Las cotizaciones sociales de los autónomos se elevarán entre 3 y 12 euros desde enero, según la base por la que coticen, de acuerdo con el Real Decreto-ley, de 28 de diciembre de 2018, que contemplaba un incremento de los tipos de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad en 2019, 2020 y 2021.
Euskadi tendrá que esperar, como mínimo, hasta junio del próximo 2022, para recibir la transferencia del régimen ecónomico de la Seguridad Social, la última cesión que aparece en el calendario acordado con el Gobierno central y con la que se completarán los 29 traspasos pendientes recogidos en el Estatuto de Gernika.
La situación social de los españoles menores de treinta años es, en verdad, lamentable. Por ejemplo, en octubre de 2020 la tasa de paro entre los jóvenes menores de 25 años (de ambos sexos) era del 40,4%, la más alta de la zona euro (18,7%) y de la UE a 27 (17,5%) y muchísimo mayor que en Alemania (6,0%) o en Japón (5,0%).
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha pedido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que amplíe hasta marzo la prestación por cese de actividad ante "las previsiones catastróficas" para la primera mitad de 2021. El último paquete de ayudas para autónomos tiene fecha de caducidad el próximo 31 de enero, y ante el preocupante avance de la pandemia tras el periodo vacacional ya desde el Ejecutivo asumen que estas prestaciones extraordinarias para trabajadores por cuenta propia deberán ser extendidas durante el primer semestre de este año.
La propuesta que está barajando el Gobierno sobre el aumento de 25 a 35 los años cotizados para el cálculo de la pensión y la consecuencia de la medida, un recorte medio de las nuevas pagas del 5,5%, ya hacía prever la disconformidad con la misma de parte del Gobierno, tal y como ha confirmado en las últimas horas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al asegurar que "es un recorte, sencillamente" y como a confirmado este mismo jueves una de las voces autorizadas de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, asegurando que sui partido no va a callar si Escrivá impulsa la "incomprensible" reforma de pensiones, que "rescata" las tesis del PP.
El debate sobre las jubilaciones anticipadas, y su impacto en el déficit de la Seguridad Social, volvió a abrirse el año pasado. Fue entonces cuando, una vez más, volvieron a ponerse de manifiesto los problemas financieros que plantea.
Recurro por segunda vez en esta legislatura a esta frase que fue eje de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 que le llevó a la Presidencia. Pero lo hago esta vez no en referencia a las grandes cifras macro, sino para aludir a la economía real, a las cosas de comer que diría el castizo, o de la luz para ir acorde con los tiempos.
El 2020 ya terminó. Un annus horribilis en el que el primer mundo ha temblado ante una pandemia que sigue dejando miles de víctimas cada día.
El 9 de enero un diario médico decía que España había contabilizado en las últimas 24 horas 25.456 nuevos contagios por Covid-19, el segundo peor dato de toda la pandemia. La incidencia acumulada en los catorce días anteriores fue de 350 casos por 100.000 habitantes. Desde el inicio, las fechas oficiales del Ministerio de Sanidad sumaban en esa fecha 51.874 fallecimientos con 2.050.360 personas contagiadas.
La jubilación anticipada constituye la opción elegida para su retiro por el 40% de los trabajadores en España. En otras palabras, cerca de 132.000 personas salen de la población activa por esta vía cada año. Se trata de un número los suficientemente cuantioso como para provocar consecuencias de gran calado en la Seguridad Social.
Las jubilaciones anticipadas de los trabajadores españoles, la opción de retiro elegida por un 40% de ellos según el Banco de España, suponen que la Seguridad Social deja de ingresar cada año 1.150 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. Unas aportaciones que deberían seguir realizando estos trabajadores pero que se frenan, de media, un año y medio antes de lo que marca la ley, e implican una pérdida de ingresos que deja de recibir el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país.
Las pensiones públicas se cuestan alrededor de un 11% del PIB cada año, una cantidad que se va a ir incrementando a medida que la vasta generación del baby boom se jubile. A día de hoy, la Seguridad Social presenta un fuerte desequilibrio que irá en aumento si no se toman medidas, lo que generará un mayor déficit público estructural y una deuda pública más elevada todavía. Se necesitan tomar medidas por el lado del gasto y de los ingresos.
La reforma de pensiones se encuentra en su fase decisiva, en la mesa de diálogo social, donde se discute con empresarios y sindicatos los aspectos técnicos de las modificaciones que sufrirá la ley de Seguridad Social. Uno de estos puntos es el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas, que es la opción de retiro elegida por el 40% de los trabajadores españoles y supone que el Estado deja de ingresar cada año 1.150 millones de euros.
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha asegurado hoy que desde la fundación apuestan por seguir subiendo la edad jubilación en línea con el aumento de la esperanza de vida. Se necesitan realizar reformas para que las pensiones sean más sostenibles y equitativas en el tiempo.
El Gobierno pretende acometer la reforma de las pensiones en dos fases este año en lo relativo a los aspectos de la Ley General de Seguridad Social, para avanzar en su tramitación de forma "sustancial" o "completa" este ejercicio, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que avanzó el martes que la primera medida será un nuevo complemento de maternidad para cerrar la brecha de género en las pensiones.
La Reforma número 4 que José Luis Escrivá ha remitido a Bruselas en referencia a las pensiones se dedica a la "adecuación de las carreras de cotización a la realidad laboral". En ella, se reconoce que el Gobierno se plantea "ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladores de la pensión de jubilación". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado esta mañana que se estén planteando campiar el cómputo de cálculo.
La Seguridad Social perdió una media de 46.346 afiliados extranjeros el año pasado (-2,18%) y 2020 cerró tras seis años al alza con 2.078.636 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Nuestro sistema público de pensiones es un sistema de reparto cuyos orígenes datan de los años sesenta donde alternábamos con una población joven, un número de nacimientos relevantes y una esperanza de vida limitada.
Es ajustada al Derecho de la Unión Europea la Ley General de la Seguridad Social español cuando exige contar con un importe mínimo en la pensión para obtener una jubilación anticipada, aunque ello en la realidad perjudica más a las mujeres, al ser mayoritarias en el sector de empleadas del hogar.
La revinculación del incremento anual de las pensiones a la inflación es ya una de las políticas irrenunciables para el Pacto de Toledo. Sin embargo, falta por concretar cuál será la medición del IPC que se tomará como referencia. La última propuesta del Gobierno pasa por considerar la media de los tres años previos al ejercicio en el que se lleve a cabo la revalorización.
Según las últimas noticas, las plataformas tecnológicas de reparto que operan en España adeudan a la Seguridad Social la cantidad (nada desdeñable) de más de 25 millones de euros, en concepto de cuotas. En concreto, Glovo adeudaba más de 16 millones de euros siendo la que más respecto al resto (Deliveroo, Amazon y Uber).
Gobierno y asociaciones representantes de los trabajadores autónomos alcanzaron un acuerdo para prorrogar hasta el 31 de mayo el paquete de ayudas para el colectivo destinado a paliar los efectos de la pandemia, que se está cebando sobremanera con el colectivo, siendo el más afectado por las restricciones impuestas para frenar los contagios. El plan, que será aprobado el próximo martes y al cual ha tenido acceso elEconomista, recoge un nuevo pliego de condiciones más flexibles para poder acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad, además de ir acompañada del aplazamiento de la subida de tipos con la que, de media, este año, la cuota del Reta se habría incrementado entre 3 y 12 euros de media cada mes. Según explicó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, esta ampliación tendrá un coste de 2.000 millones de euros hasta mayo, de modo que la factura total del escudo protector del empleo autónomo desde marzo sumará más de 10.000 millones de euros.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que espera que el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos esté operativo en 2022.
El Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas una modificación de la regulación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para ajustar al alza los niveles de renta y patrimonio que permiten acceder a esta prestación.
Después de una semana intensa, y de crecientes especulaciones con la marcha del Ejecutivo del titular de la cartera de Seguridad Social -cuestión esta desmentida por su ministerio-, José Luis Escrivá acudirá este martes al Consejo de Ministros con dos Real Decretos: el acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los Ertes hasta el 31 de mayo y, un acuerdo para extender las ayudas a los autónomos. Además, Escrivá acude a Moncloa con la aprobación de la revalorización de las pensiones al 0,9%.
La Seguridad Social registró 517.924 bajas de pensiones en 2020, un récord histórico que supone un 14,3% más que el año anterior y que tiene su explicación en la pandemia. Sin embargo, el lastre de la crisis sanitaria no se traduce en un menor gasto en estas nóminas, que supusieron un desembolso en enero de más de los 10.000 millones de euros por primera vez.
Consecuencia directa del envejecimiento de la población que sufre nuestro país es que cada vez los jubilados españoles disfrutan durante más años de la percepción de la pensión correspondiente al retiro laboral. En este momento, España es el segundo país de todo el mundo desarrollado (OCDE) con la esperanza de vida al nacer más alta, sólo por detrás de Japón -en España es de 83 años mientras que en Japón es de 83,9 años-.
El Gobierno ha introducido una disposición adicional en el decreto que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la que aclara que las bases mínimas de cotización de 2021 serán las vigentes a cierre de 2019 hasta que no se apruebe por decreto la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pone en el punto mira la paguilla, una fórmula que permite a las pensiones ajustarse a los incrementos inesperados de IPC, en las negociaciones que mantiene el Gobierno con los agentes sociales. El ministro ha admitido que habrá que tener en cuenta situaciones de caídas de precios o de proyecciones de inflación fallidas, pero asegurando que "a lo largo del tiempo el poder adquisitivo se mantiene".
El PSOE ha impulsado definitivamente la derogación de la reforma de pensiones del PP aprobada en 2013. A través d de una proposición no de ley presentada esta misma semana, a la que ha tenido acceso elEconomista, el grupo parlamentario socialista pide de urgencia la derogación del facto de sostenibilidad y el famoso índice de revalorización de las pensiones (IRP) que aplicó durante tres años la subida de las pagas del 0,25%. Con ambas medidas, el PSOE busca que el Congreso convalide de derogación de esta reforma impulsada en 2013.