La tensión financiera crece por momentos para la Seguridad Social. A los problemas que puedan generar la caída de recaudación prevista por las medidas de choque del Gobierno contra la crisis del coronavirus -que incluyen la bonificación de las cotizaciones a los trabajadores que vean interrumpida su actividad laboral- se suma el incesante incremento del gasto en pagas de jubilación, principalmente, y en el resto de prestaciones con cargo a la Tesorería del Sistema.En este sentido, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las nuevas altas de jubilación en el Sistema suponen un acicate al gasto, difícil de lidiar con el panorama que se avecina. Los nuevo jubilados medios entran con pensiones medias, como se detalla a continuación, de 1.452,8 euros al mes, pero si nos fijamos solo en los que se encuentran en el régimen general de asalariados -la mayoría- entran con pagas de 1.580,2 euros. Esto, teniendo que el salario más habitual en España es de 1.248 euros mensuales -17.482 euros anuales en catorce pagas- supone que el primer colectivo de pensionistas cobra un 16,3% más que el trabajador tipo español mientras el segundo grupo accede al sistema cobrando hasta un 26,6% más.

La Seguridad Social registró un déficit de 16.793,3 millones de euros en 2019, lo que supone el 1,34% del PIB y una reducción del 11,6% frente a los 18.286,46 millones de euros registrados en 2018, pero registró un saldo positivo de 1.472,24 millones de euros hasta febrero de 2020, según la ejecución presupuestaria del organismo conocida este martes.

La cifra de desempleo que se publicará este jueves dará cuenta de la envergadura de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Según las previsiones de sindicatos y patronales, y como confirman los datos publicados por el Ministerio de Trabajo durante los últimos días, hasta tres millones de personas se podrían ver expulsadas del mercado laboral solo en el mes de marzo como producto del parón productivo de la economía.

El Consejos de Ministros ha establecido el aplazamiento o la moratoria, según los casos, en los pagos de cuotas a la Seguridad Social de autónomos y de cualquier tipo de empresa. En el caso de los autónomos el aplazamiento no tendrá carácter retroactivo para las cuotas ya abonadas del mes de marzo. No así para la empresas, pues el 31 de enero se han abonado las cuotas correspondientes al mes de febrero.

Saber cómo afrontar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social en los próximos meses no es cosa fácil para neófitos en Derecho. El Real Decreto Ley 11/2020 del pasado 31 de marzo ha abierto la puerta para que cualquier autónomo o empresa -sin importar tamaño, facturación o número de empleados- puedan diferir los pagos de los próximos cuatro meses (de abril a julio) con una cadencia de seis meses.

Los autónomos, protagonistas en las demandas de los agentes sociales al Gobierno para afrontar la crisis del coronavirus y uno de los colectivos que se sitúan en el centro de la diana de la crisis económica que sucederá a la sanitaria, son los únicos responsables de que no se haya producido el cataclismo del mercado laboral español en el mes de marzo. Y todo ello debido a que se han mantenido en el RETA a pesar del desplome de la actividad y del cuentagotas con el que han ido llegando las ayudas para un colectivo que es responsable del 75% de la ocupación en nuestro país.

Las cifras de empleo conocidas este jueves son aún más demoledoras de lo que muestran los datos oficiales presentadas por el Gobierno. A pesar de que marzo de 2020 se marcará en el calendario como el peor mes de la historia de España para el mercado laboral con el incremento de 302.265 parados y la caída de 833.979 afiliados respecto a febrero, aún hay más. Estas cifras no incluyen ni los 620.000 trabajadores afectados por un ERTE que reconoce haber tramitado el Ejecutivo ni el millón restante que los sindicatos y patronales calculan que son los empleados ya acogidos a este instrumento. Es decir, no recoge a las 1,6 millones de trabajadores que de igual modo han sido expulsadas del mercado laboral, lo que elevaría la sangría de empleos de marzo a los 2,5 millones.

La rapidez con la que evolucionan los acontecimientos y con la que cambia el escenario de la crisis sanitaria está obligando al Gobierno de Pedro Sánchez a evaluar medidas y tomar decisiones de manera casi diaria. En suma, las medidas que ha adoptado el Ejecutivo hasta el momento, en tres paquetes diferentes aprobados en Consejo de Ministros, ronda los 20.000 millones de euros. Si bien esta cifra dista mucho del bazuca de liquidez anunciado por Moncloa, que alcanzaba los 200.000 millones de euros entre recursos públicos y privados, estas medidas ya superan en cuatro veces el coste que tendría para las arcas del Estados la introducción de un ingreso mínimo vital, cifrado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en unos 5.500 millones de euros.

Tres millones ciento cuarenta mil setecientos setenta y dos (3.140.772) son los trabajadores que con los datos actualizados de este viernes han dejado de trabajar de forma temporal amparados por uno de los 446.549 expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) que se han presentado en alguna de las distintas autoridades laborales repartidas por España. O lo que es lo mismo, 16,5 de cada cien personas que cotizaron de media a la Seguridad Social en marzo.

La catástrofe para el mercado laboral español por la crisis sanitaria del coronavirus ha sido de proporciones bíblicas a tenor de los datos de paro y afiliación presentados hace unos días que dan cuenta del peor mes para el empleo en la historia de España en marzo. Una catástrofe que ahondará en el mes de abril según las estimaciones de Funcas, que anticipa una pérdida de 1,2 millones de afiliaciones entre los dos meses y que sumado a los 3,14 millones de trabajadores involucrados en ERTE supone una expulsión del mercado de 4,3 millones de empleados a causa de la pandemia y frenazo productivo tras el Estado de Alarma.