Más de un millón de personas perciben actualmente en nuestro país el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que, al igual que en el ejercicio pasado, conlleva consecuencias para los contribuyentes con la llegada de la Campaña de la Renta 2021-2022.
El director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez, ofrece su postura sobre las pensiones en España. Entre la multitud de problemas del sistema, explica que el único punto positivo es que el Gobierno reconoce un problema de sostenibilidad a medio plazo introduciendo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional; no obstante, esto es sólo parte de la solución. Mirando a corto plazo, apostaría por una solución intermedia para la revalorización de las pensiones.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado esta mañana que el Ejecutivo abordará este año la ampliación de las bases máximas de cotización. Junto con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el ministro ha explicado que activará la ampliación de las bases máximas de cotización y, por consecuencia, una ampliación de las pensiones máximas. Esta medida se recoge en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas y así lo ha confirmado en la jornada inaugural del V Encuentro de Economía Sénior. Según explican fuentes de la Seguridad Social, sería una modificación pequeña "y en un amplio periodo de tiempo".
Las pensiones de incapacidad permanente son, dentro del abanico de pensiones contributivas que concede la Seguridad Social, probablemente las más particulares debido a su propia naturaleza y a las dificultades que ostenta el proceso para determinar si el trabajador tiene derecho a ella.
El régimen de empleados y empleadas de hogar cuenta con diferentes particularidades que lo hacen diferente a otros como el de los trabajadores del Régimen General o el de los trabajadores autónomos. Con sus diferencias, una cosa no cambia respecto al resto: hay que pagarles un salario acorde a la ley.
El deseo de un trabajador es acumular las cotizaciones suficientes para, cuando llegue el momento de la jubilación, poder cobrar una pensión de un importe suficiente para tener cubiertos los gastos en nuestra etapa de retiro, algo que no siempre se consigue recurriendo simplemente al trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, hasta la edad de jubilación.
El régimen especial de los trabajadores autónomos (el RETA) obliga a estos profesionales por cuenta propia a declarar a la Seguridad Social cuál es su base de cotización, es decir, el nivel de ingresos que declaran y a partir del cual se establece el pago de las cuotas pertinentes.
Si el trabajador desea finalizar su carrera profesional antes de la edad ordinaria de jubilación dispone de la posibilidad, si cumple con los requisitos exigibles, de acogerse a la jubilación anticipada en cualquiera de las modalidades que contempla la Seguridad Social.
El sector de la construcción ha sido el primero en fomentar la implantación entre las constructoras de un plan de pensiones de empleo de los creados por el Ministerio de Seguridad Social. Pactado con los sindicatos en el preacuerdo del VII Convenio General de la Construcción, la previsión es que en una década el plan gestionará un capital de 2.500 millones de euros y beneficiará a unos 600.000 profesionales del sector. Algo menos de la mitad de la fuerza laboral que ocupa el sector en España.
El próximo junio vendrá con una añadido extra en la nómina de las pensionistas. O por lo menos, en la mayoría de los integrantes de este grupo, ya que es el mes en el que se abona una de las dos mensualidades extra en la gran parte de las pensiones contributivas, lo que se denomina la 'paga extra' de verano de las pensiones.
La mayoría de los pensionistas que reciben una pensión contributiva en España están cerca de recibir la paga extra de verano de las pensiones, la primera de las dos mensualidades añadidas que la Seguridad Social abona durante el año a los pensionistas.
El Banco de España ha reiterado que la reforma de pensiones del ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá es insuficiente ante el inminente retiro de los baby boom. El envejecimiento poblacional es una balanza sobre la que tiene gran peso el gasto en pensiones. Junto con la revalorización, que impacta ya en 2023 y se consolida en el tiempo, y la ausencia de un paquete de reformas estructurales de consolidación fiscal, la deuda pública se elevaría al 140% del PIB en 2040 según alerta el gobernador del banco central, Pablo Hernández de Cos.
El Informe Anual del Banco de España supone una enmienda a la totalidad del escenario económico presentado por el Gobierno hace tres semanas. La Comisión Europea rebajó el pasado lunes las expectativas de crecimiento de nuestro país al 4%, tres décimas menos que lo estimado por el Ejecutivo.
El sector de las empleadas de hogar siempre ha estado relacionado a la economía sumergida y los pagos en negro o por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. La naturaleza de este trabajo, que a menudo se ha regulado por parámetros alejados de la ley, hace indispensable los esfuerzos del Estado para que se respeten los derechos de las trabajadoras.
La Seguridad Social se aleja de la senda para cerrar su déficit. La razón es que el alza del gasto en pensiones en 2023 contrarrestará tanto el aumento previsto de las cotizaciones como las transferencias de los denominados gastos impropios, que hasta ahora estaban teniendo un impacto clave a la hora de reducir el desequilibrio de las cuentas.
La Seguridad Social afrontará un 2023 más difícil para sus cuentas de lo esperado. Para el próximo año está prevista la revalorización de las pensiones con la inflación media registrada entre noviembre de 2021 y noviembre de este año. Este "fuerte aumento del gasto en pensiones por la evolución del IPC", según explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elevará el gasto en pensiones un 8,8% y dejará el déficit de la Seguridad Social en un 0,5% pese a las transferencias de gastos impropios y el alza de las cotizaciones recogido en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
La vida laboral es uno de los documentos informativos más importantes para los trabajadores, ya que les permiten conocer cuáles son los días que ha cotizado y en qué condiciones (tipo de jornada, tipo de régimen...) a ojos de la Seguridad Social. Este documento es casi una especie de biblia para los trabajadores, pero no está exento de errores o datos olvidados.
"Hay que pactar ya la reforma de la financiación autonómica". Con estas palabras se dirigía en 2018 el entonces jefe de la oposición, Pedro Sánchez, al ahora expresidente Mariano Rajoy señalando la que es, desde 2015, el gran cambio económico-administrativo pendiente en España. Cuatro años después, y con la segunda legislatura del propio Sánchez ya bien avanzada, el sistema de reparto de recursos entre territorios sigue exactamente igual.
Este lunes se debate en el Congreso la ponencia que analizará las enmiendas a la ley para el Impulso de los planes de pensiones de empleo elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según explican a eE fuentes parlamentarias el ministro José Luis Escrivá tendrá difícil sacar adelante el texto en el Congreso si no se produce un cambio en la postura del Gobierno en la aprobación de incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades para las aportaciones empresariales a los planes de pensiones de sus trabajadores.
Las pensiones contributivas en España llegan a cerca de 10 millones de personas que han de cumplir con una serie de criterios para poder cobrarlas y que tienen una cuantía que se calcula acorde a unas reglas preestablecidas para cada tipo de prestación y que a menudo depende de la cotización previa de estos ciudadanos.
La cotización de los trabajadores es, junto al salario, el otro grna incentivo de su relación laboral. Tener una base de cotización algo elevada conlleva cotizaciones más elevadas y eso, de cara al futuro, puede garantizar a ese trabajador una pensión de jubilación de cuantía suficiente para sus deseos.
El Grupo Socialista ha terminado cediendo únicamente a la propuesta del Grupo Popular que favorece los incentivos y deducciones fiscales para las empresas para salvar los nuevos planes de pensiones de empleo, tras la ponencia del principal grupo de la oposición. En concreto, asumen admitir la enmienda 41 presentada por diputado popular, Tomás Cabezón, con una deducción del 10% en Impuesto de Sociedades. El Grupo Popular, no obstante, niega el acuerdo total y sigue recalcando la importancia de la transitoriedad en su ley, un aspecto el PSOE ha vetado.
Cuando un trabajador se queda sin empleo y ha cotizado lo suficiente como para poder cobrar la prestación contributiva por desempleo (el paro), uno de sus problemas queda cubierto, el de la falta de ingresos tras la extinción de su contrato. Lo que menos gente sabe es que el cobro de ese paro también ayuda al ciudadano en un aspecto tan importenta como el de la cotización.
A la hora de solicitar una prestación cualquiera de la Seguridad Social, al ciudadano siempre le surge la incertidumbre sobre si el organismo le denegará o no el cobro de esa ayuda. Las dudas permenecen durante ese periodo en el que se gestiona su solicitud, pero en algunos casos tiene la opción de dejar atrás esas sospechas incluso antes de pedir la ayuda.
Son la mayor obligación de los autónomos y una constante en su vida: las cuotas a la Seguridad Social que permiten a los trabajadores por cuenta propia aportar sus cotizaciones y garantizarse en el futuro la cobertura ante situaciones tan comunes como bajas temporales, la jubilación y otras más peliagudas como la viudedad, la incapacidad permanente...
Una imagen relativamente habitual de hace años es la de nuestros padres, después de revisar el buzón, comentando la llegada de la carta con la vida laboral en la que la Seguridad Social les comunicaba los días cotizados hasta el momento.
El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha reconocido este jueves que el modelo "ideal" a la hora de calcular el importe de la pensión sería tomar en consideración lo cotizado a lo largo de toda la vida laboral, lo que no quiere decir, ha precisado, que se vaya a ir exactamente a ese modelo. De esta forma, Seguridad Social allana el camino para "adecuar" la medida a las nuevas carreras laborales, que en el fondo supone una ampliación del cómputo.
La edad real de jubilación lleva estancada en la franja de los 64 años desde hace una década, pese a la entrada en vigor de tres reformas de pensiones que tenían entre sus objetivos cerrar la brecha respecto a la edad legal, que en este periodo ha pasado de los 65 a los 66 años y dos meses.
La edad real en la que los trabajadores se jubilan en España lleva una década prácticamente estancada en los 64 años, una tendencia que apenas ha variado en los últimos 10 años y que marca la media en la que se producen las nuevas altas en el sistema de pensiones. La media del régimen general coloca la edad real de jubilación en los 64,6 años, aún un año y medio por debajo de la edad que marca la reforma de 2011, en 66,2 años este 2022.
Con la entrada de 2022 se aprobó la llegada de una nueva prestación social enfocada en las familias con menores de edad: el complemento de ayuda a la infancia que otorga ayudas a unidades familiares vulnerables, cobren o no el Ingreso Mínimo Vital.