Mientras se desarrollan los diálogos para lograr que Pedro Sánchez tenga apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno (una ceremonia que podría retrasarse a 2020, por cierto), las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para repartirse el Consejo de Ministros avanzan, a todas luces, viento en popa. A pesar de la confidencialidad que rodea estas conversaciones, lo cierto es que hay algunos secretos a voces respecto a las competencias que lograrán los de Pablo Iglesias (futuro vicepresidente de un eventual Gobierno de coalición) entre las que se encuentran las de Trabajo, que quedarían en manos de la cada vez más ministrable Yolanda Díaz. En cualquier caso, de ser así, el pack no incluiría la Seguridad Social, que el PSOE quiere mantener en sus dominios.

La Tesorería General de la Seguridad Social está enviando los informes de vida laboral y bases de cotización a 22,5 millones de cotizantes. Su recepción por correo físico ha suscitado expectativas -desvanecidas una vez abierto el sobre- entre quienes llevan 58 meses aguardando por la carta de las pensiones, conocida internacionalmente como la carta naranja, ya que las comunicaciones de cotización han ido en un sobre del citado color. Algo que desde el Gobierno no se atribuye a intencionalidad alguna, pero que los expertos en pensiones consultados por elEconomista interpretan como demasiado casual. "¡Por fin!", exclamaron los citados expertos, al recibir el sobre del citado color, para luego comprobar que se trataba de la información periódica de vida laboral sin incluir ningún cálculo de la futura pensión.

Un año más, la Seguridad Social envía a los ciudadanos la información sobre lo que llevan cotizado en su carrera laboral. Este año la carta se presentó en un llamativo sobre naranja, precisamente el color con el que, desde hace años, se preveía que llegara una comunicación de mucho más alcance.

El número de autónomos aumentó en diciembre en 14.429 personas respecto al año anterior, hasta situarse en un total de 3.269.092 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Hasta los sindicatos recelan de Yolanda Díaz

No causa sorpresa alguna quelos empresarios rechacen que la diputada de Podemos Yolanda Díaz pueda ocupar la cartera de Trabajo en el próximo Gobierno de coalición de la formación morada con el PSOE. Corren rumores de que Díaz, cuya carrera política se inició en el partido comunista, será “radical” en sus políticas. Pero sí que resulta más sorprendente que los sindicatos también recelen de Díaz. En este caso, el temor a las políticas que la diputada de Podemos realice desde el Ministerio no es lo que despierta inquietud en las centrales. Muy al contrario, fuentes sindicales aseguran que hay afinidad con ella. El problema para los sindicatos es que el PSOE está siendo inflexible en su decisión de excluir las competencias de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, y no creen que Díaz tenga influencia suficiente para evitar esa transferencia. “Con ello dejarán la cartera casi vacía y convierten al Departamento en algo testimonial sin que la ministra pueda reaccionar”, indican desde un sindicato mayoritario. 

Las cifras mensuales de paro registrado y afiliación vuelven a defraudar. Noviembre registró la mayor destrucción de empleo desde 2013, un año de recesión, y la mayor subida del paro desde 2016.

En pleno periodo de negociaciones para la formación de un Gobierno que tendrá como uno de sus principales retos la reforma del sistema público de pensiones, el foro de expertos del Instituto Santalucía arroja algunas líneas sobre las que sería fundamental actuar para solventar el problema sostenibilidad de las pensiones.

Es compatible la percepción de una pensión de incapacidad permanente total de la Seguridad Social con el cobro de una retribución por ejercer el cargo de concejal de un Ayuntamiento, según reconoce en una sentencia de 29 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo.

El método de cálculo de la pensión anticipada en España es contrario al Derecho comunitario. Por ello, la Seguridad Social española no podrá denegarla por no alcanzar el mínimo legal exigible, sin tener en cuenta las pensiones que los solicitantes puedan percibir de otros Estados miembros.

Hasta el mes de noviembre, 11,947 personas trabajadoras del hogar habían sido afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte de un programa piloto, dio a conocer este jueves el titular de la institución, Zoé Robledo.