El Tribunal Cuentas ha detectado que Vox incurrió en gastos por un total de 158.000 euros que no son subvencionables en las elecciones generales del 28 de abril, las primeras cuentas de la formación liderada por Santiago Abascal que se someten al examen del órgano fiscalizador.
El Tribunal de Cuentas ha vuelto a insistir este miércoles al Gobierno en la necesidad de repensar la eficiencia material y económica del envío postal de propaganda electoral, el conocido como mailing, y la conveniencia de introducir recortes en el mismo. Así, ha urgido también a regular las nuevas formas de financiación electoral y, en concreto, a poner un tope a los microcréditos a los que cada vez recurren más partidos para financiar sus campañas, entre ellos, el Partido Socialista y Unidas Podemos.
Los gastos electorales para los comicios de abril de 2019 estuvieron plagados de irregularidades en el caso de casi todos los partidos, según el Tribunal de Cuentas.
La fiscalización que el Tribunal de Cuentas está haciendo de los gastos electorales de los partidos en relación a las generales del 28 de abril del pasado año ha señalado a Unidas Podemos. La coalición liderada por Pablo Iglesias presentó gastos irregulares por valor de 425.037,41 euros, parte ellos destinados a pagar a una consultora con vínculos con la izquierda latinoamericana y que asesoró al chavismo.
La contabilidad electoral de los principales partidos políticos está salpicada de irregularidades. Facturas sin justificar, desembolsos fuera de plazo, gastos ilegales o no relacionados con las campañas, como alquiler de autobuses, castillos hinchables o la gestión de grupo de Whatsapp, ocupan buena parte del informe de 169 páginas realizado por el Tribunal de Cuenta para analizar si PSOE, PP, Podemos, Vox, Ciudadanos, ERC o Bildu, entre otros, han dado buen uso de la subvención electoral para los comicios celebrados el 28 de abril de 2019. Proceso que derivó en unas nuevas elecciones el 10 de noviembre de 2019.
La investigación del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de Podemos en las elecciones de abril de Podemos alcanza un nivel más preocupante. Ya no se trata sólo de que los desembolsos, por valor de más de 400.000, no estén justificados.
El fiscal del Tribunal de Cuentas aprecia delito en las irregularidades contables, facturas sin justificar y partidas prohibidas por ley detectadas en la campaña electoral de Unidas Podemos para los comicios del 28 de abril de 2019. Así, el fiscal ha considerado que la formación liderada por Pablo Iglesias tendrá que ser investigada por la justicia ordinaria.
El Tribunal de Cuentas Europeo anunció este jueves que ha comenzado sus trabajos para auditar el "diseño, implementación y efectividad" de la vigilancia presupuestaria a España y otros cuatro países tras los rescates financieros durante la crisis de la pasada década.
El secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo, ha defendido este viernes ante el juez que investiga las cuentas 'moradas' que los trabajos electorales que el partido contrató para la campaña de 2019 con la consultora política Neurona sí se realizaron, si bien se ha desvinculado de la subcontratación con la empresa mexicana Creative Advice y de los pagos entre ambas sociedades.
El Tribunal de Cuentas (TCu) ha encontrado "deficiencias" en el sistema de financiación de la Agencia Española del Medicamento. En su último informe de fiscalización, correspondiente al año 2018, señala "debilidades" en su memoria económico-financiera.
El Tribunal de Cuentas (TCu) ha rechazado un total de 1,02 millones de euros de los gastos incluidos por los partidos políticos como gastos de campaña en las elecciones de 2019, sobre un total de 49 millones de euros declarados por las 22 formaciones políticas contendientes a estos comicios generales.
El Tribunal de Cuentas apunta a 36 cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017 como presuntos responsables contables de gasto irregular vinculado al procés en la entidad de proyección internacional impulsada por la administración catalana Diplocat, y entre ellos figuran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como el líder de ERC y exvicepresidente y responsable de Economía Oriol Junqueras, además de otros exconsellers.
Tras la presión del Parlamento Europeo, del Tribunal de Cuentas de la UE y la Defensora del Pueblo Europeo, la Comisión Europea empieza a reconsiderar su relación con las consultoras, al menos para evitar potenciales conflictos de intereses. La Comisión ha indicado que estudia obligar a contratistas externos a revelar posibles conflictos de intereses y ofrecer nuevas directrices a los funcionarios comunitarios para evitarlos.
El Tribunal de Cuentas presentará este martes en el Senado el informe en el que cifra en 1.084,5 millones la cuantia de las sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que está pendiente de recaudar. En el informe se habla también de 1.287,7 millones de euros en sanciones que fueron recurridas judicialmente y que están pendientes.
El Gobierno quiere ir más allá de los indultos a los presos independentistas y apunta ahora a la causa contable en marcha en el Tribunal de Cuentas por los gastos ilícitos de la Generalitat en el procés, una factura millonaria -que se agrandará el martes- que puede suponer el embargo de bienes a una cuarentena de excargos de la administración catalana.
El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable que se reclama al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para impulsar ilícitamente el procés en el exterior.
El ex presidente catalán ha vuelto a la primera plana. El Tribunal de Cuentas ha reclamado este martes 5,4 millones de euros a una cuarentena de ex altos cargos de la Generalitat por supuestos gastos indebidos en la acción exterior del Govern entre los años 2011 y 2017. A Artur Mas le corresponden 2,8 millones del total, una cantidad que él ya advirtió que no pagaría: "Dimos la cara para poder celebrar una consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes (9N de 2014), por lo que no tiene sentido que nueve lo perdamos todo y que el resto no haga un muy pequeño esfuerzo", dijo en una entrevista en su momento.
Un total de 34 antiguos miembros del Govern independentista del president Carles Puigdemont y del Ejecutivo de Artur Mas tendrán que hacer frente a la fianza de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la actividad ilícita en el exterior durante los años 2011 a 2017. Una vez notificado el expediente de liquidación, los responsables tienen de plazo hasta el 14 de julio para abonar el dinero. De lo contrario, los principales líderes del procés ponen en juego un patrimonio superior a 8 millones de euros. La responsabilidad contable es solidaria entre los 34 investigados, y por tanto han de hacer frente a la cantidad entre todos ellos... a no ser que recurran a la Caja de Solidaridad independentista.
La Generalitat de Cataluña busca un banco a través del cual avalar indirectamente a los investigados por el Tribunal de Cuentas por presunta malversación. El Govern aprobó un mecanismo con el que pretende dar apoyo económico a los trabajadores públicos a los que se les exijan responsabilidades patrimoniales por gastos ilícitos vinculados al procés, algo que no cubren los seguros de responsabilidad civil contratados por la administración catalana, y por lo que el Ejecutivo de Pere Aragonès podría ser acusado de malversación si destina dinero público a pagar un dinero que en realidad debe cobrar.
El plan del Gobierno catalán para avalar las fianzas de los ex trabajadores de la administración catalana investigados por el procés se ha topado antes con trabas financieras que judiciales, ya que la estrategia de vehicular las coberturas de forma indirecta a través de una entidad financiera para esquivar una acusación de malversación de fondos públicos ha sido recibida con incomodidad por el sector bancario, nada proclive a posicionamientos políticos.
El consejero catalán de Economía, Jaume Giró, convocó una reunión con los abogados de los 34 excargos públicos de la administración catalana investigados por el Tribunal de Cuentas por presunta responsabilidad contable vinculada a gastos de promoción exterior de la independencia, según ha sabido elEconomista. Lo hizo para darles un mensaje de tranquilidad respecto a las fianzas por 5,4 millones de euros que deben afrontar, si bien les mintió doblemente.
En la recta final del plazo, con el rechazo de las entidades bancarias a avalar el fondo impulsado por la Generalitat, el Govern catalán hizo ayer el depósito al Tribunal de Cuentas de 5,4 millones de euros para pagar las fianzas impuestas a los 34 exaltos cargos por la malversada política de acción exterior de la principal institución catalana.
Cuando todo parecía que la Generalitat de Cataluña iba a proceder ayer al pago del aval, que el Tribunal de Cuentas solicita a los 34 encausados del procès -por delito de malversación-, a una hora de que expirara el plazo, a las 12 de la noche, el Govern pidió un aplazamiento de dicho aval, que tenía pensado hacer con fondos públicos. Este cambio ha precipitado que, a media mañana, al menos 29 de esos 34 encausados hayan presentado sus fianzas o la relación de sus bienes inmuebles. Pero esa documentación, en buena parte, apenas ha sido considerada como un mero "anuncio", motivo por el cual, el Tribunal de Cuentas ha dado solo dos días para que se haga entrega de los avales o de los bienes inmuebles.
Lleva mareando la perdiz desde que llegó. En la última semana ha cambiado de parecer un par de veces. Aunque bien podría ser gallego, porque ya no se sabe si sube o baja, es catalán. Me refiero al conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró. Hace unas semanas reunió a los 34 afectados por las sanciones del Tribunal de Cuentas para comunicarles que el tema estaba solventado. La Generalitat cubriría la indemnización mediante la creación de un fondo de diez millones, respaldado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICV) y el contraaval del Sabadell. Ni una cosa ni la otra eran ciertas.
La delegada instructora del Tribunal de Cuentas que impuso una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat, Esperanza García, tiene "dudas" sobre la "suficiencia y legalidad" de avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) -conocido como el ICO catalán- y por eso ha solicitado a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado.
Apenas tres de cada diez ayuntamientos españoles consiguieron aprobar en sus plenos los presupuestos previstos para el año 2019 antes de que arrancase ese ejercicio. Una muestra de como el recurso a la prorroga presupuestaria se ha convertido en una práctica mayoritaria en la Administración pública, según recoge el Tribunal de Cuentas en su último Informe de Fiscalización del Sector Público Local.
El Tribunal de Cuentas rechazó este jueves los avales aportados por la Generalitat y presentados por 28 de los 34 excargos del Govern investigados por presuntos gastos ilegales en política exterior vinculados al procés. Ello se traduce en el embargo cautelar de bienes para cubrir el importe de la fianza, que suma 5,4 millones de euros, para cargos como los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y los exconsejeros Andreu Mas-Colell, Oriol Junqueras y Raül Romeva, entre otros.
ERC ha pagado unos dos millones de euros para avanzar la fianza que pide el Tribunal de Cuentas a todos los afectados que tenían responsabilidades en el Govern entre 2016 y 2017, han explicado fuentes republicanas.
El Institut Català de Finances (ICF) ha culminado con el cambio de su primer ejecutivo el relevo de altos cargos contrarios al aval ideado por el conseller de Economía, Jaume Giró, para cubrir las fianzas por 5,4 millones de euros que exige el Tribunal de Cuentas a excargos de la Generalitat entre 2011 y 2017 por presunta malversación en la acción exterior del Govern en favor de la independencia, durante los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont.