas. En lo que concierne a las de incapacidad permanente esta cotización en la gran mayoría se pide en aquellos casos en los esa incapacidad derive de una enfermedad común.
La base reguladora es un concepto que se hace común en la vida de los trabajadores desde el momento en el que generan derecho a cobrar, si fuese necesario, prestaciones por desempleo y, en el futuro, pensiones contributivas. La más destacada de todas ellas, la de jubilación, no escapa a esta realidad.
El destope implica que aumentarán las cotizaciones de los trabajadores que, por sus salarios, venían cotizando a máximos y que cuando llegan a la jubilación, la base reguladora es superior a la pensión máxima de la Seguridad Social y vuelven a reducir sus pensiones respecto a lo que cotizaron durante su vida laboral. No es tan relevante el horizonte temporal de los 30 años que plantean, sino la brecha que actualmente existe entre las bases máximas cotizadas y la pensión máxima que se obtenga al jubilarse.
El trabajador tiene una gran galería de derechos como fruto de su relación laboral en una empresa. En paralelo, también tendrá que asumir ciertas obligaciones también contempladas en la ley. Son las dos caras de la misma moneda y a veces se pueden observar en una misma imagen. Por ejemplo, en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Cuando nos hacemos lo suficientemente mayores como para dejar atrás la adolescencia y afrontar la posibilidad real de conseguir un empleo toma más fuerza un concepto tan común como la vida misma: el Número de la Seguridad Social. Se lo oímos a nuestros padres y, a pesar de ser un documento vital, a menudo no sabemos qué hacer cuando debemos conseguirlo. Incluso no sabemos cómo localizarlo una vez lo tenemos asignado.
Como no podía ser de otra manera, los trabajadores piensan en conseguir una pensión de jubilación de la mayor cuantía posible dentro de sus posibilidades. Para ello tendrán que realizar contribuciones a lo largo de su vida. Esas contribuciones (por eso las pensiones de jubilación mayoritarias son las contributivas) son las cotizaciones.
Durante todos los años en los que trabaja al servicio de una empresa o por su cuenta en una actividad profesional, el trabajador va acumulando una serie de datos relacionados con sus contratos. Una información altamente valioso que conviene consultar de forma periódica.
El próximo año llegará con muchos cambios para los más de 3,3 millones de trabajadores autónomos en nuestro país. La razón es la reforma del sistema de cotizaciones planificada por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una reforma integrada dentro de los cambios necesarios en el sistema de pensiones (y pedidos por el Pacto de Toledo) para hacerlo más sostenible.
La Seguridad Social es un organismo que abarca múltiples competencias, aunque todas ellas relacionadas con la gestión de las cotizaciones de los trabajadores. Cuando estas no tienen lugar se producen deudas que en casos extremos hay que saldar a través de embargos a los bienes del ciudadano deudor. Es así como llegan al organismo diferentes bienes como, por ejemplo, viviendas.
Más de 1,4 millones de personas perciben el Ingreso Mínimo Vital, que está cerca de llegar a los dos años y medio de vida. Todos estos beneficiarios, al igual que los que cobraron la prestación y ya no la necesitan, pasaron por los mismos trámites y procesos de espera antes de conocer que podían cobrarla.
La Seguridad Social tiene, entre todas sus competencias, una función recaudatoria por la cual, si no se abonan las cotizaciones pertinentes puede embargar los ingresos de los deudores que no han cumplido con sus obligaciones para con el organismo. Un mandato que también ha tenido que adaptarse a lo que ha ido dictando la realidad.
Las pensiones de jubilación son las más abonadas por la Seguridad Social. Dos tercios de la nómina mensual de pensiones contributivas se pagan en este concepto, más de seis millones (datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social), por lo que resulta muy útil conocer cómo se calculan esas pensiones que llegan a los jubilados.
La Seguridad Social pone a disposición de los ciudadanos múltiples herramientas que les permiten solicitar diferentes prestaciones o ayudas y también servicios que les ofrecen una imagen aproximada de su situación actual en materia de, por ejemplo, las cotizaciones, que son uno de los elementos más importantes para un trabajador.
Los pensionistas que reciben una pensión contributiva en nuestro país tienen una buena noticia. Con la llegada del mes de diciembre percibirán la paga extra de Navidad de las pensiones, una de las dos que abona la Seguridad Social, junto con la de verano, a lo largo del año.
Las más de 370.000 personas inscritas en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar tienen una situación que, como el propio nombre de su sistema indica, es especial. Estas trabajadoras (en torno al 95% son mujeres) se rigen por normas diferentes a las de las personas del Régimen General en aspectos tan clave como su salario.
El Ingreso Mínimo Vital nació como una prestación destinada a cubrir las necesidades económicas de las personas y familias más vulnerables, pero tras casi dos años y medio continúa puliéndose para que llegue al mayor número de potenciales beneficiarios.
La Seguridad Social ha abonado la nómina de pensiones correspondiente a noviembre, una nómina en la que abonan la paga extraordinaria de Navidad. El gasto en pensiones se dispara hasta más de 21.500 millones de euros al sumar las dos pagas, lo que supone un crecimiento del 4,5% frente al año pasado. La nómina mensual contributiva asciende a 10.900 millones, el 11,7% del PIB. Mes a mes, el gasto en pensiones alcanza un nuevo récord.
Las pensiones de jubilación son, de largo, las más numerosas de las casi diez millones de prestaciones contributivas que se abonan mensualmente en nuestro país. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, son más de 6,28 millones de pensiones las que se pagan en este concepto, y todas ellas experimentarán cambios a partir de 2023.
La jubilación anticipada es una opción muy atractiva para los trabajadores que desean adelantar su retiro profesional y no tener que esperar a la edad ordinaria de jubilación. Las posibilidades de hacerlo dependerán de la trayectoria profesional de estas personas: cada caso puede ser realmente un mundo.
Cuando una persona se jubila y pasa a ser pensionista no puede olvidarse de sus obligaciones para con el fisco. Lo mismo sucede con otras pensiones como las de viudedad o las de incapacidad permanente. La razón es que, a ojos a Hacienda, estas prestaciones son consideradas rentas del trabajo.
La última parte de la reforma de pensiones del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá propone un destope de las bases máximas de cotización ligado al IPC medio anual más otros 30 puntos extra hasta 2050. Una medida que elevará de forma histórica el límite de cotizaciones a la Seguridad Social. Junto a la subida de 0,6 puntos sobre todas las nóminas por el Mecanismo de Equidad ya en 2023, el decil de mayor renta afronta la mayor senda de subida de las cotizaciones de la historia hasta mitad de siglo mientras las pensiones más altas solo crecerán con el IPC más 3 puntos.
El sistema de pensiones de nuestro país contempla que los últimos años previos a la jubilación sean especialmente determinantes para el cálculo de la pensión de jubilación del trabajador que se retira definitivamente. Por esta razón son tan problemáticos los parones de cotización (o las cotizaciones por cuantías menores) en esos años del tramo final de la vida laboral del ciudadano.
El Ingreso Mínimo Vital cada llega a más personas. De acuerdo con los últimos datos de la Seguridad Social, ya son 1.495.000 personas (y más de medio millón de hogares) los que perciben esta renta garantizada y que cada mez esperan al abono de las diferentes cantidades que les permiten tener unos ingresos estables.
Para cobrar una pensión contributiva de jubilación no basta con cumplir la edad ordinaria de jubilación, ya que hay que acreditar algún que otro requisito de los que destaca por encima una cotización de al menos 15 años. De lo contrario será imposible cobrar la pensión.
Las más de 372.000 personas (datos del Ministerio de Trabajo) que pertenecen al Sistema Especial de Empleadas del Hogar han tenido un cambo positivo en sus condiciones laborales antes del final de año. Una modificación que afecta a sus cotizaciones y que, por lo tanto, también tiene efectos en sus empleadores.
La última parte de la reforma de pensiones pretende reclamar mayores esfuerzos a los sueldos más altos a cambio de una compensación en sus prestaciones que se demorará 30 años en el tiempo. La propuesta que trasladó el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales recoge un incremento de las bases de cotización de 30 puntos más el IPC medio desde 2025 hasta 2050, mientras la pensión máxima subirá 3 puntos más el IPC medio. Habrá que esperar a los años posteriores a 2050 para que se ponga en marcha una subida equivalente, de 30 puntos, en la pensión máxima, según recoge el borrador.
Las pensiones de incapacidad permanente son las que se abonan a las personas que se han visto afectadas en su vida diaria o laboral por una enfermedad o dolencia. Tras las jubilación y viudedad son las más numerosas del catálogo de prestaciones contributivas (unas 950.000, según los datos del Ministerio de Trabajo) y son las más particulares de todas ellas, ya que en su tramitación intervienen diferentes variables.
Jubilarse de forma anticipada es una alternativa cada vez más atractiva para los trabajadores que quieren acabar de una vez por todas con su trayectoria laboral y disfrutar de un más que merecido descanso. Este atractivo, de hecho, no se reduce a pesar de que para poder hacerlo hay que asumir recortes en las pensiones de jubilación.
El viudo de un trabajador autónomo tiene derecho a percibir una pensión a pesar de que el fallecido tuviera cuotas impagadas a la Seguridad Social, siempre que estas deudas estuvieran prescritas en el momento del fallecimiento, según la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 15 de noviembre de 2022.