Madrid, 24 sep (EFE).- El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a aplazar la elaboración de los presupuestos regionales para 2020 hasta que se haya formado un Gobierno nacional y éste dé a conocer a las autonomías los ingresos a cuenta que le corresponden a cada una.
España lleva cuatro años inmersa en una inestabilidad política que está deteniendo la adopción de reformas. En materia de pensiones, ese retraso supone un agravamiento del problema, porque el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social se ensancha. Se trata de una demora que no nos podemos permitir, ya que las proyecciones demográficas y financieras siguen su curso mientras cada vez hay menos tiempo para atajarlas y máxime cuando se trata de un tema tan sensible al que hay que llegar por consenso y con una estrategia perdurable en el tiempo.
El desatino del Gobierno a la hora de ponderar el IPC previsto para este ejercicio ya le está costando a las arcas públicas 1.016 millones de euros de gasto extra en la partida de pensiones. La causa del sobrecoste está, concretamente, en la desviación a la baja que está experimentado la inflación durante 2019 que fue estimada por el Ejecutivo socialista en el 1,6% al inicio de año, base sobre la que se calculó la revalorización de las pagas de jubilación y demás prestaciones a clases pasivas pero que vista la falta de presiones inflacionistas no alcanzará dicho nivel al cierre de ejercicio.
Montar un negocio propio es un sueño que aparece en la mente de todos en algún momento de la vida. Sin embargo, las dificultades que este proceso entraña frenan a muchos a desaconsejan abandonar un puesto de trabajo, conscientes de los riesgos que conlleva apostar todo a una carta. Pero, ¿y si lanzarse a emprender no fuese incompatible con ser asalariado en otra compañía? Legalmente, esto es posible. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Franquicias y Emprendedores
Los magistrados que dirigen los concursos de acreedores consideran que el Reglamento de la Administración Concursal es una urgencia para el sistema. Así, lo asegura Antonio Fuentes Bujalance, magistrado del Juzgado Mercantil nº 1 de Córdoba, que actúa como director académico del II Congreso Nacional del Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ), que se celebrará en Aranjuez Madrid, los días 3 y 4 de octubre, con la participación de una veintena de jueces concursales como ponentes.
Como viene siendo habitual, tras los malos datos del mes de agosto, septiembre ha sido un mes donde ha empeorado el empleo y ha mejorado la afiliación a la Seguridad Social, más concretamente, el número de desempleados ha subido en algo más de 13.000 personas, dejando el número de desempleados totales en casi 3,1 millones.
El Gobierno enviará el día 15 sus nuevas previsiones macro a Bruselas y Economía deja de lado el optimismo que, el mes pasado, le llevó vaticinar una mejora de los pronósticos. Ahora la ministra Calviño anuncia una rebaja en los capítulos de PIB y empleo.
El sistema público de pensiones español se encuentra en estado crítico en términos de equilibrio financiero. El progresivo aumento del gasto en esta partida asociado a prestaciones de una mayor cuantía y que se abonan durante más tiempo como consecuencia del incremento de la esperanza de vida hace que las cuentas de la Seguridad Social se tensen cada vez más con el paso de los años. De esta coyuntura dio cuenta el Banco de España este miércoles advirtiendo de la inviabilidad de incrementar las cuantías en relación a la inflación sin tomar medidas complementarias que eleven los ingresos del Sistema.
El índice de revalorización (IRP), mecanismo que mide la salud financiera de la Seguridad Social obligando a una actualización del 0,25 por ciento de las pensiones siempre que esta incurriese en déficit, y el factor de sostenibilidad, fórmula que vincula las nuevas pensiones al aumento de la esperanza de vida, serán, sin duda, los grandes protagonistas de la campaña electoral con el fin de apoderarse la presidencia del Gobierno.
Una tarifa plana de 60 euros mensuales durante dos años prorrogables a otros dos para aquellos autónomos cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Esa es la principal exigencia de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), dentro de un paquete de 40 propuestas que la organización plantea para 2019-2020 a fin de mejorar la situación del colectivo en un periodo que se presenta complejo para el empleo y la economía española y que, en opinión de ATA, requiere de un Gobierno estable para afrontar las reformas estructurales que necesita el país.
