Son múltiples las incógnitas que aún rodean a la inminente reapertura de colegios. Entre ellas, destacó esta semana la que afecta a la situación en que quedan los padres que tengan que volver a hacerse cargo de sus hijos, si los rebrotes obligan a cerrar el aula o el centro educativo a los que acuden.
La Seguridad Social solo se hará cargo del pago de la baja laboral de un padre cuyo hijo resulte infectado por el coronavirus. De esta forma, cualquier padre que tenga que guardar una cuarentena forzosa ante el contagio de su hijo estará cubierto por la baja laboral por accidente laboral, donde el progenitor cobrará el 75% de su salario desde el siguiente día y será la Seguridad Social quien se hará cargo de estas prestaciones, y no las empresas.
Sánchez está cada vez más sólo y comienza a ser consciente de ello. No puede contar con sus socios de Podemos ni de ERC. Los primeros, porque andan perdidos en procesos judiciales. Su líder, Pablo Iglesias, lleva un mes sumergido en el silencio, deambulando de un lado para otro en busca del anonimato, porque ahora es mejor estar desaparecido. Los catalanes de Oriol Junqueras, porque hasta después de la celebración de las elecciones autonómicas no quieren ni oír hablar de un pacto con "españoles". La única alternativa es Ciudadanos. Pero el partido que dirige Inés Arrimadas es insuficiente, diez escaños dan para muy poco.
El agujero en las cuentas de la Seguridad Social provocado por la crisis del coronavirus Covid-19 ya supera las ayudas que enviará la Unión Europea a través del fondo europeo de ayudas al desempleo (Sure). En concreto, la elevada factura por estas prestaciones -que se ha disparado a más del doble en el primer semestre- y la caída en las cotizaciones suman un total de 22.320 millones de euros, mientras que el Sure solo tiene previsto enviar a España 21.300 millones.
Tragsa se desvincula de los retrasos en la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital y niega haber recibido o emitido "instrucción alguna de ralentizar el procedimiento establecido". A través de su filial Tragsatec, la empresa recibió el encargo temporal de apoyar al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) tramitando la primera gestión electrónica de las prestaciones económicas. Sin embargo, las denuncia de un extrabajador asegurando haber recibido la indicación de retrasar las peticiones aunque cumplieran con los requisitos para ese primer paso, precipitaron las dudas.
Tradicionalmente, el mes de agosto ha sido malo para el empleo. La pandemia y el final de una temporada estival atípica han resultado determinantes para los registros del mes de agosto. Parece que empezamos a detectar ciertas mejoras en nuestro mercado de trabajo Llevamos 4 meses consecutivos sumando afiliados a la Seguridad Social y estamos frente al primer mes de agosto de la serie histórica con aumento de afiliación. Hemos cerrado el mes con 82.000 parados menos y con 800.000 personas todavía afectados por los Ertes, un 25% de los que llegamos a tener.
Unas 85.000 familias en España ya están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo con el objetivo de reducir en un 80% la pobreza extrema, y unos 900.000 expedientes se están tramitando en la Seguridad Social, lo que ha supuesto una "avalancha".
Entre las afirmaciones que se repiten en todas las reuniones online acerca del Covid-19, una concita acuerdo universal: la pandemia ha dado paso a una era de mayor y más robusta intervención estatal en la economía. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? ¿En qué aspectos de la vida económica puede y debe el Estado hacer más?
La Seguridad Social ha cambiado de criterio, tras tres sentencias del Tribunal Supremo, y establece ahora que los autónomos societarios tendrán derecho a solicitar y beneficiarse de la bonificación de cuotas de la tarifa plana, según ha indicado ATA.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este martes que la "simplificación" y las "mejoras" en la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) provocarán un "acelerón muy fuerte en la segunda parte de septiembre" por el que 150.000 hogares -unas 450.000 personas- podrán cobrar la prestación.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, José Luis Escrivá, ha apostado hoy por limitar y desincentivar las jubilaciones anticipadas para aumentar la edad real de jubilación. Además, para conseguir esta extensión de los años para retirarse, ha recomendado bonificar a aquellos que trabajen más allá de su vida laboral. "Hay que extender la edad real de jubilación y eso supone hacer menos uso de las prejubilaciones o facilitar a quien quiera que trabaje más allá de su vida laboral", ha manifestado.
Un sistema para los autónomos que ingresan menos, paguen menos y los que ingresen más, paguen más. La Seguridad Social ultima este mecanismo para que los trabajadores por cuenta ajena paguen en función de sus ingresos reales, ha confirmado el ministro de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, en una entrevista en Onda Cero.
La Seguridad Social registró un déficit de 5.167,60 millones de euros a 31 de julio de 2020, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, y se sitúa en el 0,46% del PIB, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El 41% de las personas que se han jubilado en España en los últimos diez años lo ha hecho con menos de 65 años, la edad legal actual, según los últimos datos de la Seguridad Social. En total, desde julio de 2010 a julio de 2020, en España se han tramitado 3,02 millones de altas de jubilación, de las que 1,24 millones -ese 41 %- eran de personas menores de 65 años, es decir serían anticipadas, tanto voluntarias como involuntarias, mientras que el 59 % restante, 1.782.865, tenían por encima de esa edad.
La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 'premiar' a quienes amplíen la edad de jubilación choca frontalmente con los planes del Ministerio de Trabajo para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo: "La entorpece", ha reconocido este lunes la ministra Yolanda Díaz.
El director de Fedea, Ángel de la Fuente, uno de lo expertos que participó en el diseño del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) aprobado en la reforma del Sistema de 2013 se ha mostrado partidario de congelar las pensiones en este momento, salvo las mínimas, que ha abogado por actualizar según el IPC.De la Fuente, en declaraciones a TVE, apostó por indexar las más bajas al IPC y para las demás buscar una fórmula de actualización diferente para el resto. Más aún cuando la factura es tan abultada cada inicio de año, ya que actualizar las pagas contributivas cada año en un entorno inflacionista del 2% (asociado a un ciclo normal expansivo de la economía) supone un coste medio para las arcas del Estado de cerca de 2.500 millones de euros. Que es la cifra anual que se ahorraría la Seguridad Social de dejar el incremento de las pensiones en stand by, tal y como sugiere Fedea.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está preparando unos "pequeños ajustes normativos" con los que ampliará el plazo para recibir respuesta a las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que empezarían a caducar desde este martes por silencio administrativo. El objetivo es que no caduque ninguna de las presentadas y "agilizar los trámites" ante el elevado número de expedientes.
El Gobierno sigue sin ceder en la prorroga generalizada de los Ertes de fuerza mayor, actualmente en vigor hasta el 30 de septiembre. De momento, ha propuesto en la Mesa Tripartita que negocia la continuidad de los expedientes temporales de empleo que continúen como fuerza mayor aquellas empresas que están vinculadas al turismo, lo que no significa necesariamente todos los sectores relacionados con el turismo, según explican a elEconomista fuentes de la patronal.
La primera característica de cualquier crisis que nos toque afrontar radica en lo imprevisible de sus efectos. La segunda, es que la valoración de la gestión de la crisis no se tiene que hacer, necesariamente, una vez se ha superado.
El Gobierno ha ofertado en la Comisión Tripartita que negocia la prórroga de los Ertes de fuerza mayor cuya vigencia decae el 30 de septiembre exonerar en un 85% las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas de menos de cincuenta trabajadores que continúen en Erte el 1 de octubre, según fuentes de la negociación. A cambio, el Ejecutivo plantea que la prórroga se focalice en los sectores con mayor dificultad, limitado al turismo,lo que permite ser más generosos con las exoneraciones.