El presidente del Gobierno ha dado a conocer este domingo las carteras que conformarán el nuevo Ejecutivo y que este lunes prometerán sus cargo ante la figura del Rey, el jefe del Estado. En avanzadilla, Pedro Sánchez ha ponderado el importante papel que tendrá la cartera de Seguridad Social y Migraciones, un desgaje del Ministerio de Trabajo, y que a partir de ahora recaerá sobre José Luis Escrivá, hasta ahora presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

La implantación de un sistema de cotización proporcional a los ingresos reales de los autónomos es "lógica y deseable", pero que, con los medios y la información disponibles hoy en día, no es factible. Esa esa la conclusión a la que ha llegado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

"Debemos derogar la reforma laboral". Con estas palabras inicia la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, su andadura al frente del ministerio que centrará buena parte de sus esfuerzos en cambiar la ley que rige el mercado laboral desde que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy ejecutase su reforma en una coyuntura de destrucción masiva de puestos de trabajo.

Finalmente, el Pedro Sánchez cumple su promesa de incrementar las pensiones un 0,9% en 2020 después de que las congelase de manera cautelar a finales del pasado mes de diciembre hasta que se culminase la formación del Gobierno de coalición. Así, el primer Consejo de Ministros de la legislatura ha alumbrado este martes la subida de pensiones del 0,9% para este año con carácter retroactivo a 1 de enero, en lo que ha sido la carta del presentación del Ejecutivo de coalición de clara vocación social.

Lo confirmó este mismo lunes el ya ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante el intercambio de carteras: el Gobierno se compromete a subir las pensiones conforme al IPC durante este mandato. Una medida que ya se conocía por boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que confirmó el que será el máximo mandatario del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país. Sin embargo, el reto se abre para Escrivá en su intención de cerrar por completo del déficit del Sistema ya que esta senda de revalorización implica un incremento del coste de las pensiones de 7.650 millones de euros en los cuatro años que está previsto dure la legislatura.

Israel Arroyo ha sido nombrado como nuevo secretario de Estado de la Seguridad Social y de Pensiones, según ha anunciado el Consejo de Ministros. Hasta ahora, ejercía como subdirector general de Endeudamiento Público de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno aprueba una revalorización de las pensiones del 0,9%, cuantía casi idéntica al IPC de diciembre. Era un paso previsible ya que el presidente Sánchez aseguró el mes pasado que ésta sería su medida prioritaria. Además, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantó en su toma de posesión que este tipo de subidas marcarán la tónica durante la legislatura, ya que el objetivo es volver a vincular las pensiones con la inflación.

En diciembre de 2019 los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en turismo crecieron un 3,2% interanualmente (75.026 afiliados más), alcanzando la cifra récord en la serie histórica de un mes de diciembre de 2.395.030 empleados.

Los españoles aportaron 1.167 millones de euros a planes de pensiones privados el año pasado, un 69% menos que en 2006, mientras que el gasto de la Seguridad Social en pagar pensiones de jubilación no deja de crecer. A falta del dato de diciembre, superaba los 78.800 millones en 2019.

Es uno de los grandes compromisos que ha puesto sobre la mesa la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y uno de los principales retos del nuevo Gobierno: la derogación de la reforma laboral del PP que tantas veces han proclamado dirigentes tanto del PSOE como de Unidas Podemos. Sin embargo, esta decisión podría comportar efectos devastadores sobre los ingresos necesarios para pagar las pensiones. Concretamente, según cálculos de elEconomista, una vuelta al escenario previo a 2012 -año de la reforma impulsada por el PP- supondría poner en riesgo casi 11.500 millones de euros en cotizaciones sociales hasta el año 2022 (5.691 millones en cada ejercicio).